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REPORTAJE:

En España también se concedieron “Hipotecas-Basura”

miércoles 22 de octubre de 2014, 11:21h
(Foto: J.I.Vera) Juan Carlos Rois, presidente de AESCO, la ONG que asesora a inmigrantes “ahorcados por las hipotecas”
(Foto: J.I.Vera) Juan Carlos Rois, presidente de AESCO, la ONG que asesora a inmigrantes “ahorcados por las hipotecas”
El término “Hipotecas-Basura” fue acuñado a raíz de lo sucedido en EE. UU., con hipotecas concedidas a clientes insolventes que no aportaron en el momento de la concesión de los créditos, las garantías necesarias para asegurar el total cumplimiento de la deuda hipotecaria.

Juan Carlos Rois, presidente de AESCO, cree que en España también se concedieron con mucha facilidad lo que él prefiere llamar “hipotecas imposibles de pagar” y que ésta situación, terminará por convertirse en un problema de cohesión social.

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Juan Carlos Rois, abogado de profesión es desde 2007, el presidente de la ONG AESCO organización que desde hace algún tiempo, ha tomado el liderazgo en la búsqueda de una solución a un acuciante problema que afecta principalmente, a miles de familias de inmigrantes que seducidos por la posibilidad de adquirir en España una vivienda propia entraron –casi sin saberlo-, en una vorágine financiera que hoy mismo les tienen, a las puertas de una crisis y situación insolubles por cuanto no existen en la legislación española actual, los mecanismos que les permitan enfrentar al monstruo que se les viene encima con una mínima posibilidad de un arreglo razonable con sus acreedores.

En su despacho de trabajo, Juan Carlos Rois explica EuroMundo Global como la ONG que dirige, se involucró en éste problema cuyas dimensiones son todavía difíciles de cuantificar: “Hacia finales de 2006 -explica Rois-, nuestra organización comenzó a notar un creciente número de consultas respecto de las dificultades que enfrentaban las familias inmigrantes para hacer frente a los pagos de hipotecas que crecían de manera sostenida. Ellos nos llevó a constatar que en su gran mayoría, bancos y cajas de ahorro, habían concedido préstamos hipotecarios en condiciones de interés variable y, en muchos casos con una tasa creciente, lo que hacía subir de manera progresiva la cuota de la hipoteca hasta alcanzar prácticamente, el 100% del total de los ingresos del grupo familiar.

Cuando se produjo hace algunos años el fuerte impulso del mercado de compra y venta inmobiliaria, nadie reparó en los perjuicios que podría traer en el corto plazo, pese a que la Unión Europea advirtió a España que la pujante dinámica inmobiliaria hasta podría estar creciendo de manera desmedida y sin un respaldo real lo que hacía entonces, muy peligrosa la escalada de compra y venta de viviendas con préstamos hipotecarios concedidos de manera muy fácil por bancos y cajas que aceptaban prácticamente, todo lo que las inmobiliarias trajesen como potenciales compradores de viviendas.

Según expresa Rois, “el análisis de los casi 4.000 casos que actualmente AESCO maneja, ha permitido establecer la perniciosa práctica encadenada empleada por bancos, cajas de ahorro, inmobiliarias, tasadores y notarías para realizar las operaciones hipotecarias hasta llegar al actual estado de situación: los distintos intervinientes en éstas operaciones, sencillamente pasaron por alto nóminas inferiores a mil euros, antigüedad de contratos de trabajo de dos, tres o menos años, avalistas cruzados y vueltos a cruzar y también con nóminas apenas de “mileuristas”, sobre tasaciones de los inmuebles interesadas para cubrir todos los gastos, situaciones todas que han conformado una bolsa de potenciales viviendas destinadas a la subasta pública por impago de hipotecas con todo lo que esto conlleva ya que actualmente, la legislación española -a diferencia de otros países-, no permite la extinción de la deuda con el remate de la propiedad objeto del impago ya que si el valor conseguido en la subasta no cubre lo adeudado, el deudor hipotecario continuará encadenado de por vida, a la situación de deudor”.

Juan Carlos Rois, cree que este problema por sus connotaciones y alcance, debe ser resuelto por las instancias administrativas, políticas e institucionales y en la búsqueda de una solución, AESCO está tomando contacto con autoridades locales, (municipios, comunidad), instituciones (sindicatos) y partidos políticos para conseguir involucrar a todos los estamentos públicos en la búsqueda de una alternativa viable a un hecho que en el corto plazo, puede transformarse en un problema de cohesión social por las muchas implicaciones que supone.

Ante la pregunta de cual es la actitud de los principales responsables de esta escalada (los bancos), Rois señala que los bancos de momento, ha optado por la postura de que “cada deudor hipotecario debe conversar de manera individual su caso aunque -según agrega-, ya hay un banco que ha preferido poner sobre la mesa, una alternativa que podría ser viable: La Caixa Catalana propone recibir el inmueble en dación de pago y al mismo tiempo, alquilar el piso con opción de compra al deudor y considerar lo pagado en concepto de alquiler, como parte de pago en la nueva operación de compra del inmueble que se efectuaría un tiempo después”.

Con esta posibilidad se abre al menos –en opinión de Rois-, “una oportunidad para que ambos (banco y deudor hipotecario) salgan lo menos perjudicados posible ya que el banco es consciente de que en casi todos los casos, la propiedad se haya sobre valorada y por tanto, la posibilidad de alcanzar en una subasta el valor de lo adeudado es mínimo. Por otra parte, al banco no le interesa acumular propiedades con pocas o ninguna posibilidad de vender y de ahí entonces que “cortar”, recibiendo el inmueble en dación de pago y alquiler para luego al cabo de un tiempo volver a realizar una nueva operación de venta, sea vista por la Caixa Catalana como la menos perjudicial para todos”.

AESCO está presentando a los distintos interlocutores sociales y políticos, un memorando con una serie de alternativas para modificar la Ley que regula estas operaciones y que pretende establecer una mayor transparencia en los procedimientos empleados por bancos, inmobiliarias, tasadores, notarias y también en los requisitos exigidos a los potenciales adquirentes -para evitar lo ocurrido con el cruce de avales- así como también la creación de un Fondo de Garantía Hipotecaria y la modificación de la Ley para permitir que en el caso de subasta de la propiedad objeto de la deuda hipotecaria impagada ésta, se extinga con la enajenación del inmueble situación que impediría la sobre valoración abusiva de las viviendas que ha sido uno de los detonantes de la actual crisis de las hipotecas imposibles de pagar.
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