El juez desautoriza la versión de los agentes
Aguirre, por otra parte, ni será multada por una falta ni juzgada por un delito de desobediencia, que podría aparejar una pena de seis meses a un año de prisión.
El juez de Instrucción número 14 de Madrid cree, además, que no son constitutivos de infracción penal los daños de la motocicleta pilotada por el agente de movilidad que denunció a Aguirre. Carlos Valle alega “frontal oposición” a las versiones de los agentes, sobre las que señala “dudas serias” y defiende que hay “más apoyos” a la versión de la dirigente popular.
Los hechos que se investigaban ocurrieron el 3 de abril de 2014 en la confluencia de las calles de Gran Vía y la plaza de Callao, cuando Aguirre, que había estacionado mal su vehículo, fue denunciada por los agentes de movilidad del Ayuntamiento de Madrid, que le acusaron además de desobediencia, lesiones y daños.
Quizo tramitar el caso omo un juicio de faltas
Cuando el juez Carlos Valle decidió tramitar el caso como un juicio de faltas, la Audiencia de Madrid estimó un recurso de una acusación popular y le devolvió el caso al estimar que los hechos pudieran constituir un delito de desobediencia. Tras las nuevas diligencias practicadas en los últimos meses, el magistrado ha dictado ahora un nuevo auto (fechado el 19 de enero) en el que acuerda sin embargo el sobreseimiento provisional y el correspondiente archivo de la causa para Esperanza Aguirre.
Un juez amigo del PP
La absolución de Aguirre ya estaba cantada tratándose de un juez amigo del PP, como ya ha avanzado ELPLURAL.COM. Carlos Valle ya falló a favor del PP en otras causas genovesas. En el llamado caso Bono, el juez libró a dos militantes del PP de responder ante la justicia por agredir supuestamente al entonces ministro José Bono durante una manifestación de la AVT en 2005. El magistrado terminó acusando a los tres policías que los detuvieron de retención ilegal y fueron condenados por los hechos en primera instancia aunque el Tribunal Supremo, dos años después, desmontó la infamia.
Otra de sus polémicas decisiones
En noviembre de 1986, el juez Valle protagonizó una macrorredada contra dos centros de planificación familiar, Dator Médica y Duratón, por practicar abortos ilegales, que se saldó con la detención de 39 personas. Lo hizo 48 horas antes de que el Ejecutivo firmara el anunciado decreto liberalizador de la aplicación de la ley del aborto y abriera camino a las clínicas privadas. Cinco médicos pasaron más de un mes en prisión hasta que fueron puestos en libertad la víspera de Navidad por decisión del sustituto de Valle, que no vio la alarma social que podría haber justificado el encarcelamiento.
FUENTE: ELPLURAL.COM/EFE | 20/01/2015