La violencia endémica en Guatemala

En la mañana del domingo 10 de mayo, en una calle de ciudad de Guatemala acribillaron al abogado Rodrigo Rosenberg, de 48 años, un prestigioso docente universitario y asesor jurídico de empresas. Tres días antes, había grabado un vídeo acusando de su muerte a la cúpula del Gobierno -al presidente Álvaro Colom, su esposa Sandra y su secretario privado, Gustavo Alejos- y a empresarios ligados al partido oficial, a quienes involucra en negocios corruptos y lavado de dinero.

A partir de ese momento y además de centrar la atención de la prensa internacional, ha detonado en Guatemala la crisis política más grave de los últimos años y desde múltiples sectores se buscan los orígenes y las causas de este entramado y el presidente Álvaro Colom ha salido al paso de las acusaciones que le responsabilizan de lo sucedido atribuyendo los hechos, a una conspiración de la derecha y al mismo tiempo, a organizar movilizaciones populares para demostrar apoyo al Gobierno que preside.

Horas después de que la cinta apareciera colgada en YouTube, la indignación cundió por las redes sociales de Internet. Miles de jóvenes, en su mayoría estudiantes de universidades privadas, se echaron a las calles a exigir justicia y pedir la renuncia del presidente Colom.

Aunque la presión de este movimiento liderado por jóvenes ha ido decayendo con el pasar de los días, su poder de convocatoria ha asombrado al país. Una manifestación convocada por Internet reunió frente al Ayuntamiento capitalino a más de 30.000 personas vestidas de blanco, algo no visto en Guatemala desde las visitas del papa Juan Pablo II.

Todo este revuelo causado en la sociedad guatemalteca es un evidente signo del hartazgo en un país agobiado por la falta de justicia y la desigualdad. Guatemala es un país estragado por la violencia omnipresente en todos los estamentos sociales y como ocurre en muchos países latinoamericanos, una pequeña élite concentra la mayor parte de la riqueza; hay una reducida clase media que no tiene peso específico para hacerse notar y en el otro extremo, una enorme masa de población que no tiene nada de nada y vive en la absoluta pobreza.

La historia del país –atestada de dictaduras, crímenes políticos y esfuerzos denodados por anclar la impunidad- constituye otro lastre difícil de ignorar. Después de una guerra civil de 36 años (1960-1996) que dejó centenares de miles de muertos y desaparecidos, no le han faltado a los guatemaltecos razones para protestar.

En los últimos tiempos el país ha sufrido un fortísimo incremento de la criminalidad. En 2008 hubo en Guatemala casi 6.300 asesinatos, de los cuales el 98% está aún sin resolver. La policía goza de altos niveles de corrupción y no investiga, la fiscalía no acusa y los tribunales no conocen ni sentencian.

En los barrios marginales de la ciudad, las pandillas o maras están fuera de control: trafican con drogas, extorsionan a los vecinos, se enfrentan a balazos y ejecutan a cualquier enemigo sin que las autoridades puedan hacer nada por impedirlo.

El transporte urbano se ha convertido en uno de los blancos favoritos de la delincuencia. En los primeros seis meses de 2009 han matado a casi 70 conductores de autobús ante la mirada horrorizada de los pasajeros, para exigir el pago de un "impuesto" de circulación.

Más inquietante aún resultan los vínculos existentes entre las pandillas y las mafias, que a su vez han infiltrado el poder político y el Estado. Estas relaciones se han ido estableciendo, entre otras formas, a través de la financiación de campañas electorales y ningún partido político se encuentra libre de sospecha de contar entre sus financistas a capos del crimen organizado.

Las dudas rodean al partido gobernante, la Unidad Nacional de la Esperanza, donde el escándalo más sonado ha sido la expulsión de un diputado que se encuentra ahora prófugo de la justicia bajo cargos de narcotráfico. Sin embargo, la desconfianza también pesa sobre otras organizaciones políticas, entre ellas la principal fuerza de oposición, el Partido Patriota.

La presencia de los narcotraficantes ha aumentado de manera explosiva en el país en el último tiempo como consecuencia de la ofensiva contra el crimen organizado que ha puesto en marcha en México, el presidente Felipe Calderón. Los cárteles de la droga entonces, han buscado un nuevo escenario para sus operaciones y la vecina Guatemala, con su impunidad establecida a todos los niveles, es el territorio ideal para servir de puente y sede de operaciones al tráfico y distribución de drogas. Los territorios selváticos donde se asientan las fabulosas ruinas mayas, se están llenando de campos de aterrizaje clandestinos donde operan las flotas de aviones de los narcotraficantes.

El gobierno de Colom lo sabe, todo el mundo lo sabe, pero nadie hace nada ya que sencillamente el problema escapa de sus manos y ha perdido el control de estos territorios. La implantación de los cárteles mexicanos de la droga ha traído como inmediata consecuencia, una subida en la escalada de la violencia ya que numeroso grupos de sicarios armados hasta los dientes campan a sus anchas por el territorio imponiendo la ley del terror y la violencia

En todo este panorama de desorden que vive el país, el asesinato del abogado Rosenberg y el insólito hecho de su denuncia póstuma través de un video, han caído como una bomba que ha remecido hasta los cimientos la conciencia de aquellas personas que creen que todavía es posible, rescatar a Guatemala de las manos de los políticos, jueces y policías corruptos y, de paso, barrer con el crimen y la delincuencia organizada que amenaza con hacer desaparecer en una maraña de violencia al país.

La esperanza de los guatemaltecos se ha volcado entonces en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, instaurada en el país a fines de 2006 para apoyar al Gobierno en la investigación y enjuiciamiento de las redes del crimen organizado, especialmente de aquellas enquistadas en el aparato estatal.

No obstante, la opinión pública sabe que pese a los buenos propósitos de esta comisión, hay pocas posibilidades de éxito, al menos, en el futuro inmediato. De momento, el deseo póstumo del abogado Rosenberg en el sentido de “rescatar el país de manos de los criminales y narcos”, tendrá que esperar.