Un juez estadounidense archiva algunas de las causas contra Sánchez de Lozada

El juez analiza la responsabilidad que tuvo el mandatario, que reside en Florida, en la masacre ocurrida en La Paz a finales de 2003, cuando presuntamente ordenó al ejercito cargar contra una muchedumbre que se estaban manifestando, lo que resultó en la muerte de 60 personas.

Varias familias de los fallecidos denunciaron en EE.UU. a Sánchez de Lozada y a su entonces ministro de Defensa, José Carlos Sánchez Berzain, quien también reside en este país, de crímenes contra la humanidad y de asesinatos extrajudiciales.

En su fallo, el juez ha decidido archivar las demandas presentadas por siete de los denunciantes, la mayor parte de ellas por considerar que no han podido probar que los fallecidos eran un "objetivo" de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, ha considerado que otros tienen suficiente base legal para seguir adelante.

La decisión que adoptó el juez Jordan fue saludada hoy por las dos partes en conflicto.

Por un lado, la abogada de Sánchez de Lozada, Ana Reyes, se mostró en un comunicado "complacida" por el hecho de que el magistrado haya archivado "la mayoría de los alegatos presentados por los demandantes", por considerar que no tienen "base legal alguna".

Ana Reyes reconoce que "esta decisión no es un veredicto sobre este caso civil, sino simplemente un fallo procesal", y dijo que "se están considerando todas las opciones legales disponibles".

En caso de que se llegue a un juicio, "los hechos demostrarán que el presidente Sánchez de Lozada y su gabinete actuaron legal y responsablemente para proteger la vida de ciudadanos inocentes de los actos de violencia de manifestantes que en algunos casos estaban armados", agregó Reyes.

Por su lado, Judith Brown Chomsky, quien representa a los demandantes a través del Centro por los Derechos Constitucionales, aseguró que la decisión del juez es "una gran victoria para los demandantes, para las familias de los que fueron asesinados".
"Este fallo procesal reafirma que la justicia estadounidense puede tomar acciones contra aquellos que atentan contra los derechos humanos", apuntó en un comunicado.

Los demandantes alegan que en septiembre y octubre de 2003 Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín ordenaron a las fuerzas de seguridad bolivianas usar armas letales para disolver las manifestaciones populares contra el Gobierno, algunas de ellas protagonizadas por indígenas de la comunidad Aymara.

"Seis años después de que ordenaran atacar a los civiles, Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín están un paso más cerca de responder por sus acciones en una corte judicial", aseguró hoy Jeremy Bollinger, un abogado que representa a los demandantes.

Para James Cavallaro, director ejecutivo del programa de Derechos Humanos de la Universidad de Derecho de Harvard, "esta decisión es un recordatorio de que los jefes de estado extranjeros no pueden actuar con impunidad".
"Es un poderoso ejemplo de cómo la ley internacional hace más difícil a los que violan los derechos humanos escapar impunemente de la Justicia volando a otros países", dijo Cavallaro.

Mauricio Balcazar, asesor del ex presidente Sánchez de Lozada, predijo, por su parte, que ahora vendrá un "complicado proceso de apelaciones" y que "este caso no ingresará en un juicio propiamente dicho hasta dentro de unos dos años", ya que aún faltan varios procedimientos y apelaciones pendientes.