De aquí que Sánchez tenga que pagar un elevadísimo precio para tener suficientemente engrasadas las piezas del monstruo. A su superpoblado Gobierno de 3 vicepresidencias y 22 ministerios, hay que añadir tres ministros honorarios como la presidenta del Congreso, Francina Armengol, el fiscal general del Gobierno Álvaro García Ortiz, y el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido.
Tras conseguir -aunque fuera por la mínima- el control del Congreso y haber perdido la mayoría en el Senado en favor del PP, Sánchez ha dado sobradas muestras ninguneo y menosprecio de las Cortes, a las que mantiene en “stand-by”. No ha conseguido aprobar los presupuestos generales del Estado y los propios socios y aliados le rechazan los proyectos de leyes, por lo que solo ha conseguido aprobar una ley menor en lo que lleva de legislatura. Aunque el artículo 111 de la Constitución prevé que el Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se le formulen en las Cámaras, las sesiones de control parlamentario son una verdadera tomadura de pelo, ya que los interpelados jamás responden a ninguna de las preguntas que se les formulea y recurren al método Olendorf y al diálogo de besugos, ante la complacencia culpable de la presidenta del Congreso, que actúa como una sumisa ama de llaves del inquilino de la Moncloa. A cualquier pregunta que se les haga, responden con el estribillo de “ultraderecha”, “facha” y “fango”.
Intento de Sánchez de controlar el Poder Judicial
Sánchez está tratando por todos los medios de controlar el único poder que se le resiste: el judicial. Ya ha hecho una importante labor de zapa con la colonización de la Abogacía del Estado, de la Fiscalía General del Estado y del Tribunal
Constitucional, y está poniendo toda la carne en el asador con el fin de dominar el Consejo General del Poder Judicial, para lo que está dispuesto a modificar una vez más la Ley Orgánica del Poder Judicial -que ya cambió para impedir el Consejo en funciones cubriera los puestos más importantes de la carrera judicial, como los miembros del Tribunal Supremo (TS) y las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales- y a bajar el quórum de los nombramientos de los vocales del Consejo de los tres quintos requeridos por el artículo 122 de la Constitución para los juristas de reconocida competencia, a la mayoría simple. El Gobierno se niega a aceptar la recomendación del Consejo de Europa y de la Unión Europea de que los vocales de origen judicial sean elegidos por los jueces, lo que ha provocado el bloqueo de su renovación durante más de cinco años. No deja de ser curioso que los responsables de promover la elección de los miembros del CGPJ -que son los presidentes del Congreso y del Senado- no hayan hecho absolutamente nada para renovar el Consejo y hayan cedido la iniciativa al presidente del Gobierno y al líder de pala oposición, dando así un testimonio palpable de la fagocitación del poder legislativo por el ejecutivo, que últimamente está tratando de hacer lo propio con el judicial.
Para los miembros del CGPJ, su función radica en otorgar seguridad jurídica a la sociedad y hacer respetar el principio de legalidad; es decir, ”desapoderar al Poder Ejecutivo de las facultades relativas a la administración del Estatuto judicial y evitar que, a través de la misma -aunque fuera de manera indirecta- se condicione la actuación del juez”. Buena parte de culpa de la situación actual la tiene el Tribunal Constitucional (TC), que -en su desafortunada sentencia de 1976- consideró plenamente constitucional la modificación introducida por el Gobierno de Felipe González en la Ley Orgánica del Poder Judicial, conforme a la cual los vocales del Consejo de procedencia judicial no serían elegidos por sus pares sino por el Parlamento. Con cierta mala conciencia, el Tribunal advirtió, en su sentencia 108/1976, que existía el riesgo de que, a la hora de elegir a sus miembros, se atendiera a la distribución de fuerzas existentes en las Cortes y se cubrieran los puestos en proporción a las fuerzas parlamentarias de los partidos políticos presentes en las respectivas Cámaras. Ante este peligro, el TC señaló que resultaba obligado mantener al CGPJ y al Poder Judicial al margen de la lucha partidaria, que es precisamente lo que ha ocurrido. Según el ex miembro del Tribunal Manuel Aragón, la elección de todos los miembros del Consejo por las Cortes supone una lectura inadecuada del principio de separación de poderes establecido en la Constitución, porque permite un confuso maridaje del poder ejecutivo-legislativo con el judicial.
