Las muertes caninas se atribuyen a las ordenanzas emitidas por la gobernación del estado de Nueva Esparta y de la alcaldía del municipio de Mariño, lo cual motivó la intervención de la ministra de salud, María Eugenia Sader, quien no dudó en aplicar sanciones contra los funcionarios de las entidades territoriales responsables de la profilaxis.
Para las organizaciones veterinarias Proamar y Perro Sin Hogar, ya se había denunciado la situación ante las autoridades y en la red social Twitter, alegando que fue el Centro Regional de Zoonosis en cuestión la que ordenó poner carne bovina envenenada. Además, pidieron que en lugar de envenenamientos, se apliquen otras soluciones como adoptar y vacunar a estos animales, así como exhortar a los ciudadanos a esterilizarlos.
La activista Cristina Camilloni, alabó la intervención de Sader y recalcó los motivos por los cuales se fundamenta la marcha, mientras asistía a un oficio religioso en dedicatoria a las mascotas.
Por su parte, el mandatario de Mariño, Alfredo Díaz, se defiende de las acusaciones y protestas en su contra, aludiendo que su ayuntamiento nada tuvo que ver en la muerte de los perros pero aclara que sus funcionarios se limitaron en la recogida de los cadáveres, cosa que según él es de su fuero.
Mientras tanto, la marcha será convocada en todo el país. Sobretodo en Caracas, ya que la movilización partirá desde el Parque Carabobo hasta el Capitolio, sede de la Asamblea Nacional.
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