La Audiencia Provincial de Madrid le atribuye dos delitos de falsedad documental y otros dos de apropiación indebida en una nueva condena similar a otras recibidas por el letrado orensano, llevado varias veces al banquillo por estafar a clientes.
El nombre de Víctor Valladares saltó a los titulares dos semanas después de la declaración del primer estado de alarma cuando denunció al entonces Delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, en los juzgados de la capital y al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Tribunal Supremo por permitir las manifestaciones feministas del 8 de marzo. Acusó al ejecutivo de haber puesto en peligro las vidas de los ciudadanos a pesar de que según él ya conocía entonces la gravedad del virus y las posibilidades de su propagación en grandes concentraciones como las que se produjeron, entre otros sitios, en la capital.
La causa abierta en el juzgado 51 de Madrid terminó archivándose pero dejó por el camino la imputación del Delegado del Gobierno, José Manuel Franco, la testifical de varios convocantes y la emisión de informes polémicos tanto del forense del juzgado como de la Guardia Civil. En el primero, el perito Julio Lorenzo Rego culpaba a las concentraciones feministas de una expansión del virus que "se veía venir" y en el segundo los agentes se valían en ocasiones de bulos o medias verdades para apuntar también a la responsabilidad directa del Gobierno central en la propagación del virus.
El impulsor de la denuncia, Víctor Valladares, presumió entonces en público de haber recabado el apoyo de 10.000 personas para seguir adelante con el proceso. Entonces ya acumulaba varias causas pendientes en la Justicia por engañar a clientes cuando ejercía como abogado. Su última condena, según ha sabido elDiario.es, llegó poco antes del pasado mes de agosto: dos años de cárcel por engañar a un matrimonio que le contrató para reclamar la nulidad de la cláusula suelo de su hipoteca. Para lograrlo llegó incluso a falsificar autos del juzgado con el objetivo de hacerles creer que todo iba viento en popa cuando en realidad el proceso estaba paralizado.
Autos y escritos falsificados
Según relata en su sentencia la sección 17ª de la Audiencia Provincial de Madrid, el matrimonio contactó con Valladares a finales de 2013: le encargó una demanda contra el Banco Sabadell por las cláusulas suelo de su hipoteca. El letrado interpuso la demanda ante el juzgado de lo mercantil 1 de la capital y cobró dos cantidades: 500 euros por sus honorarios y 415 más para pagar al procurador y hacer frente a las tasas judiciales. Según declara probado la Justicia, el procurador no cobró y las tasas nunca fueron liquidadas.
Las víctimas empezaron a inquietarse meses después: el proceso no avanzaba y ellos seguían pagando dinero de más por la cláusula suelo de su hipoteca. Fue entonces cuando Valladares, según declara probado la Audiencia, decidió pasar a la acción y falsificar varios documentos del juzgado para hacer creer a sus clientes que todo iba bien: primero presentó una falsa diligencia de ordenación para ir a cobrar, y posteriormente un falso auto en el que se les informaba de que habían ganado el pleito y que podían cobrar más de 12.000 euros.
El matrimonio terminó cambiando de abogado, dejó morir ese procedimiento e inició una nueva reclamación por la cláusula suelo que finalmente ganó. Valladares perpetró, además, un segundo engaño: consiguió que una de sus dos víctimas, arquitecto de profesión, ejerciera como perito en un proceso judicial distinto, quedándose él los 1.000 euros que sus nuevos clientes le pagaron por el informe.
Dos años de prisión
La Audiencia de Madrid, en una sentencia que ya ha sido recurrida por la defensa de Valladares, le impone seis meses de cárcel por cada uno de los cuatro delitos que le atribuye: dos de falsedad documental y dos de apropiación indebida, además de la obligación de devolver 415 euros a una de sus víctimas y pagar sendas multas de 1.620 euros. Una condena inferior a los cuatro años de prisión que pedía la Fiscalía y los más de quince años que llegó a solicitar la acusación particular. Valladares ha sido absuelto de los delitos de estafa, obstrucción a la Justicia y deslealtad profesional.
