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El Gobierno aparca la reforma del Código Penal y prioriza la agenda social en la recta final de 2021
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El Gobierno aparca la reforma del Código Penal y prioriza la agenda social en la recta final de 2021

  • El Plan Normativo de 2021 que el Consejo de Ministros aprueba este martes deja fuera el compromiso de modificar el delito de sedición. La ley de vivienda y la derogación de la reforma laboral son dos prioridades de las 143 iniciativas normativas que Sánchez pretende que se lleven a cabo este año

martes 31 de agosto de 2021, 18:27h

31AGO21 – MADRID.- 143 iniciativas normativas son los deberes que Pedro Sánchez ha puesto al Consejo de Ministros para este año. El Gobierno aprueba este martes el Plan Anual Normativo de 2021, tal y como está obligado para publicar los compromisos legislativos que pretende llevar a cabo a lo largo del año, independientemente de que luego se ejecuten o no.

La pandemia obligó a la coalición a reformular sus planes el pasado año y fuentes del Gobierno apuntan a que esa "situación de excepcionalidad" provocó que se aprobaran medidas que no estaban incluidas y que, aún así, se cumpliera con buena parte de los objetivos. Sin embargo, algunos de los compromisos no llegaron a ejecutarse y vuelven a aparecer en las promesas legislativas de 2021, como la ley estatal de vivienda, y otros ni siquiera aparecen en esta ocasión, como los cambios en el Código Penal.

La reforma integral de la legislación penal es una promesa del PSOE e incluye cambios en los tipos de la rebelión y sedición para adecuarlos a la legislación de otros países europeos tras los problemas que tuvo España para extraditar a Carles Puigdemont y otros líderes independentistas. Los anteriores ministros de Justicia de Sánchez aseguraron que la reforma estaba avanzada y que era una prioridad del Gobierno en un momento en el que el diálogo con la Generalitat echaba a andar. Moncloa se planteó incluso desligar esa parte del resto de la reforma. Sin embargo, todo lo relacionado con el Código Penal se ha quedado fuera de los planes del Ejecutivo para este año a las puertas de que se reactive la mesa bilateral la tercera semana de septiembre y después de la concesión de los indultos en el mes de junio.

Fuentes del Gobierno explican que se ha puesto el foco en "la transformación social y justa del país" por lo que se ha priorizado la aprobación de otros asuntos antes del 31 de diciembre. Esas mismas fuentes explican que el Plan Normativo Anual de 2021, que expondrá este martes el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, junto con el informe de evaluación del de 2020, "recoge un trabajo de planificación coherente con los compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con iniciativas que responden a los diferentes componentes". Entre las medidas se incluyen algunas de tinte económico, como las leyes de fomento del ecosistema de las empresas emergentes y de creación y crecimiento de empresas, o la Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera. El Gobierno se compromete a la Ley de cooperación internacional para el desarrollo sostenible

Tras la aprobación del plan, el presidente expondrá públicamente los ejes de la acción de Gobierno en un acto en Casa de América el miércoles y que tendrán en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado uno de sus principales hitos.

Reforma laboral y vivienda

Una de las medidas primordiales para el Ejecutivo en el último trimestre es la derogación de la reforma laboral. El objetivo, tal y como expresó la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es acometer antes de que acabe el año el desmontaje de la legislación que impuso Mariano Rajoy. La propuesta, que se está abordando ya con los agentes sociales, figura en el centenar de iniciativas normativas que el Gobierno ha incluido en el plan de 2021.

La promesa del Gobierno también es que la ley estatal de vivienda vea la luz antes de que finalice el año. La normativa está muy avanzada pero atascada desde hace meses por el principal escollo: la regulación de los precios del alquiler. A José Luis Ábalos se le atragantó el acuerdo con el socio minoritario de la coalición, que exige que se ponga un tope en las zonas tensionadas. Los socialistas se han opuesto a esa medida y han apostado por otras como las bonificaciones fiscales como fórmula para que bajen los precios. La ministra de Transportes, Agenda Urbana y Movilidad, Raquel Sánchez, tendrá que remangarse en las próximas semanas para intentar un entendimiento con Unidas Podemos que permita llegar al nuevo plazo tras meses de incumplimientos. Además, el ministerio tendrá que elevar también al Consejo de Ministros el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025.

Uno de los principales frentes de la coalición en los próximos meses es el histórico incremento del precio de la luz, que es una cuestión compleja pero que inquieta especialmente a los partidos que la integran porque afecta directamente al bolsillo de los ciudadanos. La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha admitido que el recibo se incrementará un 25% este año, pero ha rechazado intervenir la luz en el marco de la reforma que ha anunciado para controlar el vaciado de embalses. El desacuerdo en esa materia entre PSOE y Unidas Podemos es patente, a pesar de que Ribera se abrió este verano por primera vez a la propuesta de una empresa pública de energía.

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