La advertencia del TC se ha visto justificada por la práctica seguida por los principales partidos -PSOE y PP-, que se han repartidos entre ellos los cromos de las vocalías de conformidad con su fuerza parlamentaria y al margen de cualquier criterio de competencia o de mérito, en un lamentable mercadeo de bazar. La situación ha empeorado aún más ante el sectarismo del partido socialista, contrario a ceder a la oposición cuotas de poder. Si el Gobierno de Sánchez consiguiera situar en el Consejo a sus afines, éstos cubrirían con magistrados sensibles a la política del Gobierno las numerosas vacantes existente en el TS y en las presidencias de los altos tribunales. Un precedente bien cercano es el de la actitud adoptada por los dos últimos fiscales generales -la exministra Dolores Delgado y su testaferro Álvaro García Ortiz- al nombrar para los altos cargos en la Fiscalía solo a miembros de la minoritaria Unión de Fiscales Progresistas. El ansiado dominio del TS pasa por el control del CGPJ.
Monopolio y abuso por Sánchez de la política exterior del Estado
Sánchez no es hombre de lecturas ni escrituras, y-por no leer- ni siquiera ha leído su tesis doctoral, pero para superar este pequeño inconveniente, cuenta con un nutrido plantel de competentes “negros” y “negras”, que le redactan sus obras completas. Tampoco creo que haya leído la Constitución en su integridad, pero sí -por sugerencia de sus consejeros áulicos- -el artículo 98-1, que establece que “el Gobierno dirige la política interior y exterior […] del Estado”. Y se lo ha tomado en su sentido literal y al pie de la letra, desde su concepción absolutista del Estado. Así, no solo dirige la política exterior, sino que la monopoliza y la gestiona a su libre albedrío, sin contar, no ya con la Oposición -lo que debería hacer al tratarse una política de Estado y de que los intereses de España son permanentes y su consecución debe ser consensuada por los principales partidos-, sino tampoco con las Cortes, y ni siquiera con su propio Gobierno ni con sus aliados. Se trata de una competencia plena, personal y excluyente, que le permite hacer lo que le plazca, sin tener que rendir cuentas ni al Parlamento, ni a la opinión pública nacional. Como -siguiendo la máxima de Luis XIV- el Estado es él, puede hacer y deshacer a su antojo, pues realiza en exclusiva la gestión de la Nación de conformidad -según la ingeniosa observación de Santiago González- con un régimen de gananciales con su consorte, Begoña Gómez, que es una nueva institución del Estado, junto a la Corona, el Gobierno, las Cortes y los Tribunales.
El presidente viene dirigiendo la política exterior en ardiente soledad, como ha dado múltiples prueba, sobre todo cuando se trata de temas de gran importancia, como las relaciones con el Magreb, el Sáhara Occidental, Gibraltar, la guerra de Ucrania o el conflicto armado israelo-palestino. Especial relevancia han tenido sus decisiones autísticas sobre el reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre la antigua colonia española del Sáhara o las consecuencias internacionales del intento de secesión de Cataluña, cuestiones sobre los que, tanto las Cortes como la opinión pública nacional, siguen esperando en vano que Sánchez les dé alguna explicación.
Los últimos Gobiernos de España ha mantenido de forma consistente una actitud común sobre el Sáhara Occidental, territorio no autónomo bajo tutela española pendiente de descolonización. Aunque habían declinado su responsabilidad sobre el territorio al haberse retirado de él en 1976, mantuvieron la tesis refrendada por la ONU, de que el pueblo saharaui tenía derecho a la libre determinación, que debería ejercer mediante un referéndum bajo los auspicios de la Organización, que envió a estos efectos al territorio una Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental. De la noche a la mañana, Sánchez envió -sin consultar previamente con nadie, dentro o fuera del Gobierno- una carta al sultán Mohamed VI en la que cambiaba por completo la posición hasta entonces seguida por el Gobierno, ignoraba las resoluciones de las Naciones Unidas, y se pronunciaba por la tesis marroquí de integración de la colonia en el Reino alauita como una provincia más de Marruecos, al tiempo que ofrecía su garantía personal de que España cumpliría con el compromiso por él asumido ¿A qué se ha debido este giro copernicano en la política española sobre la cuestión? El presidente del Gobierno no ha estimado necesario dar explicación alguna, porque la política exterior es de su exclusiva competencia personal.
