El fallo, emitido el pasado miércoles por el Tribunal Constitucional de Perú, advierte que los medios que violen esta disposición podrán ser denunciados penalmente.
Asimismo señala que las cintas grabadas en forma subrepticia suponen "una violación del derecho de la honra y a la dignidad de toda persona".
La decisión judicial responde a una solicitud de "habeas corpus" que invocó la esposa de Alberto Quimper, ex director de la estatal Petroperú.
Quimper es uno de los presuntos implicados en un caso de corrupción conocido como "Petroaudios", en donde una serie de escuchas telefónicas ilegales sacó a la luz una trama corrupta en la concesión de lotes petroleros y espionaje a políticos, periodistas y empresarios.
El escándalo de los "petroaudios" salió a la luz cuando un medio periodístico publicó las conversaciones, grabadas ilegalmente por la empresa privada de seguridad Business Track (BTR) a funcionarios del Estado con allegados a la empresa noruega Discover Petroleum, ganadora de una licitación para la exploración de lotes petroleros en octubre de 2008.
El presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín, consideró que se está ante un "retroceso de los principios que enmarcan la libertad de prensa".
Defendió que, "aunque se puede entender que la libertad tiene límites, como lo es el de la intimidad, la prensa tiene la obligación de revelar asuntos cuando son de interés público y hacen al bien común".
"En este caso, los medios no cometieron el delito y, además, tienen la obligación moral de reportar hechos que por su gravedad afectan a toda la población y al Gobierno", recordó Marroquín.
Prueba de ello, dijo, es que la información revelada sirvió al propio Gobierno peruano para adoptar medidas contra la corrupción pública, lo que derivó incluso en cambios de funcionarios en el gabinete del presidente Alan García.
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