La petición fue trasladada por el tesorero del partido, Sebastián González, a todos los líderes autonómicos durante el Comité Ejecutivo Nacional que tuvo lugar de forma telemática el pasado 16 de febrero, solo dos días después de encajar la enésima debacle en las urnas en las elecciones catalanas del 14F en las que el PP obtuvo el peor resultado de su historia –solo tres escaños, uno menos que en 2017– y fue aprobada por el citado órgano que reúne a la dirección nacional del PP con sus barones, según han confirmado fuentes del equipo de Casado.
La dirección estatal no hizo pública esa decisión a la que se dio el visto bueno en la reunión que se celebró de forma privada –sin que fuese transmitida a los medios–, a diferencia de la drástica medida anunciada ese mismo día por el propio Casado durante su discurso ante los barones, que fue el principal mensaje del líder del PP ante la prensa: la marcha de la histórica sede del partido de la calle Génova de Madrid. Las dos medidas pillaron, en todo caso, por sorpresa a los líderes territoriales que, según ha podido conocer este diario, a excepción de la madrileña Isabel Díaz Ayuso –una de las apuestas personales de Casado– no habían sido previamente informados de las pretensiones de su jefe de filas para hacer frente a los problemas de tesorería que padece desde su llegada a la presidencia del partido y que están directamente relacionados con la pérdida de los ingresos públicos derivada de las sucesivas derrotas electorales.
El argumento que esgrimió entonces el líder del PP para dejar el mítico edificio fue su intento por romper con el pasado corrupto de su partido, el mismo que reapareció durante la campaña catalana por la confesión de Luis Bárcenas sobre la financiación ilegal del partido y el inicio del juicio de la caja B, y al que Casado culpó de la derrota en Catalunya. Distintos dirigentes como el propio secretario general, Teodoro García Egea, reconocieron después públicamente que detrás de la marcha de Génova hay también razones económicas. De hecho, los ingresos que podría recibir el PP de la venta de Génova 13 rondarían los 36 millones de euros según el portal idealista, una cifra que le permitiría afrontar prácticamente todas sus deudas que, según las últimas cuentas del partido publicadas, las de 2019, ascienden a más de 38 millones.
El "objetivo" del incremento de la aportación que se pide a las delegaciones territoriales es también tratar de asegurar la rentabilidad económica de un partido con serios problemas financieros. Según las fuentes oficiales consultadas, con el aumento de esa cuota se busca "contribuir entre todos los territorios a aquellos gastos transversales de la organización". La dirección de Casado evita concretar la cuantía de la subida y tampoco especifica cuál era la contribución que realizaban hasta ahora sus delegaciones autonómicas a la caja común.
Los ingresos del PP
Los estatutos del partido, aprobados en 2017 cuando Mariano Rajoy aún lideraba el PP y además gobernaba, se limitan a señalar que entre los recursos económicos de la formación conservadora están "las aportaciones que pueda recibir de los grupos institucionales", en alusión a los distintos grupos parlamentarios en el Congreso y Senado, pero también en los parlamentos autonómicos. A esas contribuciones se suman "las subvenciones oficiales que las Administraciones Publicas aporten al Partido", las "cuotas y aportaciones de sus afiliados" o las donaciones, fondos procedentes de préstamos y herencias. "El Comité Ejecutivo Nacional establecerá el importe mínimo de las cuotas a satisfacer por todos los afiliados y de las aportaciones de sus cargos electos", recalcan las normas internas del PP.
Dirigentes territoriales consultados por elDiario.es explican que las aportaciones que realizan los territorios al PP nacional vienen determinadas primero por su representación institucional en sus respectivos parlamentos autonómicos, lo que establece la cuantía de las subvenciones que reciben –cuantos más escaños conseguidos, más ayudas públicas–, y después por el número de militantes adscritos a cada una de las comunidades autónomas –cuantos más afiliados, más aportan a la caja común–.
