A última hora del viernes, el propio García Egea reconocía que "personas de Ciudadanos" alertaron a su partido el martes por la noche de que la formación de Inés Arrimadas iba a presentar una moción de censura junto al PSOE en Murcia. En una entrevista en Antena 3, García Egea defendía, en todo caso, el acuerdo logrado por él mismo con tres tránsfugas de Ciudadanos. "Lo que hay son tres personas que se han mantenido fieles a lo que firmaron en un pacto con el PP", aseguraba el 'número dos' del PP, que añadía que esos tránsfugas "firmaron sin querer firmar" la moción de censura de la que ahora se han retractado. También decía que, "al paso que vamos, cuando se vote la moción en el ayuntamiento de Murcia" no sabe "si seguirá vivo un partido llamado Ciudadanos".
García Egea ha sido el centro de las críticas internas desde que Pablo Casado le nombró como su 'número dos', tras ganar las primarias de 2018. Barones y dirigentes críticos reprocharon directamente a García Egea primero el giro a la derecha que emprendió la formación conservadora. Después, le atribuyeron las estrategias de campaña que nunca funcionaron en las urnas, ya que el partido acumula sucesivas derrotas electorales desde la salida de Mariano Rajoy, la última, la de las catalanas del 14 de febrero en las que el PP obtuvo allí el peor resultado de su historia, siendo sobrepasado por primera vez por Vox.
También le culparon de una deficiente gestión de los problemas financieros derivados de esas derrotas al atribuirle directamente a él las polémicas decisiones de dejar la histórica sede de Génova 13 o de forzar a los barones a aumentar la contribución de los territorios para el PP nacional. Más recientemente, los sectores críticos afearon a García Egea su actitud autoritaria para intentar controlar todos los niveles orgánicos del partido empezando por colocar a afines a Génova 13 en los congresos provinciales que se están celebrando en las últimas semanas.
A todo ello se unió esta semana el comienzo del desmoronamiento de su único logro político en más de dos años y medio al frente de la Secretaría General del PP: los acuerdos para gobernar comunidades y ayuntamientos con Ciudadanos y Vox, negociados directamente por García Egea en Castilla y León, Andalucía, Comunidad de Madrid y la Región de Murcia. García Egea se involucró personalmente en esta última, por ser su comunidad de origen y porque el aún presidente, Fernando López Miras, es su amigo personal, de la máxima confianza
La moción de censura anunciada el miércoles por su hasta entonces socio de gobierno Ciudadanos, que sumó sus firmas a las del PSOE –la fuerza más votada en las elecciones de 2019– para desbancar al PP tanto del Ejecutivo regional como del Ayuntamiento de Murcia supuso por ello un duro golpe para el 'número dos' de Casado, que volvía a ser cuestionado internamente y cuya situación parecía herida de muerte. Más aún tras el terremoto político sin precedentes que desencadenó esa moción, con la ruptura del Gobierno de la Comunidad de Madrid por parte de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que adelantó las elecciones a mayo, con la presentación de dos mociones de censura contra Ayuso por parte de PSOE y Más Madrid, y con el registro de otra más por parte del PSOE en Castilla y León, para tratar de impedir que allí también se produjera un adelanto electoral como el madrileño.
In extremis, García Egea decidió este viernes poner en marcha una operación para frenar sí o sí la moción que iba a expulsar al PP del poder en una comunidad, la suya, en la que lleva gobernando 25 años. Y lo logró. El secretario general de los populares viajó a Murcia y consiguió convencer a tres de los seis diputados de Ciudadanos, la aún vicepresidenta Isabel Franco, Valle Miguélez y Francisco Álvarez, cuyo apoyo era necesario para expulsar a López Miras del Gobierno y que el martes también habían firmado la citada moción, para que se convirtieran en tránsfugas y rompieran con sus otros tres compañeros favorables al acuerdo con el PSOE –apoyado por la presidenta nacional, Inés Arrimadas– a cambio de que Miguélez y Álvarez también entraran en el Ejecutivo autonómico con unos sueldos anuales de 76.000 euros.
