El bloqueo se ha mantenido desde entonces por la repetición electoral de 2019 y la falta de acuerdo político para la renovación de sus veinte vocales, que tiene que ser acordada por una mayoría reforzada de tres quintos de los miembros de las Cortes Generales.
El Partido Popular, que salió de la Moncloa en junio de 2018 tras la moción de censura de Pedro Sánchez, se ha resistido durante todo este tiempo a perder su poder en una de las instituciones clave del Estado, la que decide qué jueces ascienden a los más altos puestos de la judicatura. El actual órgano de gobierno de los jueces cuenta con once vocales elegidos a propuesta del PP, siete del PSOE, una de IU y otro del PNV. Al frente está Carlos Lesmes, que fue alto cargo en los gobiernos de José María Aznar. Su composición de mayoría conservadora —elegida cuando Mariano Rajoy gobernaba con mayoría absoluta— nada tiene que ver con la realidad parlamentaria dibujada ahora por las urnas. De hecho, se han celebrado cuatro elecciones generales desde que se eligió.
Pero en los últimos meses, los conservadores han desplegado toda una batería de condiciones cambiantes para pactar la renovación que van desde vetar la presencia de Unidas Podemos en las negociaciones a tipificar de nuevo el delito de referéndum o reformar la euroorden. También han puesto como excusa el sí de EH Bildu a los Presupuestos de 2021 o la posición del socio minoritario del Gobierno en contra de la monarquía. De forma más reciente han reclamado un cambio en el sistema de elección de los vocales para que los doce de extracción judicial sean seleccionados directamente por sus compañeros —como sucedía hasta 1985—, una reforma que el PP no promovió durante sus dos mayorías absolutas. En la actualidad los jueces hacen una criba de nombres, y luego los partidos eligen, siempre que alcancen esa mayoría en el Congreso.
El pasado febrero saltó por los aires la negociación que más cerca ha estado de prosperar desde que en 2018 un mensaje de su entonces portavoz en el Senado, Juan Ignacio Cosidó, jactándose de controlar “por detrás” (con el nombramiento de Manuel Marchena) la sala más delicada del Tribunal Supremo frustrara la renovación. Marchena acabó renunciando y la negociación volvió a la casilla de salida.
En esta última ocasión, las conversaciones se rompieron ante la negativa del partido de Casado a aceptar las propuestas de Unidas Podemos para el CGPJ: Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la violencia machista, y el magistrado Ricardo de Prada, quien ya fuera propuesto por el PSOE y a quien se le atribuyen los pasajes de la sentencia del caso Gürtel que dieron por acreditada la caja B del PP y que provocaron la moción de censura contra Mariano Rajoy.
Desde la restauración de la democracia, los tres bloqueos del PP en la renovación del CGPJ —entre 1995 y 1996, entre 2006 y 2008 y el actual— han servido para que la derecha decidiera la mayoría de los nombramientos de jueces en el Supremo. Gracias a ese lento proceso en el que participaron en su día José María Aznar y Mariano Rajoy, y que hasta ahora ha protagonizado el propio Casado, se ha dado la situación de que la Sala de lo Penal —la que examina en última instancia la mayoría de las causas penales que se juzgan en España y por la que pasan los casos de corrupción— pasara de estar formada en 1995 por siete jueces progresistas y seis conservadores a que en 2021 sean doce conservadores frente a cuatro progresistas.
Entre los vocales consultados por elDiario.es están quienes hablan de “resignación” ante la falta de señales de un posible acuerdo y los que se dicen “expectantes” ante la posibilidad de que los grupos políticos lleguen a un acuerdo en cualquier momento. Eso sí, lo que todos parecen tener claro es que si hay relevo llegará tras un pacto “discreto” y en el que no se airee ningún nombre en la plaza pública. El anterior ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha deslizado varias veces que el acuerdo con el negociador de Casado —el consejero de Justicia de Madrid, Enrique López— estaba hecho a falta de que el líder del PP quisiera comunicar el acuerdo.
Entretanto, se espera que el presidente Lesmes haga un nuevo llamamiento público a la renovación en su discurso en el acto solemne de Apertura del Año Judicial, el próximo 6 de septiembre. Ya lo hizo el año pasado, cuando también defendió que el CGPJ siguiera haciendo nombramientos con el mandato caducado.
74 nombramientos en funciones
Precisamente durante los más de dos años y medio de mandato prorrogado, el CGPJ ha trazado buena parte de la composición de los principales tribunales para los próximos años. Ha acordado en funciones 74 nombramientos en la cúpula judicial, 21 de ellos en el Tribunal Supremo, donde se consideran especialmente sensibles porque esos puestos, salvo renuncia, se mantienen hasta la jubilación, fijada para jueces y magistrados a los 72 años.
