La huelga de la Gran Minería del Cobre en Chile amenaza el gobierno de Piñera

La paralización de los mineros del cobre se suma a las movilizaciones de estudiantes y de ecologistas contra el Gobierno de derechas en las últimas semanas, que han  hecho caer hasta un inédito 31% de aprobación en la democracia post dictadura, al presidente Sebastián Piñera.

Un sondeo de la empresa Adimark, una de las encuestadoras más prestigiosas del país, mostró que el 60% de los entrevistados desaprueba la gestión de Piñera y solo un 31% la apoya, en la peor evaluación que ha tenido un presidente desde el regreso a la democracia en marzo de 1990. Incluso se ha llegado a decir con evidente sentido de chanza, que “Pinochet era mas popular que Piñera”, según expresó el presidente del opositor partido socialista (PS) Osvaldo Andrade..

La cifra  del 31% de aprobación ha sido un balde de agua fría para la coalición gobernante que, inasequible al desaliento, ha justificado en palabras de la vocera oficial del gobierno, Ena Von Baer que si  bien la cifra del 31% es preocupante, el índice de rechazo también alcanza a la oposición por lo cual este resultado debe interpretarse como “un rechazo general de la ciudadanía a la clase política”. Lo que ha omitido señalar la vocera es que en esta “clase política”, la cabeza más visible es precisamente, el gobierno y toda la coalición que le apoya.

Para frenar las movilizaciones de estudiantes de secundaria y universitarios, las más activas en las últimas semanas, el Gobierno propuso aumentar los recursos para la educación superior en el equivalente a 4.000 millones de dólares, un monto que La Moneda calificó como "histórico". Pero el movimiento estudiantil respondió con nuevo llamamiento a la paralización este jueves, por considerar que el modelo educacional instaurado en la dictadura requiere modificaciones de fondo. En cambio, los rectores de las universidades reconocieron un avance y retomaron el diálogo con el Gobierno.

El camino de las movilizaciones contra el Gobierno lo iniciaron este año los ecologistas, que marcharon en las calles contra la aprobación ambiental de cinco centrales hidroeléctricas en la Patagonia chilena. Al clima de protestas, que, según todo indica, es la antesala de un paro nacional durante este año, se ha sumado este con sus propias reivindicaciones uno de los sindicatos más fuertes del país, los mineros de la estatal Codelco, que durante la dictadura de Pinochet efectuaron el primer llamamiento a una movilización masiva, en 1983.

Cerca de 16.000 trabajadores de planta y unos 30.000 contratistas externos se adhirieron al paro convocado por la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), el primero en 18 años, según informó esta organización, que reúne a algunos de los sindicatos más poderosos y con mayor tradición en el país. El ministro de Minería, Laurence Golborne, sostuvo que la movilización es "un paro ilegal que perjudica el país" y negó que haya intención de privatizar Codelco por parte de La Moneda.

La empresa estatal se encuentra en un plan de inversiones por valor de 17.500 millones de dólares entre 2011 y 2015 para ampliar algunas minas y reestructurar otras, lo que implicaría despidos. "Sin un cambio, Codelco solo va a empeorar", sostuvo el presidente ejecutivo de la empresa, Diego Hernández.

El presidente de la FTC, Raimundo Espinoza, afirmó que protestan contra el intento encubierto de privatizar la empresa, a través del endeudamiento de Codelco, y la "arrogancia y prepotencia" de la administración con los trabajadores.

Espinoza afirmó que si el Gobierno toma alguna represalia contra los dirigentes o trabajadores, la paralización se transformará en indefinida. Según el dirigente, la adhesión de los trabajadores al movimiento llegó a casi al 100% en las minas de Andina, Chuquicamata, El Salvador, El Teniente, Gabriela Mistral, Radomiro Tomic y Ventanas.

La movilización de los mineros ha coincidido con la conmemoración del aniversario de 40 años desde que el presidente Salvador Allende nacionalizara las minas del cobre, en 1971. Cada día de paro en Codelco significa 41 millones de dólares de ingresos menos para el Estado.