A media tarde y pese al gran contingente policial, los manifestantes cortaron el tráfico y consiguieron ocupar la rotonda, a la que llaman Plaza Dignidad, mientras otro grupo se apostó en el puente cercano desde donde el pasado viernes fue lanzado un menor al cauce seco de un río desde una altura de al menos siete metros.
“Lo que han hecho Carabineros y el Estado es acrecentar nuestra rabia hacia todo el sistema. Ellos no pueden hacer daño a su propia gente, es algo irracional”, dijo la joven Sandra Cáceres.
El accidente volvió a poner entre las cuerdas al cuerpo policial, que ya había sido señalado por organismos internacionales por violaciones a los derechos humanos durante la ola de protestas, iniciadas el pasado 18 de octubre y consideradas las más graves desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), con una treintena de muertos y miles de heridos.
El menor de 16 años resultó herido de gravedad, pero su estado de salud evoluciona favorablemente, y el agente que supuestamente le lanzó al río se encuentra en prisión preventiva acusado de homicidio frustrado.
“Fue como si nos hubiesen tirado a todos al río”, apuntó la joven Helga Sepúlveda.
La oposición volvió a pedir la renuncia del director general de Carabineros, Mario Rozas, pero cuenta con el apoyo del Gobierno, que este viernes convocó una reunión especial para discutir una eventual reforma estructural del denostado cuerpo policial.
“Vengo porque quiero que este país cambie, quiero que paren las injusticias, los robos, las violaciones a los derechos humanos, que se reestructure completamente Carabineros”, indicó otro manifestante que no quiso dar su nombre.
Las protestas, que fueron masivas los primeros meses, fueron disminuyendo durante el verano austral y se suspendieron con la llegada de la pandemia en marzo, pero las demostraciones espontáneas volvieron a este punto emblemático de la capital tras el fin de la cuarentena hace unas semanas.
“Si no fuera por este movimiento, no se estaría hablando de las reformas que hoy están sobre la mesa. Es fundamental mantener la movilización porque eso provocó la posibilidad de cambiar la Constitución”, reconoció Sebastián Silva.
En apenas dos semanas, más de 14,5 millones de chilenos están llamados a decidir en un histórico plebiscito si quieren o no reemplazar la actual Constitución, heredada de la dictadura y vista por gran parte de la sociedad como el origen de las desigualdades que aquejan al país por darle un papel secundario al Estado en la provisión de servicios básicos.
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