El Senado remite al Congreso la reforma de ley Extranjería con pocos cambios

La Conadee pide al Senado que no apruebe la reforma de la Ley de Extranjería

La senadora socialista Matilde Fernández ha destacado que la nueva legislación avanza en los objetivos europeos, garantiza la integración, lucha contra la inmigración ilegal y plantea "una política seria de retorno" y de "tolerancia cero con la trata" de personas.

Desde CiU, Montserrat Candini ha dado su apoyo a un proyecto "que no es paternalista ni asistencialista" y ha destacado "los nuevos ámbitos en los que participan las CCAA", como el reagrupamiento, la renovación de residencia temporal o la posibilidad de suscribir acuerdos internacionales en relación con los menores extranjeros no acompañados.

El PP ha lamentado que durante el trámite parlamentario de la ley en la Cámara Alta no se hayan admitido ninguna de las más de 70 enmiendas de su grupo y que se haya dado el visto bueno "a una ley de unos pocos, cuando debía haberse aprobado con un gran pacto de Estado".

El senador popular Eugenio Jesús Gonzálvez ha insistido en la necesidad de aprobar un contrato de integración, ha pedido que se impida a las Comunidades Autónomas asumir competencias hasta ahora desarrolladas por la Administración central y que se cambie la denominación de la ley para que se refiera a los "Derechos y Obligaciones" de los extranjeros.

Durante el debate, algunos grupos, como PNV y BNG, han lamentado que se haya tramitado esta reforma por el procedimiento de urgencia, que ha dado a los senadores un plazo de cinco días para analizar el texto trasladado por el Congreso y posicionarse ante las más de 300 enmiendas presentadas en esta cámara.

La mayoría de las enmiendas aprobadas en el Senado han sido para corregir errores técnicos o de redacción.

Junto a ellas, el proyecto que vuelve al Congreso incluye una transaccional del PSOE y CiU que elimina en el artículo que se refiere a las víctimas de trata de seres humanos -a las que se les suspende el expediente sancionador o la expulsión mientras deciden si cooperan con las autoridades- la obligación de presentar documentos "cuya obtención suponga un riesgo para la víctima".

La reforma de la ley de extranjería permite a las ONG y a las entidades privadas asumir la tutela de los menores extranjeros no acompañados y amplía el plazo máximo de permanencia en los Centros de Internamiento de Extranjeros de los cuarenta días actuales a sesenta.

La reagrupación queda limitada a los hijos menores de 18 años o mayores con discapacidad, y a los padres del reagrupante y su cónyuge "cuando están a su cargo, sean mayores de 65 años y existan razones que justifiquen la necesidad de autorizar su residencia en España".

Con la nueva ley, las Comunidades Autónomas con competencias podrán conceder permisos iniciales de trabajo y de residencia circunscrita a su propio territorio, establecer relaciones con terceros países para la contratación y tramitación de visados y cobrar las tasas y sanciones administrativas pertinentes.

Además podrán certificar el nivel de integración de los inmigrantes, asumir o traspasar la tutela de menores no acompañados y establecer acuerdos con los países de origen para procurar la "atención e integración social de los menores".

La ley también detalla los esfuerzos de integración que deberán realizar los inmigrantes que aspiren a renovar sus permisos de trabajo o residencia y que incluyen la participación en cursos de formación sobre "valores constitucionales y estatutarios", derechos humanos "tolerancia e igualdad" y conocimiento de las lenguas oficiales.