La agresión a la menor se produjo el pasado domingo, dijo el gobernador indígena Juan de Dios Queragama, del resguardo (jurisdicción) embera Gito Do Kabu, en el departamento de Risaralda.
La víctima fue “secuestrada y abusada sexualmente”, detalló el dirigente en un comunicado.
En entrevista con la AFP, Queragama precisó que la niña “estaba solita, recogiendo guayaba” cerca de un campamento militar cuando los soldados “la cogieron y la retuvieron toda la noche”.
El Ejército y el gobierno expresaron su condena por este ataque que ocurre una semana después de que el Congreso aprobara una reforma constitucional para imponer la prisión perpetua a violadores y asesinos de niños y adolescentes menores de 14 años.
La norma aún no ha sido promulgada por el presidente derechista Iván Duque.
El mando militar relevó al grupo de 30 soldados que estaba en la zona y dejó la investigación en manos de la fiscalía, según Luis Ospina, comandante de la Quinta División del Ejército.
Ospina indicó que todo el grupo de uniformados estaba concentrado en una instalación oficial donde fueron interrogados.
La delegada para Seguridad Ciudadana de la fiscalía, Carmen Torres, aseguró que los presuntos autores fueron identificados luego de que se realizaran “25 entrevistas a personas que pudieron tener conocimiento sobre la ocurrencia de este acto sexual”.
“Corresponden a ocho miembros del ejército nacional”, dijo a periodistas en Bogotá.
Por su parte, el presidente Duque reafirmó que no tolerará abusos de las fuerzas oficiales, que a lo largo del conflicto armado han enfrentado escándalos por violaciones a los derechos humanos por parte de algunos de sus miembros, incluidas ejecuciones extrajudiciales.
“No toleramos ningún tipo de abuso a menores de edad y mucho menos cuando involucre uniformados” en “actos ruines como el denunciado (...) contra la niña indígena”, enfatizó Duque en Twitter.
En una declaración posterior, añadió que, en caso de que los soldados sean hallados culpables, está de acuerdo con que se “estrene” con ellos la cadena perpetua.
Las autoridades ancestrales no han precisado si la niña fue atacada dentro del resguardo de su comunidad, aunque pidieron que los agresores pasen primero por la justicia indígena -reconocida en Colombia- antes de que sean llevados ante los tribunales.
Según datos del organismo forense, en 2019 más de 22.000 menores de 18 años fueron víctimas de delitos sexuales y 708 de homicidio.