Esta cuestión ha sido uno de los puntos de enfrentamiento con el Ejecutivo, donde siempre han considerado que el CGPJ caducado debería haberse limitado a decidir sobre cuestiones de gestión. La tensión con los partidos que sustentan el Gobierno de coalición se incrementó a raíz de la urgencia con la que ambos tramitaron su iniciativa para limitar las competencias del órgano de gobierno de los jueces con el mandato prorrogado y evitar que pudiera seguir haciendo nombramientos clave. El CGPJ, con el respaldo de 16 de sus 21 miembros, acusó a PSOE y Unidas Podemos de quebrantar la “separación de poderes” por quitarle competencias de forma exprés y ambos partidos —a través de la Mesa del Congreso, donde tienen mayoría— contestaron pidiendo “respeto” a su capacidad de legislar. Esta reforma quedó finalmente aprobada el pasado marzo.
Previamente, PSOE y Unidos Podemos habían registrado otra proposición con la que pretendían rebajar la mayoría requerida para renovar el CGPJ y así forzar su renovación sin el concurso del PP. Pero ese texto fue cuestionado por la Comisión Europea, el Consejo de Europa, la oposición y tres de las cuatro asociaciones judiciales y fue retirado por el Gobierno poco más de una semana después. Esa proposición tampoco gustaba a la mayoría de vocales del CGPJ aunque, por una cuestión de plazos, se acabó debatiendo una vez aparcado. En todo caso, el órgano advirtió de que cualquier reforma debía ser "conforme con la Constitución y el derecho de la UE".
Podemos se ha mostrado recientemente partidario de retomar esa iniciativa ante el mantenimiento del bloqueo. “La vía orgánica del Poder Judicial se hizo en un momento en el que el bipartidismo imperaba en este país y en aquella época no se pensaba un contexto político como el actual. Sería lógico y adecuado modificar esas mayorías para adaptarlas a la realidad actual y a la realidad del Congreso y así poder desencallar la situación", aseguró la semana pasada a Europa Press su coportavoz, Pablo Fernández.
Los otros choques con el Gobierno
Los relativos a los nombramientos o el sistema de elección no han sido los únicos encontronazos entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. En enero de 2020, solo dos días después de tomar posesión, el CGPJ lanzó el primer aviso al entonces vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias por sus críticas a los jueces. El órgano le pidió que evitara "la utilización política" de la Justicia tras calificar en una entrevista de "humillación" que "muchos" tribunales europeos hubieran "quitado la razón" a jueces españoles en resoluciones relacionadas con el procés. Entonces, la Moncloa reaccionó al toque de atención de la cúpula judicial cerrando filas con Iglesias y enmarcó las palabras del vicepresidente en la “libertad de expresión”.
Tres meses después, en abril de 2020 y en pleno confinamiento, el órgano de gobierno de los jueces reprobó de nuevo a Iglesias después de que éste asegurara en un tuit que le invadía "una enorme sensación de injusticia" tras la condena por un delito de atentado y lesiones leves en una protesta contra un desahucio a la portavoz de Podemos Isabel Serra. El CGPJ acusó a Iglesias de generar "una sospecha inaceptable" sobre la independencia de los jueces.
Previamente, en enero, había tenido lugar otro momento de tensión entre ambas instituciones a raíz de la elección de la exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general del Estado. A propuesta del presidente Lesmes, el CGPJ evitó pronunciarse sobre la idoneidad de Delgado para el cargo —tal y como se había hecho en las cuatro ocasiones anteriores— y se limitó a aceptar que reunía los requisitos “exigidos por la legislación". Siete vocales del ala conservadora firmaron un voto particular en el que expresaban que no era idónea porque su "apariencia de vinculación con el Poder Ejecutivo” no contribuía “a la percepción de la independencia de la Fiscalía”.
La maltrecha relación del Gobierno con la cúpula del Poder Judicial tuvo otro episodio con la entrega de despachos a la última promoción de jueces, el pasado 25 de septiembre. La Moncloa vetó la asistencia de Felipe VI a ese acto, celebrado en Barcelona, tras saber que iba a coincidir con la sentencia sobre la inhabilitación de Quim Torra. En el Ejecutivo, aunque no lo comunicaron a la opinión pública, entendieron que había que blindar al monarca ante posibles incidentes e intentaron aplazarlo y alejarlo lo más posible de la tensión política que podría provocar el fallo, a lo que Lesmes se negó. De hecho, llegó incluso a desvelar una llamada de cortesía de Felipe VI, un movimiento que en la Moncloa se interpretó como una utilización de la Corona como ariete contra el Ejecutivo.
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