Anticorrupción solicita esta diligencia en el marco de la pieza que investiga el espionaje a Luis Bárcenas con cargo a los fondos reservados, una de las actuaciones del grupo de mandos policiales que integraban la brigada política.
La pieza 7 del caso Villarejo indaga en la Operación Kitchen, una maniobra parapolicial sufragada con fondos públicos para sabotear la investigación de la caja B del Partido Popular. En esa misma pieza ya figuran como imputados el secretario de Estado de Seguridad en el momento de los hechos, Francisco Martínez, y el comisario que el PP eligió para dirigir la Policía, Eugenio Pino, así como toda la primera línea de la brigada política que actuó contra el proceso soberanista en Catalunya, en una primera etapa, y después contra Podemos.
El espionaje a Bárcenas constituyó una tercera misión de este grupo de funcionarios del Ministerio del Interior y sus responsables políticos destinada a obstruir la investigación de la causa que se sigue en la Audiencia Nacional contra la financiación irregular del partido durante más de 20 años. La pieza 7 del caso Villarejo, según han dejado por escrito el juez y Anticorrupción, investiga las actividades de un grupo de policías para beneficiar a dirigentes del Partido Popular.
Uno de esos policías imputados es el comisario Andrés Gómez Gordo, quien dejó el Cuerpo durante un periodo para trabajar como con María Dolores de Cospedal cuando ésta era presidenta de Castilla-La Mancha. Gómez Gordo regresó a la Policía porque conocía de años atrás al chófer de Bárcenas, el topo que utilizó la brigada política para espiar a la familiar del tesorero cuando éste entró en prisión, en el verano de 2013. Otro de los comisarios investigados en la pieza 7, Enrique García Castaño, ha declarado ante el juez que Gómez Gordo es el autor del informe contra la supuesta financiación irregular de Podemos cuyo contenido despreció la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.
Las fuentes consultadas aseguran que los indicios recabados durante la investigación contra Fernández Díaz y María Dolores de Cospedal se han visto ratificados tras la incautación del teléfono móvil del que fue su número dos, Francisco Martínez, el pasado marzo. Este se ha negado a declarar en las dos ocasiones anteriores que ha sido citado aunque en la última trasladó al juez García-Castellón que lo haría cuando se levantara el secreto de sumario, lo que está previsto para el próximo lunes.
María Dolores de Cospedal tuvo que abandonar la política cuando trascendieron a finales de 2018 los audios de las reuniones de ella y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, con el comisario Villarejo en la que los dos primeros mostraban su intención de perjudicar la investigación sobre la caja B del PP y los sobresueldos en el partido.
@pedroaguedaç
fuente: elDiario.es
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