Según ese criterio, una de las comunidades más afectadas por el aumento de la contribución a las arcas nacionales sería el PP gallego, durante muchos años la sede autonómica con más simpatizantes. Su líder, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, encarna el principal contrapeso interno de Casado. No solo por identificarse con un perfil más moderado sino por su peso institucional y sus logros electorales: cuatro mayorías absolutas consecutivas en Galicia, reforzadas en las elecciones del pasado julio.
De momento, Feijóo no se ha pronunciado sobre el esfuerzo que le plantea la dirección nacional, pero tras recibir esa noticia ha sido uno de los dirigentes más críticos con las últimas decisiones de Casado, incluido el anuncio sobre la marcha de Génova 13. "Si cada vez que un partido tiene problemas con algunas personas se tiene que ir del lugar en el que está, es que igual aquí no quedaba ninguna sede", dijo hace dos semanas en una entrevista en TVE en la que también reconoció que el PP a nivel nacional "debe un porrón de dinero". Sobre ese incremento de la cuota solicitado por la dirección nacional horas antes de esas declaraciones, Feijóo no dijo nada públicamente.
Galicia, Andalucía y Madrid, las más afectadas
La de los populares gallegos es la delegación territorial del PP cuyo grupo en el parlamento gallego es el más numeroso del partido entre las cámaras autonómicas de todo el Estado, con 42 escaños. Por tanto, es también uno de los que más aporta al PP nacional por ese criterio en función del que las delegaciones que más contribuyen a la caja común son las que más representación institucional lograron en sus respectivas elecciones. Según el regimen de ayudas publicado por dicho parlamento, todos los partidos con representación reciben 9.971 euros al mes por igual, a lo que se suman 1.837 euros mensuales por cada uno de sus diputados y una ayuda a justificar de 5.898 euros al mes a cada grupo para contratar asesores o para adquirir material. El PP gallego percibe así 93.023 euros al mes solo en las subvenciones concedidas por la cámara autonómica, 1.116.276 euros al año.
Pese a disponer de muchos menos escaños, solo 26, el PP andaluz supera, no obstante, al gallego en las subvenciones que recibe por su representación en el parlamento autonómico y, por tanto, es otra de las delegaciones territoriales del partido más afectadas por la subida de al aportación al PP nacional anunciada por Génova 13. La agrupación que encabeza el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla –otro de los barones considerados del sector moderado y, por tanto, crítico con la deriva derechista de Casado– recibe 590.000 euros anuales en función de los escaños logrados en las elecciones de 2018, a lo que hay que sumar los 640.000 por el número de votos conseguidos, lo que alcanza la cifra de 1.230.000 euros al año.
Esa cantidad supera con creces a la que reciben los grupos parlamentarios del PP en los otros dos territorios con más número de escaños. En la Comunidad de Madrid –en cuya Asamblea el PP de Isabel Díaz Ayuso tiene 30 escaños–, los populares reciben en subvenciones 1.024.102 euros anuales (489.832 euros en una subvención directa, que es la misma para todos los grupos y 534.270 por los resultados electorales). Y en Castilla y León –los populares tienen allí 29 representantes–, el PP recibe 870.000 euros año en subvenciones (469.000 por los resultados electorales y 401.000 en ayudas directas). En todos los casos se debe sumar la cantidad que deben aportar cada uno de los cargos públicos del partido a las arcas de su formación política, que tampoco se especifica ni en los estatutos ni en las cuentas anuales del PP.
Lo que sí reflejan esas cuentas es que los ingresos del partido por esos conceptos han sufrido una merma importante en los últimos años, primero por el hundimiento en escaños en las dos elecciones generales que tuvieron lugar en 2019 –en las de abril, las primeras tras el triunfo del actual líder de los populares en las primarias de 2018, la formación conservadora logró el peor resultado de su historia, solo 66 escaños, 71 menos que los 137 logrados solo dos años antes por Rajoy; y en la repetición electoral de noviembre de ese año Casado logró mejorar levemente y obtuvo 88 escaños, 22 más, lejos en todo caso de las cifras de su predecesor en el cargo–. y, después, por las caídas en las autonómicas y municipales de mayo de ese año.
