Camps será juzgado pero no se sentará en el banquillo

El juez José Flors decretó ayer la apertura de juicio oral contra el jefe del Consell, Francisco Camps, y otros tres acusados en la causa de los trajes por aceptar regalos de la trama Gürtel. El magistrado advierte en el auto de que hay trece indicios que acreditarían que los cuatro acusados cometieron un delito de cohecho por recibir dádivas en función de su cargo. La vista oral será con tota probabilidad en otoño en el Palacio de Justicia de Valencia con un jurado popular presidido por el juez Juan Climent. El TSJ no tiene claro cuándo se va a celebrar la vista porque es la primera vez que se juzga a un presidente de la Generalitat Valenciana.
La Fiscalía pide que Camps sea condenado a pagar 41.250 euros de multa por aceptar prendas valoradas en 14.021 euros. El fiscal solicita la misma multa para el exsecretario general del PPCV Ricardo Costa, y para el exjefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret, y reclama 35.000 euros para el exvicepresidente del Consell Víctor Campos. El juez Flors ha ordenado que Camps, Costa y Betoret depositen sendas fianzas de 55.000 euros y que Víctor Campos haga frente a una de 46.666 euros. El objetivo de las fianzas es que hagan frente a las multas en caso de condena.
El magistrado recuerda en el auto que Orange Market, empresa vinculada a la trama Gürtel, se dedicaba a la organización de actos del Partido Popular y que desde 2005 obtuvo diferentes contratos de la Generalitat. Orange Market, de cuya gestión se dedicaba en Valencia Álvaro Pérez "El Bigotes", logró las adjudicaciones de los stands de la feria de turismo Fitur hasta que la policía desarticuló la red. Flors insiste en que la trama presuntamente se hizo cargo del coste de los trajes que recibieron los cuatro acusados.
El auto destaca que el objetivo del grupo que controlaba Francisco Correa era "ganarse el afecto o el favor de las personas así obsequiadas". El juez incide en que Camps y los otros tres acusados aceptaron las prendas "a sabiendas de quién asumiría el pago de su importe".
El magistrado explica en los fundamentos de derecho que ha decidido abrir juicio oral contra los cuatro acusados porque hay trece indicios de que pudieron cometer el delito de cohecho impropio, que consiste en recibir regalos en función del cargo sin que haga falta acreditar que existan contraprestaciones.
El juez considera clave la declaración del sastre de Camps, José Tomás, que "intervino personalmente en los hechos". Tomás ha mantenido desde el primer día que Camps no se pagó los trajes.
El auto detalla que hay un gran número de pruebas documentales que acreditarían que la red de Correa se hizo cargo de los pagos. El magistrado cita los tiques de caja de la tienda Milano, los inventarios semestrales con los nombres de los acusados, las hojas de encargo de la sastrería, recibos con el concepto "Camps", los medios de pago que han dejado rastro al ser transferencias y la documentación intervenida en la sede central del entramado de empresas de Antonio Correa.
El magistrado también ha tenido en cuenta como indicios incriminatorios la declaración de la cajera que anotó los nombres de los acusados en las cuentas pendientes de pago y el conocimiento "más o menos extendido" acerca de que las prendas de los políticos valencianos supuestamente eran abonadas por Orange Market -"como se desprende del contenido de varios correos informáticos"-. Flors añade como indicio la "cadena de conversaciones telefónicas mantenidas entre José Tomás, Pablo Crespo, Manuel Delgado, Álvaro Pérez y Ricardo Costa" después de que el sastre prestara declaración ante la Fiscalía para frenar la investigación.
El auto sostiene que "la existencia de todos estos elementos indiciarios, derivados del contenido de las diligencias de investigación practicadas, no permite calificar de irrazonables ni carentes de fundamento los escritos de conclusiones provisionales presentados por las partes acusadoras, pues cuanto en ellos se afirma encuentra su apoyo en una base fáctica plural, de contenido incriminatorio y legítimamente aportada a la causa". El auto es firme. Las partes tienen 15 días para acudir al TSJ para ir preparando la vista.

Camps evitaría sentarse en el banquillo si opta por vestir la toga al ser abogado

El presidente renovó su ficha colegial el pasado 3 de mayo, por lo que podría sentarse con Javier Boix para co-defenderse

De entre todos los infiernos que amenazan a un político, uno de los más temidos es el banquillo judicial. El presidente Camps lleva, de la mano de su abogado Javier Boix, más de dos años intentando evitar esa cita con un mueble más mortífero que la silla eléctrica. Al menos en teoría. El jefe del Consell, tras el auto de ayer, sabe que ya nada lo librará del juicio, pero tiene todavía una posibilidad de evitar una foto en el banquillo de los acusados, que políticamente erosiona su imagen y la de Mariano Rajoy, máxime si se considera que ese momento coincidirá con la precampaña de las generales o incluso en plena campaña si se diera el caso del adelanto electoral. Burlar el banquillo de los acusados pasa por acogerse a su condición de abogado, o al menos de licenciado en Derecho.
La ley permite a cualquier letrado ejercer su propia defensa. Camps, cuya trayectoria profesional ha estado siempre en la política, se encomendó a Boix. Pero ahora podría plantear legalmente su participación en el juicio como codefensor de si mismo y, en tanto que abogado, vestiría toga y se sentaría, dentro de la escenografía de las sesiones judiciales, junto al resto de letrados de las defensas y acusaciones. Para poder estar en la sala en la condición de letrado es necesario estar dado de alta en el Colegio de Abogados, en este caso el de Valencia, como letrado en ejercicio de la profesión. ¿Francisco Camps está colegiado? Se dio de alta en el año 1995, como no ejerciente. Tras ser operado de hernia discal, el pasado 3 de mayo el presidente envió a un representante para que renovara su ficha de colegiado. La fórmula de la colegiación como no ejerciente la usan miles de licenciados en Derecho y abogados que quieren mantener viva la opción de activarse, además de tener ventajas como beneficiarse del seguro de la mutua.

De "no ejerciente" a activarse
En cualquier momento, uno puede pasar de no ejerciente a ejerciente. Camps tiene el camino despejado para poder plantearse si luce toga. Aunque el Estatuto de la Abogacía y la ley reconoce el derecho de todo abogado a defenderse a sí mismos, no es habitual, salvo que se trate de asuntos nimios, que un letrado lleve su propia representación.

Mario Conde llevó su propia defensa sin éxito
Por regla general, los letrados no se defienden a si mismos en causas de cierta enjundia. Entre las pocas excepciones, en asuntos mediáticos, está el caso del abogado y ex banquero Mario Conde, que se defendió a sí mismo en el llamado caso Banesto. La verdad es que con poco éxito. Le cayeron diez años de cárcel, que el Tribunal Supremo elevó después a veinte, tras ser condenado por apropiación indebida, estafa y falsedad. Conde acabó en la prisión de Alcalá-Meco, aunque se dio el capricho de salir en todos los medios con su flamante toga y compartiendo espacio con sus colegas letrados y no en el banquillo donde se sienta el común de los procesados.