Cuando el Ayuntamiento de Madrid decretó, el pasado mes de septiembre, la "nulidad radical" del proceso de venta de 1.860 viviendas de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) a fondos buitre por parte del Gobierno de Ana Botella tenía un propósito claro: recuperar las viviendas.
Ocho meses después este proceso se inicia. El Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), que preside Marta Higueras, ha aprobado este viernes, con los votos en contra de Partido Popular y Ciudadanos, iniciar los trámites para anular la venta de 18 promociones de vivienda al grupo societario Fidere, sociedad de inversión inmobiliaria del fondo Blackstone.
Será un proceso "largo" y "complicado", ha reconocido una vez más Higueras. Desde hoy, se abre un proceso de seis meses de alegaciones tanto para las familias como los fondos de inversión. Pasado ese periodo, será la Comunidad de Madrid quien tenga que dar el visto bueno a esta "nulidad radical" para que el proceso judicial se inicie.
Los detalles de las dificultades del procedimiento las detalló Higueras en septiembre. Además de conseguir la ratificación de la la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, el proceso puede dudar entre "ocho y diez" años. El Consistorio pagará al menos "30 millones de euros" en costas, en caso de que pierda el pleito.
Según la Cámara de Cuentas, el Gobierno de Ana Botella "vulneró las más elementales reglas de buena gestión" en 2013 cuando vendió 1.860 viviendas públicas protegidas a dos sociedades del fondo buitre Blackstone por 128,5 millones de euros. El dictamen que fiscaliza esta macrooperación inmobiliaria destapa a lo largo de 66 páginas un rosario de irregularidades por parte de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) en la enajenación de su cartera de viviendas en régimen de alquiler y con opción a compra.
Fátima Caballero
eldiario.es
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