La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, de mayoría opositora, declaró este lunes el "abandono de cargo" por parte del presidente, Nicolás Maduro, y demandó una salida electoral a la crisis para que "sea el pueblo el que se exprese a través del voto".
"La única forma de resolver los graves problemas que aquejan al país es devolver el poder al pueblo de Venezuela y, por lo tanto, convocar a la celebración de elecciones libres y plurales", señala el acuerdo aprobado con el voto de los 106 parlamentarios de la oposición.
La mayoría de la Cámara considera que la gestión de Maduro está al margen de las funciones constitucionales de la presidencia y le responsabilizan de la "grave ruptura del orden constitucional", violación de derechos humanos y "devastación de las bases económicas y sociales" de la nación.
Según la Constitución de Venezuela, una falta absoluta del presidente sería su muerte o renuncia, la destitución decretada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), su incapacidad física o mental, la revocación popular de su mandato y "el abandono del cargo, declarado como tal por la Asamblea Nacional".
Ante la falta absoluta del presidente, la Carta Magna obliga a celebrar elecciones universales, directas y secretas.
Por incumplimiento de obligaciones
La Constitución también establece que el presidente es responsable de sus actos y del cumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo y que está obligado a procurar la garantía de los derechos y libertades de los venezolanos.
El abandono del cargo se decretaría por el incumplimiento de sus obligaciones por parte del presidente.
Entre las razones que expuso la mayoría opositora en la AN para declarar el abandono del cargo, se afirma que Maduro ha desatendido las funciones "inherentes" a la presidencia al no "cumplir y hacer cumplir" el ordenamiento constitucional.
Una de ellas sería que, según la Cámara, Maduro "ha propugnado y consumado la supresión de la separación de poderes" en el país "mediante su respaldo a la ocupación partidista del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral". Por ende, el Parlamento responsabiliza a Maduro del "golpe de Estado" que, a su juicio, "indujo a la suspensión de la recolección de manifestaciones de voluntad necesarias para la iniciativa constitucional del referendo revocatorio presidencial", impulsado por la oposición, y al "diferimiento" de las elecciones regionales que debieron celebrarse en 2016.
El Legislativo considera que Maduro ha sido "negligente" en la reclamación del territorio Esequibo fronterizo con Guyana (este) y que no ha logrado una solución pacífica al conflicto.
También le acusan de ser corresponsable de que no haya cesado "la persecución política" y que, por el contrario, esta "se ha incrementado".
La utilización de la figura constitucional de "abandono de cargo" por parte de la AN ha sido cuestionada por algunos partidos de oposición y grupos de la sociedad civil como el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), que la considera "una interpretación forzada" de la Carta Magna.
Previo a la discusión por el supuesto abandono de cargo de Maduro, el Parlamento votó también a favor de desincorporar a los tres diputados cuya investidura fue impugnada por el Supremo y por la que este había declarado nulos todos los actos legislativos.
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