No sé a quién le interesa hacerlo así pero, sinceramente, después de tantos organismos falta la ONU por pronunciarse al respecto”, ha asegurado visiblemente molesta por la pregunta.
Ayuso ha asegurado que la Fiscalía “ha dejado claro que no hay ningún tipo de delito, que no hay ningún tipo de corrupción”, tal y como “manifestó en su auto hace semanas”. Algo que no es cierto porque la investigación sigue su curso. La Fiscalía Europea había solicitado a la Fiscalía Anticorrupción hacerse cargo de la investigación de la concesión por parte de la Comunidad de Madrid de un contrato a una empresa que a su vez pagó al hermano de Ayuso.
La Fiscalía europea alega que se pudieron malversar fondos de origen europeo, pero el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, se ha negado a entregarles la investigación alegando que entre los delitos que él investiga no está el de malversación y que todos afectan a la Administración pública madrileña y, por tanto, están en la jurisdicción española, informan a elDiario.es fuentes fiscales.
La Fiscalía Anticorrupción española detecta en la adjudicación del contrato a un empresario amigo de la familia Díaz Ayuso, que luego pagó una alta comisión al hermano de la presidenta, posibles delitos como tráficos de influencias, prevaricación o falsedad y concluye que todos ellos son competencia de la jurisdicción española.
La dirigente regional también ha defendido que la Cámara de Cuentas ha dicho que no hay delito en el contrato. Pero la realidad es que el organismo fiscalizador no se ha pronunciado acerca de la comisión a su hermano, si no que lo que ha determinado la Cámara de Cuentas es que el contrato siguió los procedimientos ordinarios de una contratación de emergencias y por tanto no incurrió en ninguna irregularidad, pero no entra a valorar la cantidad recibida por Tomás Díaz Ayuso, que queda al margen de la auditoría del organismo, algo que entra dentro de la normalidad.
Como explica el propio organismo en su informe emitido este miércoles, lo que se fiscalizó fueron varios aspectos de los más de 4.000 contratos auditados: si se justificó la emergencia –es decir, si el contrato respondía a la pandemia–; si se dio cuentas del mismo en el Consejo de Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso; también el inicio del pazo de la prestación; si el gasto final se corresponde al gasto previsto; si se llevó a cabo la prestación y si se publicitó en el Portal de Contratación. Según concluye el organismo fiscalizador, el contrato a Priviet Sportive siguió esos procedimientos.
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