Vulneración del Pacto Antitransfuguismo
Con el único objetivo de mantener el poder en Murcia, el PP vulneró con un nuevo 'tamayazo' el Pacto Antitransfuguismo que firmó en 1998 junto al resto de los partidos españoles, según el cual se comprometían "a impedir la utilización de tránsfugas para constituir, mantener o cambiar las mayorías de Gobierno de las instituciones públicas, a no apoyar ninguna iniciativa que provenga de los mismos, y a desincentivar el transfuguismo político a través de la adopción de medidas disuasorias de carácter económico, reglamentario y protocolario". El PP, junto a PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos, entre otros partidos, lleva 23 años suscribiendo ese pacto que en un principio se circunscribió al ámbito municipal, pero que el pasado noviembre acordaron extenderlo a todas las administraciones, también las autonómicas.
La polémica maniobra, en la que García Egea contó con el apoyo de Pablo Casado, permitió "reforzar" al secretario general que lleva meses siendo cuestionado por dirigentes críticos de su propio partido, siempre a juicio de la dirección nacional del PP. "El papel del secretario general ha sido muy importante. Ha sido clave para que la Región de Murcia siga manteniendo un Gobierno de Libertad. Su papel queda reforzado", se apresuraron a explicar fuentes del equipo de Casado apenas unos minutos después de que se conociera la operación de los tránsfugas.
Génova 13 envió además un argumentario a todos los cargos del partido, al que tuvo acceso elDiario.es, para que en sus comparecencias públicas defendieran la negociación con los diputados murcianos de Ciudadanos díscolos con la posición de la dirección de su partido. Las consignas de la dirección nacional del PP sostienen que "la Región de Murcia seguirá teniendo un Gobierno de Libertad gracias a la fortaleza de PP", y explicaban la operación de García Egea de la siguiente manera: "Tres diputados de Ciudadanos [en alusión a los tránsfugas] se mantienen hoy en el pacto firmado hace dos años para dar estabilidad a la Región de Murcia. La presidenta de Ciudadanos Murcia, Ana Martínez Vidal [la candidata a presidenta en la moción registrada por Ciudadanos y PSOE], rompió el pacto para expulsar al PP e incorporar al PSOE y Podemos a la gobernabilidad de una Región en la que se votó de forma mayoritaria al centro derecha. En un momento como este, con el plan de vacunación en marcha y las ayudas a los sectores productivos, se necesita estabilidad".
El equipo de Casado se justifica argumentando que la ideada por Ciudadanos y PSOE "ha sido la moción de un miembro del Gobierno de Murcia (Martínez Vidal) contra el resto del Gobierno, con el apoyo de Arrimadas y la actual cúpula de Ciudadanos". "Se trata de la primera moción de censura que un partido de Gobierno se hace a sí mismo y que deja al descubierto que la única crisis existente en Murcia, como en el resto de España, es la de Ciudadanos", añadió Génova 13 en los argumentarios que envió a todos los dirigentes populares. Precisamente Casado trata de aprovechar la crisis interna del partido de Arrimadas y su debilidad, evidenciada en las encuestas y, recientemente, con su debacle en las elecciones catalanas, para absorber en el PP a los restos de la formación que se dice "liberal", en el que constituiría el primer paso en el proceso de "reunificación del centro derecha" en las filas populares ideado por el líder del PP desde que ganó las primarias en 2018, y que en dos años y medio no ha podido materializar ante la división en tres –PP, Vox y Ciudadanos– del electorado conservador español.
El "reparto de sillones"
La maniobra orquestada por García Egea permitirá, a juicio de la dirección de Casado, que López Miras logre "que su proyecto continúe contando con la mayoría de la Asamblea de Murcia". "Los murcianos no quieren una réplica del Gobierno de Sánchez en su región. Sánchez y Arrimadas tienen que retirar de inmediato la moción de censura", añadieron desde Génova 13 en los argumentarios enviados a todos sus cargos. Para la cúpula del PP, "el PSOE es el otro gran perdedor, tras fracasar en su intento de hacerse con el control de una comunidad que eligió de forma mayoritaria al centro derecha. PSOE y Ciudadanos han pensado solo en cómo repartirse sillones mientras el PP ha estado trabajando por los murcianos", añadía el equipo de Casado, solo unos minutos después de haber repartido esos sillones, con sueldos de 76.000 euros anuales, a los tres diputados tránsfugas de Ciudadanos en Murcia.
Con todo, la conclusión que se extrae en Génova 13 de la polémica operación que ha dado un nuevo vuelco a la política española, en una de sus semanas más convulsas, no puede ser más positiva: "El PP ha mostrado su gran fortaleza en Murcia y a nivel nacional. Demuestra que es la única opción de centro derecha posible en nuestro país, con un proyecto y unos valores claros".
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