Su campaña ha presentado demandas en Pensilvania, Georgia, Míchigan, Arizona y Nevada con distintos argumentos y objetivos. “Ninguna de las demandas de Trump tiene fundamento”, asegura en conversación con EL PAÍS el abogado especialista en elecciones Barry Richard, que se las ha leído todas. Richard fue el abogado principal del equipo de George W. Bush en el litigio electoral más conocido de la historia reciente: el recuento de Florida en 2000, señala El País de España.
Richard estuvo en el centro del equipo de súperabogados dirigido por el exsecretario de Estado James Baker que logró llevar el caótico escrutinio de Florida hasta el Tribunal Supremo en una fenomenal batalla judicial que ha sido objeto de libros y películas. El Supremo intervino para detener el recuento que pedía la campaña del vicepresidente demócrata Al Gore, y con ello, le entregó de facto Florida y la presidencia a George W. Bush. El primer escrutinio había dado a Bush una diferencia de poco más de 500 votos.
La campaña de Trump intenta promover las comparaciones con aquel episodio como si fueran situaciones similares. Pero aquello era un solo estado y unos cientos de votos. La ventaja de Biden es de decenas de miles en cinco Estados. “Cualquiera que supiera de derecho electoral y constitucional sabía que no había nada que denunciar. Y una vez que presentaron las demandas, quedó todavía más claro”, dice Richard, socio del bufete Greenberg Traurig en Talahassee, Florida.
Este experto apenas tiene constancia de precedentes en los que un recuento haya cambiado el resultado de una elección en 212 años desde la primera. “Son elecciones locales en las que tienes un margen tan pequeño de votos que podría tener importancia. He conocido un caso en el que haya cambiado el resultado. Son cosas que dependen de 20 o 50 votos. No tengo constancia de ningún resultado de esta magnitud que haya sido revertido”.
El recuento de 2000, explica Richard, no se inició porque “los candidatos empezaran a lanzar acusaciones a lo loco”, como está pasando ahora. Había un problema de origen, reconocido por todos. “Había unas papeletas que estaban mal diseñadas y todo el mundo lo sabía. Las máquinas descartaron miles de votos. La cuestión central era qué votos no tenían que haber sido rechazados”. La ley electoral en Florida en ese momento, “permitía a los candidatos discutir los resultados y pedir recuentos”. Gore intentó primero recuentos en varios condados y luego un recuento estatal. “Eran recuentos legítimos”.
Aquellas papeletas se perforaban con una máquina y había dudas en algunas de ellas, donde no se había hecho bien el agujero. Pero las papeletas de estas elecciones (por las lecciones aprendidas entonces) se rellenan con bolígrafo. Las cuentan máquinas que leen las opciones marcadas. Richard no ve ninguna posibilidad de que pasar las papeletas de nuevo por las máquinas arroje un resultado diferente. La estrategia del recuento parece inútil. Pero el equipo legal de Trump persigue otra estrategia, que es anular votos por correo, especialmente en Pensilvania.
“Para revertir el resultado de una elección el baremo de la justicia es muy alto y necesitas dos cosas”, explica Richard. “Primero, acudir al juzgado con pruebas claras de que ha habido irregularidades o defectos en la votación, que es lo que pasó en 2000. Y segundo, tienes que mostrar al juez que eso ha afectado a suficientes votos como para cambiar el resultado. En Pensilvania, por ejemplo, Biden lleva más de 50.000 votos de ventaja. Tienes que mostrar que ha habido algún tipo de fraude que ha afectado a más de esa cantidad de votos. Por eso los tribunales están rechazando los casos, es una carga de prueba muy alta. Y además, hay que tener en cuenta de que en este país solo se vota una vez. No se puede repetir la elección. La única solución es anular las elecciones enteras y decepcionar a cientos de miles de personas. Ningún tribunal va a hacer eso a no ser que haya pruebas muy claras de algún tipo de error tan grande que podría afectar al resultado”.