La merma de los ingresos por las cuotas de los afiliados
En 2018, el año en el que Rajoy fue expulsado de la Moncloa por la moción de censura de Pedro Sánchez y en el que Casado ganó las primarias, el PP declaró haber ingresado en concepto de subvenciones 20.448.000 euros y por las aportaciones de los grupos en los distintos parlamentos –Congreso, Senado, Parlamento Europeo y cámaras autonómicas– 18.959.703 euros. Esas cifras se redujeron a 14.653.078 –seis millones menos– y 16.812.395, respectivamente, en 2019. También se redujeron considerablemente en ese año –las últimas cuentas publicadas son las de 2019– los ingresos por las cuotas de los afiliados. Pasaron de los 3.625.378 euros de 2018 a los 2.981.805 de 2019.
A pesar de que las cifran apuntan a una caída de la afiliación desde que Casado preside el partido, desde la dirección nacional del PP apenas han actualizado el censo de militantes desde antes de las primarias, cuando la cifra ofrecida –869.535 afiliados– ya estaba inflada, dado que la dirección de la formación conservadora, aún en manos de Rajoy, no especificó cuántos eran militantes, con obligación de cuota y cuántos simpatizantes, que no pagan. En 2019 y a preguntas de elDiario.es, la dirección popular ofreció una cifra similar: 868.693 afiliados, de los cuales 324.794 eran mujeres y 543.899, hombres. Tampoco especificaron entonces cuántos pagaban y cuántos no.
En las primarias que ganó Casado tan solo participaron 66.384 afiliados, el 7,6% de la cifra total de militantes ofrecida entonces por Génova 13. La primera comunidad en peso de afiliados era entonces Andalucía, con 169.602, a la que seguían la Comunitat Valenciana (149.177) y Galicia (101.100). En cuarto lugar se situaba Madrid, con 94.607. Siempre según los dirigentes consultados, que citan como el segundo criterio para aportar al PP nacional el número de militantes, esas serían las delegaciones más afectadas también por el incremento de la contribución a la caja común impuesto por Casado.
El líder del PP no mencionó ninguno de estos problemas económicos por los que atraviesa su partido, al menos públicamente, cuando anunció la marcha de Génova 13 durante su discurso ante el Comité Ejecutivo Nacional del 16 de febrero, en el que apuntó los primeros pasos que dará para iniciar una suerte de refundación del Partido Popular con el objetivo de volver a situarlo como alternativa de Gobierno frente a la izquierda. El traslado que, según el equipo del líder del PP, se producirá "lo antes posible", se debe, dijo Casado, a su intento por romper amarras con el pasado corrupto de la formación conservadora. "No debemos seguir en un edificio cuya reforma se está investigando esta misma semana en los tribunales", dijo, haciendo alusión al juicio sobre la llamada caja B.
Pero como después reconocieron dirigentes como Feijóo y García Egea, tras la marcha de Génova 13 está también el intento por sanear las cuentas del partido. Las publicadas sobre 2019 cuantificaban las dificultades económicas del PP en una deuda acumulada de 38.205.497,5 millones de euros, que se reparte entre los 20.758.014,58 que debe a largo plazo y los 17.116.570,67, a corto, además de otros pasivos por 338.033 euros. Una de las principales deudas es, precisamente, la hipoteca que solicitó la dirección popular en 2006 para comprar el edificio de Génova 13, que ahora podría saldar con su venta. De los 37 millones pedidos a Banesto –hoy Banco Santander–, el PP aún adeuda 11.339.260,86 euros.
También por hipotecas de sus distintas sedes repartidas por toda España, a finales de 2019 el partido tenía deudas con La Caixa, Banco Popular –hoy Santander–, BBV –BBVA–, Caja Rural de Granada y Unicaja, entre otros. Además, según sus últimas cuentas, el PP debía 14.875.640 euros repartidos entre distintas entidades solo por los créditos solicitados para sufragar las distintas campañas electorales de ese año: las generales del 28 de abril de 2019, las europeas, autonómicas y municipales de mayo y la repetición de las generales que se celebró el 10 de noviembre.
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