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Allanan en Argentina una empresa de seguridad por un vuelo a España con cocaína

miércoles 22 de octubre de 2014, 11:21h

Buenos Aires.- La sede de una empresa de seguridad fue allanada en el marco de la investigación abierta en Argentina por el envío a España de 944 kilos de cocaína en un avión de la empresa de transporte sanitario Medical Jet, informaron hoy fuentes judiciales.

El Centro de Información Judicial (CIJ) informó que el juez en lo Penal Económico Rafael Caputo ordenó realizar un allanamiento en la sede de la empresa de seguridad USS SA, ubicada en la localidad bonaerense de Vicente López.

El CIJ señaló que "la firma, que fuera contratada por la Administración Nacional de Aviación Civil, estaría encargada de la custodia de uno de los accesos al aeródromo de Morón", donde presuntamente se cargó la droga.

"Durante el procedimiento, realizado este jueves, se secuestró documentación que está siendo analizada por el magistrado", añadió el CIJ.

La Justicia argentina investiga si la droga que llegó a España en la carga del avión de Medical Jet fue cargada en el aeródromo de Morón, desde donde la aeronave partió el pasado 1 de enero.

El avión fue trasladado desde allí hasta el aeropuerto internacional de Ezeiza, a las afueras de la capital argentina, de donde despegó rumbo a Barcelona, con una escala en Cabo Verde.

La droga fue decomisada el 2 de enero en el aeropuerto catalán de El Prat, donde fueron detenidos los argentinos Matías Miret, copiloto, y los hermanos Eduardo y Gustavo Juliá, piloto y dueño de Medical Jet, respectivamente.

La Justicia argentina ha tomado ya declaración a varios miembros de la Administración Nacional de Aviación Civil y de la Fuerza Aérea Argentina.

Eduardo y Gustavo Juliá son hijos del fallecido brigadier retirado José Juliá, quien fue jefe de la Fuerza Aérea Argentina durante el Gobierno de Carlos Menem (1989-1999), mientras que Matías Miret es hijo del brigadier José Miret, que fue secretario de Planeamiento durante la última dictadura argentina (1976-1983).

Gustavo Juliá afrontó denuncias en 2003 por presuntas irregularidades en su función como gerente económico-financiero del Pami, la obra social estatal que presta servicios médicos a los jubilados.

 

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