García-Castellón ha citado para un día antes, 29 de octubre, a Francisco Martínez, número dos del Ministerio en aquella época, que ya figuraba como investigado, y aguardará al contenido de la declaración de éste para sopesar la declaración de Cospedal y López del Hierro.
En el auto del juez se dice que la declaración de Fernández Díaz es pertinente porque la investigación de la operación parapolicial de espionaje al tesorero del PP sitúa en el centro de la misma al Ministerio del Interior, desde el que, dice, "se habría dirigido y coordinado la operativa, presuntamente con la participación directa del ministro y actuando por delegación de éste, al parecer, el secretario de Estado de Seguridad". A esta conclusión llega el juez, según dice él mismo, - MADRIOD-.- por los audios de Villarejo y la documentación incautada.
En la misma línea, el instructor de esta pieza 7 y de todo el caso Villarejo añade que el pago con fondos reservados al chófer de los Bárcenas y su posterior incorporación a la Policía "evidencia el conocimiento de los hechos por parte de mandos superiores" del Ministerio del Interior.
En la batería de diligencias acordadas por el juez se incluye la citación como testigos del alto cargo de la Conferencia Episcopal Silverio Nieto, a quien Martínez envió un mensaje advirtiendo que su testimonio podría complicar la situación a Fernández Díaz y probablemente a Mariano Rajoy; así como de tres personas que coincidieron en Interior, el exdirector de Comunicación del Ministerio Juan José Esteban; una antigua compañera de Martínez en el Congreso de los Diputados, Icíar Castro; y al que fuera director de gabinete del secretario de Estado, Jorge Sanchís.
La resolución del instructor permite ir conociendo algunas conclusiones provisionales de la investigación. Por ejemplo, que Villarejo, a diferencia de lo que ocurre en el resto de piezas que investiga la Audiencia Nacional, no cobró por su presunta participación en el espionaje a Bárcenas sino que "la retribución se transforma en una suerte de influencia frente a quienes le encargaron la actuación".
El magistrado también adopta la conclusión provisional de que toda la operación se realizó "al margen de la investigación que, simultáneamente" se realizaba por el juez Pablo Ruz y la UDEF acerca de la caja B del PP. Los investigados defienden que los seguimientos a Bárcenas eran para recuperar el dinero escondido por el extesorero y localizar a sus testaferros. Sin embargo, la instrucción ha demostrado que todo se hizo a espaldas del juez y los policías que trabajaban a sus órdenes.
El comisario Enrique García Castaño, investigado en la causa, recibió un total de 50.000 euros en efectivo entre el 1 de julio de 2013 y el 18 de mayo de 2015 para la operación Kitchen, en efectivo y con cargo a los fondos reservados. Aunque las fechas coinciden, dice el auto, García Castaño declaró que los había recibido "para la ejecución de otras operaciones policiales de carácter reservado".
El juez destaca la declaración de un facultativo de la Policía, Miguel Ángel Bayo, encargado de los fondos reservados en la Policía, "cuyas manifestaciones pusieron de manifiesto disfunciones e irregularidades en la gestión y el control de los fondos que habrían permitido su utilización ilícita, propiciando tanto la financiación de una operación policial intrínsicamente ilegal, como el enriquecimiento de altos mandos policiales". Con esta afirmación, el juez abre la vía de investigación de que los comisarios se quedaban con una parte de los fondos reservados.
Pedro Águeda
@pedroagueda
fuente: elDiario.es
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