Ministro peruano aclara que el subsuelo amazónico no es de los indígenas en huelga

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) pidió que el Gobierno peruano derogue unos decretos legislativos sobre gestión de aguas, en apoyo a las protestas indígenas que se desarrollan desde el pasado mes de abril. EFE
En rueda de prensa con corresponsales extranjeros, Brack dijo que, a diferencia de otros países, en Perú "el subsuelo es de todos los peruanos, no es de los pueblos indígenas" y es prioridad del Gobierno "garantizar la seguridad energética del país", mediante la explotación de petróleo y gas disponibles en la selva.

Un amplio sector de organizaciones indígenas de la Amazonía, liderado por Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), en cabeza de Alberto Pizango, pide derogar las leyes que consideran violatorias de su propiedad de las tierras y que se impida la explotación de hidrocarburos en la selva.

Los pedidos de derogatoria de leyes dependen del Congreso y la comisión de Constitución del Parlamento ya recomendó, la semana pasada, que se vote un informe en ese sentido, recordó Brack.

No obstante, el ministro señaló que el tema de las protestas está "muy politizado", pues el líder Pizango, que rechaza a otros sectores indígenas que sí se sientan a dialogar con el Gobierno, tiene cercanía con el partido Nacionalista del opositor Ollanta Humala.
"Democráticamente, todos pueden protestar, pero no pueden comprometer la economía del país", apuntó.

El titular del Ambiente criticó al sector indígena amazónico, encabezado por Aidesep, que "no quieren que se explote gas y petróleo", lo que es totalmente contrario a la política de desarrollo de la amazonía del Estado peruano.
"El Gobierno no va a hacer cambios porque no podemos comprometer la seguridad energética del país", insistió Brack, tras recordar que su país importa petróleo por una cantidad anual de 2.500 millones de dólares.

Varias comunidades indígenas ha bloqueado las operaciones de Perenco y de argentina Pluspetrol, en el yacimiento de gas de Camisea al sureste de Perú, desde hace más de un mes, lo que provocó la declaratoria de emergencia en varias provincias para retirar las barcazas que impedían el paso de las naves petroleras en varios ríos.

Otro de los reclamos de Aidesep es que no se penetre en las zonas donde se presume la existencia de comunidades nativas no contactadas.

Sin embargo, el ministro aseguró que "no está demostrada" la presencia de indígenas no contactados en la zona del río Corrientes, en la región Loreto, donde opera la empresa anglo-francesa Perenco hace más de 30 años, ni en el Parque Nacional de la Cordillera

Azul en la región Amazonas.

Aclaró que este tipo de comunidades están en las regiones selváticas de Ucayali y Madre de Dios.

En la Amazonía peruana hay 63 millones de hectáreas de bosques naturales y de ellas 55 millones de hectáreas han sido propuestas para ser protegidas, señaló Brack.

Sin embargo, el ministro explicó que 7,7 millones de hectáreas están en concesión para la actividad privada y sobre este territorio se sobreponen los lotes hidrocarburíferos que están en el subsuelo.