A esa denuncia se sumó este viernes Unidas Podemos, que señaló directamente a la Fiscalía y a Hacienda.
En un comunicado hecho público por el letrado Javier Sánchez-Junco se asegura que la "autoliquidación complementaria" responde a "la asunción" por parte de la Fundación Zagatka de "determinados gastos por viajes y servicios" realizados por Juan Carlos I. Zagatka es una fundación radicada en Liechtenstein, que maneja Álvaro de Orleans, primo del rey que ya había reconocido hace un año el pago de estos viajes en la década que va de 2009 a 2018. La cantidad disfrutada por Juan Carlos I, 8 millones de euros, apareció en la investigación que lleva en Suiza el fiscal Yves Bertossa y fue desvelada por El Confidencial el pasado mes de noviembre.
El presidente de la Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda, Julio Ransés Pérez Boga, explica a elDiario.es que la regularización en este caso se ha realizado ante la Agencia Tributaria, y no como la anterior ante la administración autonómica madrileña, porque Juan Carlos I es beneficiario de esa fundación y lo que ha hecho es gastar un dinero que le pertenecía y del que no tenía conocimiento la Hacienda Pública. O lo que es lo mismo, que esos 8 millones eran parte de la renta del monarca emérito y no una donación como los gastos con las tarjetas que cebaba el millonario mexicano Allen Sanginés-Krause, que desveló elDiario.es.
Pero el comunicado también dice que Zagatka asumió gastos de Juan Carlos I por "servicios" del monarca, sin aclarar a si el rey emérito trabajó de alguna manera para la fundación. La Fiscalía suiza investiga si Juan Carlos I utilizó a Álvaro de Orleans como testaferro. El primo del rey ha declarado en varias entrevistas que la fundación se creó para ayudar al rey, dentro de la tradición familiar de ayudar a las monarquías europeas y en especial a la española. Hasta el pasado junio, cuando cambió su reglamento, la fundación tenía como tercer beneficiario de sus fondos a Juan Carlos I y a Felipe VI y sus dos hermanas como cuarto y quintas, respectivamente.
Un documento obrante en la investigación de la Fiscalía suiza acredita que Zagatka se creó con el dinero de una comisión por facilitar la venta del Banco Zaragozano, que tenía como máximos accionistas a los amigos del rey Alberto Cortina y Alberto Alcocer, a Barclays Bank en 2003. El diario británico The Telegraph llegó a publicar que Juan Carlos I había recibido 50 millones de euros por aquella operación. En la investigación suiza también consta que la fundación recibió 6,5 millones de euros a través de cinco transferencias de origen anónimo para sufragar los gastos del rey emérito.
Esta segunda regularización llega cuando la investigación de la Fiscalía no ha determinado aún si los 678.394 euros que abonó Juan Carlos I en diciembre por el disfrute no declarado de esas tarjetas responden a una declaración "completa y veraz" de las cantidades pendientes de ingresar al erario público. Como ocurrirá automáticamente con los casi 4,4 millones ingresados en los últimos días, Hacienda deberá constatar que la cantidad es correcta y cuál es el origen de los fondos ingresados, así como su carácter lícito.
El Español ha publicado que, en esta ocasión, Juan Carlos I ha recurrido a empresarios amigos con los que ha firmado préstamos hasta alcanzar la cantidad abonada a Hacienda. El monarca tendrá que justificar que son efectivamente préstamos que devolverá y no donaciones, por las que debería haber tributado. El rey ha afrontado estas regularizaciones tras casi un año sin percibir la asignación constitucional que le retiró su hijo, y que ascendía a casi 200.000 euros al año.
Comisiones rogatorias a varios países
La investigación de la Fiscalía del Tribunal Supremo, en la que participa el fiscal jefe de Anticorrupción, está pendiente de las comisiones rogatorias cursadas a distintos países y eso retrasa sus avances, según fuentes próximas a las pesquisas. Con independencia de ello, la segunda regularización del monarca en tres meses provocó indignación entre los representantes de los funcionarios de Hacienda por el hecho de que se haya dado margen al monarca para pagar, e intentar evitar, una investigación tributaria o penal.
A la pregunta de si una información periodística puede dar pie a una investigación tributaria, Pérez Boga responde tajante: "Sí, en el pasado lo hemos hecho tan solo viendo a un futbolista recibir un cheque con una gran cantidad en la portada de un periódico".
El presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda considera injusto que se ponga el foco en el Ministerio de Hacienda cuando la existencia de una investigación en la Fiscalía impide a sus funcionarios tomar la iniciativa. "Nos ata de pies y manos trabajar como auxilio judicial", argumenta. "En cualquier otra circunstancia se habría notificado por carta la inspección al aludido o se le habría citado personalmente para evitar la prescripción", añade.
Desde Gestha, el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Carlos Cruzado discrepa en cuanto a las posibilidades sobre esta segunda regularización, ya que considera que las diligencias abiertas en la Fiscalía no deberían haber afectado a una eventual investigación tributaria ante la revelación de que el rey gastó 8 millones de euros en vuelos privados de una fundación radicada en Liechtenstein y de la que es beneficiario. "La Agencia Tributaria podría haber actuado", asegura Cruzado.
El presidente del Grupo de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha hablado de "tardanza" y "pasividad" tanto de la Fiscalía como de Hacienda y, aunque ha añadido que no cree que sea "intencionada", sí tiene, a su entender, una consecuencia: "El rey está logrando garantizar la impunidad de sus presuntos crímenes".
La investigación de la Fiscalía se divide en tres líneas. La abierta por la Fiscalía Anticorrupción, y que luego pasó al Supremo, indaga sobre los 65 millones de euros que recibió Juan Carlos de Borbón de Arabia Saudí en 2008 y que, en 2012, transfirió a su entonces amante, Corinna Larsen, y sobre si detrás de esos fondos está una comisión en el marco de la construcción del AVE a la Meca. El rey Juan Carlos abdicó en 2014 y hasta ese año estuvo protegido judicialmente por la Constitución, que establece una suerte de impunidad legal para el jefe del Estado, al considerarlo inviolable. La segunda se centra en las tarjetas opacas y una tercera que parte de una alerta del Servicio de Prevención y Blanqueo de Capitales sobre unos fondos presuntamente vinculados al monarca en las Islas Jersey.
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