En Estados Unidos, las leyes electorales las hacen los Estados. Solo hay un aspecto común: la fecha de la elección presidencial tiene que ser la misma en todos. Pero el Gobierno federal no puede meterse en la forma en las que se organizan las elecciones o el escrutinio. Cuando el Tribunal Supremo decidió intervenir en el precedente de Bush vs. Gore fue un antes y un después en esa separación de competencias. “De hecho, nos quedamos muy sorprendidos cuando el Supremo decidió aceptar el caso”, reconoce Richard. Aquel precedente le dio la presidencia a Bush, pero dañó la imagen de imparcialidad del tribunal, y para algunos es el momento en el que empieza el híper partidismo alrededor del Supremo que se vive actualmente.
Esta es la razón por la que Richard ve imposible la fantasía de Trump (que planteó abiertamente incluso antes de las elecciones) de que alguna de estas demandas llegue hasta el Tribunal Supremo y los magistrados intervengan no se sabe cómo para otorgarle la presidencia. “No lo veo posible”, responde. “El Supremo no tiene por qué aceptar un caso, es discrecional. Creo que el Tribunal Supremo no quiere elegir al presidente. No se van a involucrar. La única forma de que lo hicieran sería por obligación, en un caso en el que hubiera decisiones contradictorias en dos Estados, una para Biden y otra para Trump”. Pero incluso entonces, con 306 votos electorales para Biden, intervenir en el resultado de un Estado “no tendría impacto en la mayoría del Colegio Electoral”. En 2000, el que ganara Florida ganaba la presidencia.
Hasta el momento, las demandas de Trump están muriendo una detrás de otra en las jurisdicciones estatales. Todas, menos una. La primera que se presentó en Pensilvania. Trump argumenta que no se deben contar las papeletas por correo recibidas tres días después de la fecha de las elecciones. Se aceptan por una decisión del secretario del Estado (la autoridad electoral), que aceptó la Corte Suprema de Pensilvania en contra de la ley electoral. El Tribunal Supremo de EE UU no ha actuado aún, pero ha aceptado el caso y ha ordenado que se separaran esas papeletas. “Esto ha creado una situación peculiar”, explica Richard. “Si el Supremo da la razón a los abogados de Trump, pierde cualquier opción (de remontar el resultado), porque descartarían los votos llegados después del día 3 y va perdiendo por más de 50.000. Lo curioso es que Trump tiene que perder el caso para tener alguna oportunidad”. Incluso así, esos votos son por ahora apenas 10.000. Y en el mejor caso para Trump, la nulidad total de la elección en Pensilvania, Biden sigue ganando en el Colegio Electoral.
Los mayores expertos en derecho electoral de Estados Unidos cercanos al Partido Republicano han rechazado unirse a las acciones judiciales de Trump. “Le habría dicho que no si me lo hubiera pedido, le habría dicho que no hay caso. Me habría negado porque yo no presento denuncias frívolas. Tengo bastante confianza en que todas van a ser rechazadas en una semana o dos”, afirma Richard.
Y, sin embargo, el presidente no parece darse por aludido. Parece dispuesto a seguir hasta que se dé de bruces con la realidad. ¿En qué momento se cerrará cualquier posibilidad legal de discutir el resultado electoral? “Los Estados tienen que certificar los electores seis días antes de que se reúna el Colegio Electoral, que este año es el 14 de diciembre. Creo que los casos serán rechazados antes de esa fecha, y el Congreso no se va a meter en quiénes son los electores. Y ahí se acaba. Cualquier demanda que siga viva el 14 de diciembre probablemente decaerá después de que el Congreso certifique a los electores”.
Mientras, un creciente número de notables republicanos empieza a decir abiertamente en los medios que la elección ha terminado y Joe Biden es presidente electo. Las contradicciones de Trump y los republicanos que le bailan el agua se van haciendo cada vez más insostenibles. Pero, si se empeña, el ruido está lejos de terminar.
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