Los jueces consideran que hay pruebas que relacionan a Valladares tanto con las falsificaciones como con las direcciones de correo electrónico utilizadas para contactar con las víctimas en sus engaños. Los autos, razona la sentencia, no se habían dictado y "la única reacción razonable que hubiera podido exteriorizar el acusado, a la vista de la manera de producirse los acontecimientos, hubiera sido la de sorpresa –cuando no de estupefacción– emociones que no expresó en ningún momento". Durante el juicio, llegó a alegar que no había liquidado el pago de las tasas ante la certeza de que poco después los cambios legales les eximieran de tener que hacerlo: "Vamos a presentarla sin pagar la tasa, a ver si cuela..." afirmó durante el proceso.
La sentencia, que todavía no es firme, le absuelve de varias acusaciones. Por ejemplo, entienden los magistrados que no hubo delito de estafa ya que la demanda fue efectivamente interpuesta "aunque su actuación no fue precisamente sincera", también que no hubo obstrucción a la Justicia ya que "no se produjo la prescripción de acción ninguna y no hubo la pérdida de ningún tipo de acción". Tampoco aprecia el tribunal el delito de deslealtad profesional que le atribuía la Fiscalía.
Asociación de Afectados por la Gestión del Coronavirus
Esta sentencia supone una nueva condena al letrado Víctor Valladares, después de haber sido denunciado en más de una decena de ocasiones por clientes de los que cobró pequeñas cantidades por denuncias y demandas que nunca puso en marcha. Fue condenado, por ejemplo, por estafar 290 euros a una pareja que quería demandar a una tienda de animales, y también por quedarse con 1.300 euros de una mujer que le encargó defender su honor en los tribunales. En 2018 fue sancionado por el Colegio de Abogados de Madrid por dejar morir un proceso judicial de una mujer que pretendía recuperar a su hija, llevada a Argelia por su padre.
Valladares, que ya ha recurrido esta nueva condena de dos años de cárcel ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, impulsó la denuncia contra Franco y otros miembros del ejecutivo por las manifestaciones feministas del 8-M. Fue una etapa en la que se prodigó en algunos medios donde llegó a anunciar la creación de una "Asociación de Afectados por la Gestión del Coronavirus", asegurando públicamente que había recibido el apoyo de 10.000 personas. Afirmó entonces en un comunicado que las informaciones sobre estas condenas y sanciones tenían el "fin de desacreditar" su denuncia. Poco después el juzgado archivó su denuncia y el Tribunal Supremo también rechazó investigar a Pedro Sánchez.
El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.
Los estatutos de la asociación que Valladares remitió entonces a las personas que contactaron con él por correo electrónico recogían que los socios "titulares y fundadores" podrían contribuir de forma voluntaria con dinero para hacer frente a "fianzas, depósitos, cauciones o similares" en las acciones judiciales emprendidas, incluyendo entre las actividades de la asociación "canalizar y promover subvenciones" para el colectivo o incluso "ventas benéficas" para recaudar fondos y sufragar las denuncias.
Doble recurso
Fuentes del caso explican a elDiario.es que tanto la defensa como la Fiscalía han llevado la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En el caso del Ministerio Público se solicita una condena más alta y en el caso de la defensa se pide la absolución: apunta la defensa de Valladares a que se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva, la presunción de inocencia y el principio de intervención mínima del derecho penal.
Para la defensa del letrado condenado, la Audiencia de Madrid ha incurrido en errores a la hora de valorar pruebas y prueba documental aportada, según su criterio, sin reunir todos los requisitos legales. También cuestiona el valor de algunos de los testimonios escuchados durante el juicio. Los recursos fueron admitidos a finales de julio a la espera de que, tras el parón veraniego, el Tribunal Superior ponga fecha a su decisión.
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