La intervención de esos latifundios fue ordenada el pasado 8 de diciembre por el presidente venezolano, Hugo Chávez, quien dijo entonces que se trataba de 43 terrenos privados que sumaban un total de 20.200 hectáreas.
“Vamos a dar inicio a la operación de rescate de tierras en todo el Sur del Lago'' de Maracaibo, “solo recuperando los bienes de la naturaleza, que son de todos los venezolanos, es que vamos a sacar adelante a este país'', declaró Loyo ante un contingente de 138 soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en un acto trasmitido por televisión. La estatal Venezolana de Televisión (VTV) informó en un cintillo, mientras transmitía el acto oficial, de que este viernes se iniciaba la toma de 47 latifundios, sin más precisiones.
“Estamos hablando de los mejores suelos de nuestro país, que deberían estar dedicados íntegramente a la mayor y mejor producción agrícola, ganadera, y alimentos que lleguen al propio pueblo necesitado'', afirmó Loyo en su discurso ante los militares.
Los terrenos se encuentran en los estados occidentales de Zulia y Mérida, y Chávez decidió su intervención como parte de las medidas de emergencia para afrontar el “impacto social'' del temporal que en noviembre azotó a Venezuela y dejó al menos 35 muertos y más de 130,000 personas afectadas.
La intervención de los latifundios fue tildada por Chávez como una “acción revolucionaria para profundizar la transformación estructural de un mundo de desigualdades'', y prometió entregarlas a campesinos pobres que, aseguró, deben ``pagar millones'' a los dueños para cultivarlas.
Sectores de oposición reiteraron su rechazo a la toma de los terrenos, que el diputado electo a la Asamblea Nacional, José Manuel González, calificó de ``asalto y arbitrariedad'' en una entrevista con la televisión local.
En octubre pasado, Chávez dijo que iniciaba una “nueva ofensiva'' en su lucha contra el latifundio, y anunció la intervención, sólo ese mes, de 250,000 hectáreas de tierras en los estados Lara, Apure y Zulia. El mandatario también expropió en octubre la empresa Agroisleña, de capital español, la mayor distribuidora de fertilizantes y agroquímicos del país, y reiteró su intención de tomar los nueve hatos ganaderos de la Compañía Inglesa, de capitales británicos, que suman unas 200.000 hectáreas.
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