Cuando no se sabe muy bien quien, alguien -¿el Parlament o la Generalitat?- acordó la efímera independencia de Cataluña y su secesión de España, el Gobierno español movilizó a su Servicio Exterior y ordenó a todos los jefes de misión que centraran sus esfuerzos en impedir que ningún Estado la reconociera. El éxito fue total, dado que ni un solo Estado realizó semejante reconocimiento. Años después, el Gobierno de Sánchez reconoció “urbi et orbe” que los secesionistas llevaban razón en su levantamiento contra el Estado como reacción a la política represora del Gobierno del PP contra Cataluña -se le olvidó que el PSOE y el propio Sánchez habían apoyado la aplicación del artículo 155 de la Constitución que supuso de la destitución de la Generalitat dirigida por Carles Puigdemont-, que los Tribunales se habían excedido en su actuación judicial y que el TS había dictado una sentencia injusta y vengativa al condenar a los rebeldes por delitos de secesión y malversación de caudales públicos, y que los distintos funcionarios que intervinieron para impedir el éxito de la intentona golpista habían cometido acciones de desviación de poder. Consecuencia de esta “mea culpa” ha sido la concesión de una injusta, inconstitucional e inmoral amnistía a todas las personas directa o indirectamente involucradas en el proceso secesionista, por el mero hecho de ser catalanes e independentistas.
El estupor, el desconcierto y el desaliento cundieron entre las disciplinadas huestes diplomáticas españolas tras semejante “voltaface” ¿Con qué autoridad y rigor pueden los embajadores españoles que tanto hicieron por impedir el reconocimiento por la Comunidad internacional del golpe de Estado catalán mantener ahora ante las Cancillerías en las que están acreditados, que de lo dicho no hay nada y que Puigdemont -en vez de un sedicioso prófugo de la justicia- es un patriota español que negocia con el Gobierno y le cede generosamente sus votos para la investidura de Sánchez, a cambio de la fruslería de una amnistía? “O tempora, o mores”. ¡Cómo cambia la política exterior de España en función de los avatares personales de lSánchez y de su esposa!
Declaración sobre algunos aspectos de La Política Exterior Española
Los últimos desafueros de la política exterior sanchista han supuesto la ruptura de facto de las relaciones diplomáticas con Argentina como retorsión por el desliz del presidente Milei de llamar corrupta a esa institución nacional que es Begoña Gómez y el enfrentamiento abierto con Israel por los insultos proferidos por varios miembros del Gobierno de Sánchez. Una quincena de embajadores jubilados se han rebelado contra estos dos desatinos del Gobierno y han hecho público el siguiente documento:
“Declaración sobre algunos aspectos de la política exterior española”:
Los diplomáticos jubilados abajo firmantes deseamos dejar constancia de nuestro rechazo a la acción exterior del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez con respecto a dos países amigos como Argentina e Israel, y declaramos lo siguiente:
1.-La política exterior es, por antonomasia, una política de Estado, que debe ser llevada a cabo -al menos en sus aspectos fundamentales- con el mayor consenso posible entre el Gobierno y los partidos de la oposición. Dicha política ha de buscar el interés general de España y no el particular de un partido o de una persona.
2.- Aunque el presidente de la República Argentina, Javier Milei, había sido repetidamente agraviado por el Gobierno español, rechazamos su comentario insultante sobre la esposa del presidente del Gobierno, realizado durante su estancia en España.
3.-Consideramos desproporcionada la reacción del Gobierno, cuyo ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, anunció la retirada “sine die” de la embajadora de España en Buenos Aires. Estimamos, sin embargo, que los insultos a una persona particular no suponen una afrenta a la seguridad y a la dignidad nacional, ni un ataque frontal a la democracia y a las instituciones de España.
4.-España mantiene relaciones fraternales con Argentina, un país en el que vive casi medio millón de españoles y en el que operan importantes empresas españolas, al par que en España hay también muchos ciudadanos y empresas argentinos, que trabajan por la concordia, la cooperación y el bienestar de ambos pueblos. El Gobierno español los ha puesto en peligro por la injustificada retirada permanente de su Embajadora, lo que. constituye un hecho sin precedentes en la Historia de los dos Estados.
5.-Los judíos han formado una parte importante en la Historia de España y -pese a su expulsión del país a finales del siglo XV- los sefarditas han mantenido a lo largo de los siglos la lengua, la cultura y las tradiciones españolas, con la ayuda del Consulado General de España en Jerusalén desde 1856. El pueblo judío ha sido víctima de genocidio por parte del régimen nazi alemán durante el siglo XX, mediante un holocausto que provocó el exterminio de millones de personas.
6.-Tras la creación en 1947 del Estado de Israel y los subsiguientes enfrentamientos bélicos entre israelíes y árabes, las tropas israelíes ocuparon Gaza y la mayor parte de Cisjordania, y su Gobierno no ha permitido que el pueblo palestino haya ejercido su legítimo derecho a la libre determinación.
7.-Desde que establecieron relaciones diplomáticas en 1986, España e Israel han llevado a cabo una amistosa política de cooperación, que se ha puesto últimamente en entredicho por la conducta inadecuada de los dos Gobiernos.
