El fallo, de la II Sala Penal del máximo tribunal chileno sentenció a Contreras a siete años sin beneficio y a seis años, también sin beneficios, al ex teniente coronel David Miranda Monardes y absolvió, por falta de participación, al general retirado Eugenio Videla y al ex agente civil Carlos Araya Silva.
Los asesinatos ocurrieron el 22 de septiembre de 1973 en el camino entre el puerto de San Antonio y la localidad de Bucalemu, a unos 120 kilómetros al suroeste de Santiago, donde fueron asesinados Armando Jiménez Machuca, Samuel Núñez González, Guillermo Álvarez Cañas, Héctor Rojo Alfaro, Raúl Bacciarini y Fidel Bravo Álvarez.
En primera instancia, el juez especial Joaquín Billard había determinado que Contreras a 15 años de presidio por estos crímenes y a Miranda Monardes a doce años, penas que la Corte de Apelaciones de Satiago redujo después a doce y seis años de prisión, respectivamente.
En la parte civil, la Suprema rechazó la solicitud de indemnización de perjuicios para los familiares de las víctimas.
En la fecha de los crímenes, Manuel Contreras era el director de la Escuela de Ingenieros del Ejército, con base en la localidad de Tejas Verdes, vecina a San Antonio.
De las víctimas, Raúl Bacciarini, de 49 años, era Secretario Regional del Partido Socialista en San Antonio; Héctor Rojo (de 43 años) dirigente sindical de los estibadores y militante del Partido Comunista; Samuel Núnez (49 años), dirigente de los estibadores y militante socialista.
Armando Jiménez (38 años), también era dirigente de los estibadores y militantes socialista, mientras Guillermo Álvarez (49 años) era el presidente del Sindicato de Estibadores de San Antonio y militante del Partido Demócrata Cristiano y Fidel Bravo (22 años), era obrero y militante socialista.
Los militares dijeron entonces que tras ser detenidos, los "peligrosos extremistas" trataron de escapar mientras eran trasladados desde San Antonio al campo de prisioneros de Bucalemu, pero fueron abatidos por los soldados que los custodiaban.
Durante el juicio se demostró que nunca hubo un campo de prisioneros en Bucalemu; que Raúl Bacciarini tenía ambas rodillas rotas por la tortura y no podía desplazarse; Álvarez estaba convaleciente de una cirugía mayor a la que fue sometido poco antes de su detención.
También se probó que los cadáveres presentaban muchos impactos de bala post mortem, hechos con las víctimas en el suelo.
En el mismo lugar, cuatro días antes, habían sido fusilados, por dictamen de un consejo de guerra, Jorge Cornejo Carvajal (26), inspector de la Dirección de Industria y Comercio (Dirinco) y Patricio Rojas González (21), ambos militantes socialistas.
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