La Fiscalía europea alega que se pudieron malversar fondos de origen europeo, pero el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, se ha negado a entregarles la investigación alegando que entre los delitos que él investiga no está el de malversación y que todos afectan a la Administración pública madrileña y, por tanto, están en la jurisdicción española, informan a elDiario.es fuentes fiscales.
Luzón ha presentado un conflicto de competencias ante la fiscal general del Estado, que deberá decidir tras consultar a los fiscales de Sala. Dolores Delgado ha convocado la junta de fiscales de sala para el próximo lunes, avanzan fuentes fiscales. Se trata de un órgano de carácter consultivo en el plano técnico y no vinculante.
El escrito de la Fiscalía europea va firmado por la jefa de su delegación en Madrid, Concha Sabadell, antigua subordinada de Luzón en Anticorrupción y conocida por ser la fiscal que impulsó desde sus inicios el 'caso Gürtel'.
La Fiscalía Anticorrupción española detecta en la adjudicación del contrato a un empresario amigo de la familia Díaz Ayuso, que luego pagó una alta comisión al hermano de la presidenta, posibles delitos como tráficos de influencias, prevaricación o falsedad y concluye que todos ellos son competencia de la jurisdicción española y que, por tanto, deben ser investigados por ella. A lo que no se opone Anticorrupción es a que la Fiscalía europea investigue el uso de los fondos Feder de la UE y les remitirá la documentación correspondiente.
El pasado 22 de febrero, la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación por la adjudicación de un contrato de 1,5 millones de euros en plena pandemia a un amigo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del que habría obtenido una comisión el hermano de esta. La Fiscalía explicaba en el decreto por el que abría las diligencias de investigación que los hechos denunciados “pudieran llegar a ser constitutivos de delitos”, si bien por ahora carecen de concreción.
En su decreto, el Ministerio Público reconocía que “resulta procedente la práctica de algunas diligencias que, sin dirigirse inicialmente contra personas físicas o jurídicas, permitan confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados”. La Fiscalía Anticorrupción aludía, además, a la “indiscutible trascendencia social del contexto en el que tienen lugar los hechos”, en alusión al momento en el que se adjudicó el contrato, la primavera de 2020, uno de los momentos más duros de la pandemia, con cientos de muertos cada día.
La Fiscalía que dirige Alejandro Luzón también explicaba que, por el momento, no hay indicios suficientes para llevar el caso ante sus compañeros del Tribunal Supremo, ya que las acusaciones contra Ayuso que plantean los denunciantes -PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos- “no constituyen indicios razonablemente verosímiles de la realización del hecho investigado, de su carácter delictivo y de la responsabilidad en el mismo de la persona aforada”, al menos por el momento.
La Comunidad de Madrid ha confirmado que Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta regional, cobró de la empresa Priviet Sportive SL –a la que el Gobierno autonómico adjudicó un contrato a dedo de 1,5 millones de euros en mascarillas tal y como adelantó elDiario.es– un total de 283.000 euros distribuidos en cuatro facturas, una cantidad similar a la que Pablo Casado atribuyó a una comisión.
Cuando Isabel Díaz Ayuso admitió que su hermano había trabajado con la empresa del amigo del pueblo de los Ayuso, se refirió únicamente a un cobro de 55.850 euros correspondiente a una de las facturas por el trabajo, dijo, que desempeñó: traer las mascarillas de China que compró la Comunidad de Madrid. El resto de facturas, otras tres, se debían a otros trabajos que el hermano de Ayuso habría hecho con esa empresa propiedad de su amigo del pueblo y de los que todavía no han trascendido los conceptos.