La vigilancia ya existe para otras enfermedades, pero ahora se tiene que preparar, con personal y medios, para controlar a todas las personas que hayan tenido contacto con un nuevo paciente de COVID-19, monitorizando la aparición o no de síntomas y recomendando cuando proceda una cuarentena. La capacidad requerida para cada región se valora "en función de su situación epidemiológica", ha especificado el técnico del Ministerio Fernando Simón.
Las comunidades han tenido que presentar sus números sobre el personal y la capacidad para hacer esa trazabilidad en el informe que mandaron al Ministerio y que ha valorado el comité formado por 12 miembros de los que Sanidad ha preferido no dar el nombre. El Ministerio ha requerido a las comunidades una exposición razonada de las medidas que van a poner en marcha para poder identificar a todo aquel que haya tenido relación con un nuevo caso al menos dos días antes de presentar síntomas compatibles con COVID-19, sin prueba. Ha sido uno de los criterios principales a tener en cuenta para aprobar o no la aplicacición.
No dio sin embargo orientaciones acerca de cuántos profesionales de rastreo requiere, así que las comunidades solo han podido tener una idea de lo que se les ha exigido una vez les comunicaron si su valoración era favorable o no. Por ejemplo, en el caso de Madrid, uno de los argumentos por los que consideraron que no estaba lista para pasar a la siguiente fase fue, precisamente, que no contaba con una Atención Primaria suficientemente fortalecida.
Todos los países están inmersos en la planificación de este seguimiento. En España el reclutamiento es competencia autonómica y desde el Gobierno central, con Sanidad como mando único durante el estado de alarma, no se ha hecho ningún anuncio en este sentido, como sí se hizo con las incorporaciones de MIR durante el pico de la pandemia. Varias fuentes consultadas declaran que "ejércitos, hasta ahora, no se están contratando" en casi ninguna comunidad. La mayoría han preparado a algunas decenas de profesionales para el rastreo, aunque varias no dan cifras definitivas.
Un sistema que se tendrá que reforzar y coordinar
El rastreo va a recaer principalmente en dos patas del Sistema Nacional de Salud: los Servicios de Salud Pública y la Atención Primaria. Y Fernando Simón lo ha reconocido durante sus ruedas de prensa diarias: precisamente estas dos áreas "no han sido la joya de la corona durante muchos años y durante esta epidemia se han tenido que ir reforzando y lo tendrán que hacer ahora y en las siguientes fases". El éxito de la operación dependerá "de que las comunidades hagan el esfuerzo".
La vigilancia de enfermedades infecciosas se hacía hasta esta pandemia en los Servicios de Salud Pública, centralizados en los llamados Centros de Salud Comunitaria. Hay aproximadamente uno por cada área sanitaria, muchos menos que centros de primaria, y están compuestos por personal médico y de enfermería especializado en epidemiología. Sobre todo, se trataban brotes de sarampión, tuberculosis y también enfermedades de transmisión sexual. Para casos de gripe solo se pusieron en marcha por la de 2009, que también tuvo la calificación internacional de pandemia. Estaban ya coordinados con Atención Primaria, porque la mayoría de los casos se diagnosticaban ahí, pero ahora esa coordinación se va a tener que reforzar.
"Hasta ahora estos centros han tenido la capacidad para rastrear las enfermedades a las que se dedican, incluso para la COVID-19 en un inicio. Hasta que se desbordó", explica Ildefonso Hernández, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Director General de Salud Pública del Ministerio durante la pandemia de la Gripe A. Añade que, además de la Atención Primaria, también tienen y tendrán un papel fundamental los servicios de las empresas que gestionan la salud laboral, sobre todo a partir de la reincorporación al trabajo. Ahora todo tendrá que ser "mucho más estrecho" y los sistemas se tendrán que informatizar mucho, para que cuando llegue un cuadro clínico se notifique de manera automática a Salud Pública. Las necesidades específicas van a variar mucho entre provincias, e incluso dentro de ellas: "Seguramente en áreas urbanas van a hacer falta más".
