La propuesta establece nuevos requisitos para obtener estatus legal y otorga vastos poderes al gobierno para disolver las organizaciones por "activismo político" y monitorear sus actividades de manera constante, señaló HRW en un comunicado.
"Los amplios poderes que este proyecto de decreto daría a los funcionarios gubernamentales para supervisar y disolver organizaciones de la sociedad civil limitaría severamente la capacidad de las organizaciones por derechos humanos para trabajar de forma independiente", dijo José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas.
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