En Estados Unidos, la Oficina Presupuestaria del Congresoproyecta que el costo relativo de los beneficios de las pensiones de laSeguridad Social aumentará más de un cuarto durante los próximos 25 años, del 4,9% del PIB al 6,2% en 2038. Debido a que los impuestos que se destinan a la Seguridad Social no aumentan automáticamente más rápido que el PIB, o bien la tasa de crecimiento de los beneficios debe caer o hay que aumentar los impuestos.
Una de las causas del rápido aumento de las pensiones se deriva de cómo se ajustan por inflación. Según la ley estadounidense actual, los beneficios de los jubilados se ajustan automáticamente para compensar los aumentos en el índice de precios al consumidor (IPC) tradicional. Pero los expertos saben desde hace mucho que el IPC sobreestima el verdadero aumento del costo de vida y que se debe corregir la sobreindexación de los beneficios que eso genera.
Parte del problema es que el IPC no refleja la forma en que los consumidores cambian la composición de sus compras con el tiempo, a medida que cambian los precios relativos. La gestión del presidente Barack Obama inicialmente siguió los consejos de los expertos y sugirió reemplazar el IPC tradicional por otra medida más precisa, conocida como el IPC ponderado en cadena. Si bien esto reduciría la tasa anual de aumento de los beneficios solo en un 0,25%, los gastos deSeguridad Social y otros programas indexados por inflación durante los próximos 10 años se reducirían en más de 200.000 millones de dólares. Aplicar el índice ponderado en cadena a los ajustes por categoría de contribuyente fiscal aumentaría los ingresos en más de 100.000 millones de dólares.
Pero existe otro motivo, más fundamental, por el cual el IPC tradicional sobreestima el verdadero aumento del costo de vida: no refleja con precisión la introducción de nuevos bienes y servicios, ni las mejoras en la calidad de los existentes. Por lo tanto, es desafortunado que Obama haya retirado recientemente su propuesta para cambiar el índice tradicional y dar un gesto político para «proteger los beneficios de la Seguridad Social» en vez de adoptar la política más responsable de corregir la forma en que los beneficios y los impuestos reflejan los aumentos de precios.
Pero la reforma más importante para estabilizar las finanzas de la Seguridad Social es ajustar las prestaciones a la esperanza de vida. Cuando EE.UU. creó su programa de Seguridad Social en la década de 1930, la legislación especificó que se pagarían pensiones de jubilación a los 65 años de edad. La esperanza de vida a los 65 años creció a partir de ese momento aproximadamente un año por década. En la actualidad, la esperanza de vida a los 65 años es aproximadamente 6 años superior que en 1940 y el aumento en los años para acceder a la jubilación creó problemas financieros para la Seguridad Social.
El Congreso estadounidense respondió en 1983 con un aumento gradual de la edad para acceder a las pensiones completas, de 65 a 67 años. Quienes deseen jubilarse a los 62 años, aún pueden hacerlo con una reducción actuarial justa de sus beneficios. Como alternativa, pueden trabajar más tiempo y recibir mayores beneficios.
Por supuesto, la decisión de aumentar la edad para el acceso a los beneficios completos nunca será políticamente popular. El Congreso, por lo tanto, fue cuidadoso en su implementación del ajuste gradual y lo aplicó solo a quienes todavía no habían cumplido los 45 años de edad al momento de aprobar la ley; el aumento en la edad jubilatoria se implementará completamente solo en 2027.
Por ello, el público en general no fue consciente durante la década posterior a la legislación de 1983 del aumento en la edad para recibir los beneficios completos. Cuando los encuestadores consultaron a los votantes sobre la posibilidad de un aumento de la edad de jubilación para mejorar la estabilidad financiera del sistema, la respuesta fue abrumadoramente negativa.
Pero el hecho políticamente importante es el siguiente: en ningún momento los congresistas propusieron que se cambie la legislación para demorar o eliminar el aumento en la edad para acceder a los beneficios completos. El Congreso actuó responsablemente para reducir el crecimiento de los beneficios, si bien revertir el aumento en la edad para acceder a ellos hubiera resultado políticamente popular.
Desde la aprobación de la legislación en 1983, la esperanza de vida a los 67 años aumentó otros 3 años y ya llega a los 85. Todo indica que la esperanza de vida continuará aumentando en el futuro, un año por década.
La solución obvia al actual problema de la financiación de la Seguridad Social es revisar la legislación de 1983 con un aumento gradual de la edad para acceder a los beneficios completos, de 67 a 70, con ajustes actuariales apropiados para quienes deseen jubilarse antes o después. Debido a que la esperanza de vida a los 67 años es de aproximadamente 18, esto equivaldría a reducir los beneficios promedio en un sexto (el valor real de la reducción de los beneficios en realidad es mayor, dado que la reducción comienza al principio del período jubilatorio).
Sería aún mejor evitar futuras poses políticas promulgando ahora una legislación que aumente automáticamente la edad de acceso a los beneficios completos en forma tal que la expectativa de vida promedio en ese umbral se mantenga constante, en 15 años.
Algunos expertos objetan en principio un aumento en la edad de acceso a los beneficios completos, porque algunos grupos con bajos ingresos no experimentan los mismos aumentos en su expectativa de vida de un año por década. Una solución simple a ese problema sería vincular la edad a la cual se pagan los beneficios completos con los ingresos promedio de las personas durante sus vidas.
Una reforma fundamental sería pasar de un sistema puro de pago directo a uno que combine los beneficios actuales con cuentas personales para la jubilación basadas en inversiones. Esas anualidades basadas en inversiones serían un complemento natural a los menores beneficios de pago directo que resultarían de aumentar la edad de elegibilidad para los beneficios completos.
Obviamente, los jubilados merecen un aviso por adelantado antes de que sus rentas sean reducidas. Por eso es importante para Estados Unidos -y para muchos otros países en todo el mundo- actuar ahora para implementar los cambios necesarios para estabilizar las futuras finanzas de la Seguridad Social.
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