Sin parámetros claros del Ministerio
Un técnico de Salud Pública que forma parte del dispositivo de Euskadi cuenta que "las comunidades han apostado por no sumar a excesiva gente. En la mayoría hablamos de pocas decenas". "Más bien se ha optado por intentar conectarnos mejor", añade. Porque, ante todo, este experto en Salud Pública señala que "se parte de una situación primitiva. Hasta hace nada, las cadenas de transmisión de un brote de sarampión se controlaban casi a papel y boli". Por lo que están centrados en adaptarse a la aplicación creada por la OMS, Go Data. Es para sanitarios, diferente a los proyectos que el Gobierno maneja para usuarios.
El mismo técnico de Euskadi también lamentaba que el Ministerio no haya dado una orientación de con cuántos profesionales se necesita reforzar el sistema, como sí ha hecho en varios documentos el Centro Europeo de Prevención de Enfermedades. Han intentado basarse en esas indicaciones: "Por cada caso nuevo, calculamos que van a hacer falta 11 horas de trabajo entre tres personas, para contactar a todos sus contactos estrechos, controlarlos y recomendarles o no aislamiento. El Ministerio podría haber traducido una recomendación así, que viene del Centro Europeo".
El médico residente de medicina preventiva y salud pública en el Hospital Universitario de Móstoles Javier del Águila también lamenta que "por ahora, no hay protocolo cerrado y definido". "Dependiendo de la estrategia, que es lo que se está cerrando ahora, se deciden los siguientes pasos", apunta. Sobre esto, el presidente de la Sociedad de Salud Pública de Catalunya y Baleares, Jordi Baroja, argumenta que en la elaboración de estos protocolos el Ministerio "no tiene mucho margen": "Es verdad que las directrices que se están recibiendo son muy generales, pero no sé si se podrá concretar mucho más porque son competencia autonómica".
Ignacio Rosell, médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública y miembro del comité de expertos que ha conformado la Junta de Castilla y León, insiste en que por ahora hay "incertidumbre" en la estrategia. Sobre la falta de parámetros, "da la sensación de que todavía no se han afinado cosas que se tendrían que haber cerrado lo antes posible. Tendríamos que estar empezando ya a rastrear, y según avance la desescalada convendría hacerlo".
Sin números precisos
Algunas autonomías, como Asturias, todavía están trabajando en esta estrategia, según explican fuentes del gabinete del servicio de salud. Murcia asegura que para el rastreo durante la desescalada "parten de lo que ya tenemos", es decir, de lo que se ha hecho durante el pico de la pandemia, aunque con "variaciones", sin dar cifras de profesionales. En la Comunidad Valenciana precisan que se hará con ese sistema compartido entre Salud Pública y Atención Primaria, pero también sin números concretos. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, anunció este sábado que su administración contratará a 650 trabajadores para Atención Primaria.
Rosell, desde la Junta de Castilla y León, ha realizado una primera estimación del número de profesionales que serán necesarios para la trazabilidad. Considera que la región, que no ha pedido la fase 1 para sus capitales, necesitará a 500 profesionales, sobre todo enfermeras, para el seguimiento y manejo de datos. En La Rioja van a reforzar con 30 personas. Alberto Lafuente Jiménez, director gerente del Servicio Riojano de Salud, asegura que el dispositivo se pone en marcha este lunes con la fase 1. Allí la atención telefónica y presencial se complementará –si fuese necesaria para la realización de pruebas– con una aplicación web que facilitará el seguimiento de contactos y en la que los ciudadanos pueden registrar sus síntomas. El Gobierno riojano aboga por el uso del big data para "analizar la evolución en el tiempo desde una perspectiva diagnóstica y predictiva".
En Andalucía tienen previsto utilizar una plantilla de 50 personas para realizar rastreos en una autonomía de más ocho millones de habitantes, según ha publicado el Diario de Sevilla. "Espero que sea un error, porque con 50 no van a hacer nada", explica Sergio Minué, médico de Atención Primaria y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Este especialista explica que los recortes sanitarios que comenzaron en 2008 mermaron los equipos que se dedicaban a la "la epidemiología de suela de zapato", como esta. Minué aboga por el refuerzo del servicio de salud con contrataciones de entre 20.000 y 40.000 profesionales, también para que haya más capacidad de hacer pruebas PCR, que el Ministerio quiere que en esta nueva etapa lleguen a todos los sospechosos de tener la infección.
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Belén Remacha / Laura Galaup
FUENTE: eldiario.es
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