El Gobierno de España habla de la “nueva normalidad” para referirse a lo que nos espera cuando finalice la “desescalada” (menuda palabra se ha inventado) Yo preferiría llamarla la nueva realidad, y los presagios de ésta resultan muy preocupantes.
El proceso hacia esta nueva realidad (que tardará mucho en ser la de antes de que apareciera el virus), algunos lo encuentran precipitado y otros demasiado lento, pero parece claro que tendremos que acostumbrarnos a convivir con la persistencia del riesgo.
El director del Banco de España, en su comparecencia en la comisión de Asuntos Económicos del Congreso de los Diputados, avisa que será una crisis larga. Por ese motivo considera imprescindible que el Gobierno presente un plan de ajuste para reconducir la deuda que tiene que incluir una revisión de los ingresos y los gastos públicos y exige también a los políticos que estén a la altura que exigen las circunstancias
Desde una visión ecléctica y al margen de sesgos, orientaciones políticas e ideologías, lo peor que nos podría pasar es que los ciudadanos temiéramos más al virus de la política que a la Covid-19.
No parece que algunos gobernantes de nuestro país sean conscientes de que su papel en estos momentos consiste en resolver los problemas de los españoles y no en crearlos. Sin embargo, las declaraciones que algunos de ellos están haciendo van en la dirección opuesta. Como muestra valgan algunas de ellas:
El ministro de Consumo Alberto Garzón califica la industria turística española de precaria y de bajo valor añadido, pese a que el turismo que es la primera industria de España. En 2019, batió un nuevo record con 83,7 millones de viajeros internacionales, un gasto de 92.337 millones de euros, el 15% del PIB y con más de 2.600.000 empleos, según las cifras presentadas en su momento por la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto
Otro importante golpe al turismo español será, si como se anuncia desde el gobierno, se exige a los turistas (que lleguen a España) que permanezcan en cuarentena durante 14 días sin poder salir de sus hoteles. Otros países lo solucionan con corredores aéreos seguros y con un posible pasaporte sanitario que acredite que el viajero está libre de virus.
Yolanda Díaz ministra de Trabajo, anuncia que se dispone a despachar agentes al campo «para detectar alguna posible esclavitud». Mientras tanto los agricultores denuncian que gran parte de la fruta de temporada va a quedar en los árboles por falta de trabajadores.
La vicepresidenta Carmen Calvo, acaba de justificar la incidencia y difusión del Covid-19 en la latitud de los países, sin que existe ninguna evidencia científica del mismo.
A su vez estamos asistiendo a una bronca política entre el Gobierno Central y el gobierno de la Comunidad de Madrid (a cuenta de las fases en la desescalada), qué en mi opinión, supone una maniobra de distracción para eludir las responsabilidades mutuas en la gestión de la pandemia.
Mientras que el Consejero de Salud de la Comunidad de Madrid sostiene que los criterios para pasar de Fase que aplica el Gobierno de España no son estrictamente sanitarios, el Colegio de Médicos de Madrid asegura que en esta Comunidad faltan sanitarios.
Si como resulta evidente, España no va a poder salir de esta situación por sus propios medios, necesitaremos sin ningún género de dudas la ayuda de la Unión Europea. Europa ya ha anunciado el montante de las ayudas, pero exigirá rigor y seriedad en los planes de reconstrucción.
Po todo ello resulta imprescindible que todos: gobierno, gobiernos autonómicos, ayuntamientos, partidos de la oposición, científicos y expertos sanitarios, empresarios, trabajadores, autónomos, emprendedores, ciudadanos en general y un largo etc, estemos a la altura y rememos en la misma dirección.
La pregunta del millón es: ¿Seremos capaces de ponernos de acuerdo?
Si (
No(
