En concreto, la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI), por orden de la Fiscalía Centro Norte, detuvo al alto mando del cuerpo policial de Carabineros identificado con el código “G-3”, que se corresponde con el teniente coronel Claudio Crespo, de las Fuerzas Especiales de ese estamento.
El llamado “G-3” había sido desvinculado de Carabineros a finales de julio pasado, tras una investigación interna que estableció un actuar irregular en la descarga de imágenes de la cámara de vídeo GoPro que portaba el día que el joven fue herido.
La investigación del Ministerio Público fue más allá y le acusó de ser el autor material de las lesiones que provocaron la ceguera de Gatica.
"A raíz de las pruebas y de un minucioso trabajo del laboratorio de criminalística, se determinó la responsabilidad de este teniente coronel en los delitos de apremios ilegítimos y lesiones graves y gravísimas en contra del joven", dijo a la prensa el prefecto Juan Carlos Carrasco, jefe nacional de la Brigada de DD.HH. de la PDI.
Carrasco explicó que se desarrollaron "pericias jamás vistas en Chile", desde lo que se refiere a las pruebas balísticas como al examen de los vídeos aportados por los ciudadanos.
"Se hizo trabajo profesional, criminalístico, en el sitio del suceso donde comienza esto el 8 de noviembre, tras el estallido social. Se tuvieron que hacer pericias jamás vistas, pericias balísticas, las cuales lograron determinar, en conjunto a otro cúmulo de evidencia, (la participación)", detalló el mando de la PDI.
El detenido fue formalizado este viernes por la Fiscalía de Alta Complejidad, donde se le comunicó al imputado la apertura de una investigación en su contra.
UN CASO QUE DIO LA VUELTA AL MUNDO
El joven, de 21 años y estudiante de psicología, fue gravemente herido en los alrededores de Plaza Italia, la rotonda de Santiago convertida en el epicentro de las protestas, y tras pasar 17 días ingresado se convirtió en el primer manifestante en quedarse ciego.
Su caso dio la vuelta al mundo y provocó encendidas críticas de diversos organismos internacionales, entre ellos la ONU y la propia Amnistía Internacional, que denunciaron el elevado número de mutilados oculares durante la dispersión de las protestas y acusaron a las fuerzas de seguridad de graves violaciones a los derechos humanos.
Según el independiente Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), 460 personas resultaron con lesiones oculares, de las que dos se quedaron ciegas y 35 sufrieron pérdida total de un ojo.
El pasado 18 de octubre estalló en Chile la ola de protestas más graves desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que se mantienen suspendidas por la pandemia y que dejaron una treintena de fallecidos y miles de heridos, además de episodios de violencia extrema con saqueos, incendios y destrucción de mobiliario público.
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