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EE.UU. y Cuba retoman conversaciones sobre inmigración y contratista detenido

miércoles 22 de octubre de 2014, 11:21h
Estados Unidos y Cuba mantuvieron este fin de semana la tercera ronda de reuniones migratorias sin avances sustanciales y con la polémica por la detención de un contratista estadounidense acusado de espionaje por el régimen cubano como telón de fondo.
Aunque ambos países calificaron de positiva la reunión celebrada en Washington, ninguna de las dos partes informó de progresos importantes.

Estados Unidos reiteró su compromiso para "promover una inmigración legal, ordenada y segura", y planteó el caso del contratista estadounidense Alan Gross, detenido el pasado diciembre, para el que pidió la "liberación inmediata", según indicó el Departamento de Estado en un comunicado.

Las delegaciones estuvieron encabezadas por el subsecretario de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental de EE.UU., Craig Kelly, y el viceministro cubano de Exteriores, Dagoberto Rodríguez, quien señaló que habrá una cuarta reunión en La Habana a finales de 2010.

"En esta ronda avanzamos en la identificación de aspectos que nos permitirán fortalecer el enfrentamiento al tráfico de emigrantes, lo cual valida la utilidad de estos encuentros", dijo el viceministro en un comunicado difundido por la Sección de Intereses Cubanos en Washington.

Sin embargo, reiteró que este tráfico no podrá eliminarse "ni se podrá alcanzar una emigración legal, segura y ordenada entre los dos países" mientras se mantengan la Ley de Ajuste Cubano y la política de "pie seco-pie mojado".

Esa ley, vigente desde 1966, y la política de "pie seco/pie mojado" establecen que los cubanos que llegan a territorio estadounidense pueden quedarse, mientras que los interceptados en el mar, aunque sea a pocos metros de la orilla, son devueltos a Cuba.

Rodríguez consideró que esa política "viola el espíritu" de los acuerdos migratorios y "constituye el principal estímulo a las salidas ilegales desde Cuba y al tráfico de personas" por la esperanza de que puedan quedarse en territorio estadounidense.

Por su parte, Estados Unidos pidió a las autoridades cubanas que permitan trabajar "completa y efectivamente" a su Sección de Intereses en La Habana para "garantizar la seguridad de los cubanos que son devueltos a la isla".

Ambos países firmaron en 1994 un acuerdo migratorio, tras la salida de 35.000 cubanos rumbo a EE.UU., conocida como la "crisis de los balseros", por el que Washington otorga cada año 20.000 visados a cubanos.

Por su parte, el Gobierno de la isla recibe sin represalias a quienes intentan emigrar ilegalmente y son interceptados por guardacostas norteamericanos.

La de hoy fue la tercera reunión que se produce desde que ambos países, sin relaciones diplomáticas desde 1962, retomaran las conversaciones migratorias en julio del pasado año en Nueva York, que suspendió en 2004 el entonces presidente George W. Bush.

Su sucesor, Barack Obama, ha tratado de descongelar las relaciones rotas con La Habana desde hace casi medio siglo con medidas como la reanudación del servicio directo de correos y la supresión de restricciones al envío de remesas y viajes a la isla por parte de los cubanoamericanos.

Ese clima de apertura sufrió un traspié con la detención de Gross, empleado de una empresa subcontratada por la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID).

Gross, de 60 años, fue arrestado por distribuir computadores portátiles, móviles y otros equipos tecnológicos a grupos opuestos al Gobierno cubano, según La Habana, que lo acusa además de espionaje.

Washington negó que estuviera vinculado con sus agencias de espionaje y mantiene que se dedicaba a conectar a internet a los ciudadanos cubanos.

La secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, señaló que su detención "está perjudicando" las relaciones entre Cuba y EE.UU.

A las tensiones en torno a ese caso se han sumado las críticas de EE.UU. a la falta de respeto de los derechos humanos y a la libertad de expresión en su informe anual sobre el tema, que Cuba rechaza.

Washington también pidió la liberación de los presos políticos y emitió una dura condena tras la muerte del opositor Orlando Zapata tras 80 días en huelga de hambre, lo que ha enrarecido aún más las relaciones entre ambos países.

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