8.-El 7 de octubre de 2023, el movimiento terrorista Hamas -que gobierna en Gaza- realizó un brutal ataque dentro de Israel en el que sus miembros asesinaron a unos 1.200 israelitas y secuestraron a un centenar de ciudadanos, lo que supuso un cualificado acto de genocidio. En el ejercicio de su derecho de legítima defensa, Israel atacó a Gaza, pero lo está haciendo de forma desproporcionada y en violación de las normas del Derecho Internacional y del Derecho Humanitario, causando más de 30.000 muertos.
9.-Aunque esta actuación sea condenable, no justifica que la vicepresidenta del Gobierno Teresa Ribera, y la ministra de Defensa Margarita Robles hayan acusado a Israel de cometer actos de genocidio, y que la vicepresidenta Yolanda Díaz y varios ministros hayan asumido los postulados de Hamas y propugnado el reconocimiento de un Estado palestino desde el río Jordán al Mar Mediterráneo, lo que implicaría la destrucción de Israel.
10.-El Gobierno israelí ha reaccionado de forma desproporcionada al reconocimiento por el Gobierno español del Estado palestino, y el ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz, lo ha acusado de alentar el genocidio del pueblo judío, y tomado medidas de retorsión, como la amenaza de cerrar el Consulado General de España en Jerusalén.
11.-Hamas e Israel han actuado de manera execrable, igual que ha hecho Irán, que lo ha atacado a Israel a través de sus protegidos Hamas, Hizbollah y las milicias hutíes.
12.-Es imperativo y urgente la adopción de un alto el fuego en Gaza, tal y como ha propuesto la Asamblea General de la ONU, pero que no ha podido ser acordado en el Consejo de Seguridad por el veto de Estados Unidos. El primer ministro israelita, Benjamín Netanyahu -que ha sido denunciado por el fiscal general de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y de lesa humanidad- ha hecho caso omiso a la orden del Tribunal Internacional de Justicia de que cesen de inmediato los ataques en Rafah y la situación en esta ciudad es cada día más calamitosa.
13.-El Gobierno español no ha estado a la altura de sus responsabilidades, ni en el grave conflicto armado de Gaza entre Israel y Hamas, ni en el inexistente conflicto entre España y Argentina.
En nuestra calidad de personas que hemos dado buena parte de nuestra vida al servicio del Estado, hacemos un llamamiento al Gobierno para que adopte una actitud conforme con su responsabilidad histórica y con el interés general de España.
-Arias, Inocencio
-Benavides, José Ignacio
-Cámara, Manuel de la
-Camuñas, Ignacio
-Cervera, José Manuel
-Jiménez-Ugarte, Javier
-Leña, Juan
-Martel, Erik
-Miguel, Ramón de
-Péréz, Arturo
-Perinat, Luis Guillermo, marqués de Perinat
-Prat, Juan
-Remacha, José Ramón
-Ybáñez, Eloy
-Yturriaga, José Antonio de
Madrid, 7 de junio de 2024”.
Con su absurda actitud de Argentina -a cuyo presidente Sánchez y sus ministros siguen criticando a diario y han hecho de él uno dr los “leit-motifs” la campaña del PSOE en las elecciones europeas-, el presidente del Gobierno hace a sí mismo un desaire a Felipe VI, quien -de conformidad con el artículo 56 Constitución-asume la más alta representación de España en las relaciones internacionales, “especialmente con las naciones de su comunidad histórica”. Este menosprecio se refleja en de cada vez más frecuente ausencia el ministro de Asuntos Exteriores hola o de otro ministro en las tomas de posesión de presidentes iberoamericanos a las que asiste el Rey. En cuanto hola creciente deterioro de las relaciones con Israel, Sánchez está decidido España se sume para demanda hola planteada ante el TIJ por Sudáfrica contra Israel hola comisión de delitos de genocidio, hoy con lo que parece corroborar las acusaciones al efecto realizadas por varios miembros de su Gobierno.
La actuación diplomática del Gobierno de Pedro Sánchez ha traspasado todos los límites posibles de lo tolerable y está desprestigiando a España ante sus propios ciudadanos y ante la Comunidad internacional y la opinión pública mundial. La voz de unos diplomáticos jubilados es bastante débil, pero ofrecen al menos el testimonio de que -por muchos ropajes con que lo cubra la agitprop sanchista- el rey Pedro esta desnudo, y recordar a todos los que prefieran mirar para otro lado y gritar entusiasmados “!Begoña, Begoña, Begoña!”, que no se puede supeditar la política exterior española a los intereses particulares del presidente del Gobierno, en detrimento del interés general de la Nación.
Madrid, 7 de junio de 2024
Si (
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