La solicitud al órgano legislativo fue hecha por el propio presidente de la nación, Rafael Correa, quien el pasado 10 de agosto hizo pública su intención de realizar la solicitud, durante el informe anual de labores ante el Parlamento.
En el oficio remitido al presidente de la Asamblea Nacional, el oficialista Fernando Cordero, Correa sostiene que el caso Dahik es un ejemplo de "aquella judicialización de la política, causante de una realidad que ha propiciado el irrespeto a los derechos humanos".
El gobernante admite que la amnistía no se puede aplicar a personas acusadas por supuestos delitos contra la administración pública, pero recalca que este caso muestra "la forma mafiosa en que la partidocracia funcionó, acusando a sus enemigos políticos de delitos de peculado (malversación) que no habían cometido".
"Sostener que no procede la amnistía sería impedir que se investiguen las verdaderas causas de la persecución al ex vicepresidente, que se originaron en divergencias personales y luchas de espacios de poder, como el país debe recordar", añade Correa en su escrito.
Según el mandatario, Dahik es una "víctima" de la persecución política por parte de grupos poderosos, como el tradicional Partido Social Cristiano, al que se ha acusado de controlar las cortes de justicia en el pasado.
Dahik, que fue vicepresidente del país entre 1992 y 1995, se asiló en Costa Rica con su familia tras abrirse el proceso judicial en su contra.
La petición de amnistía para Dahik ha causado polémica en Ecuador, ya que lo ha hecho el propio Correa, que es un gobernante izquierdista que se ha declarado radicalmente opuesto al neoliberalismo, que impulsó en su momento el ex vicepresidente.
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