Los seis afectados son cinco ex miembros de la mesa del Parlamento regional (Lluís Maria Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet) y la exdiputada Mireia Boya, que serán juzgados en un tribunal de Barcelona, indicó AFP.
A diferencia del resto de acusados, para quienes la fiscalía reclama entre siete y 25 años de cárcel por rebelión y/o malversación, en su caso deben ser juzgados únicamente por desobediencia, un delito que no conlleva penas de prisión.
Los magistrados atendieron los recursos de sus abogados argumentando que juzgarlos en Madrid supondría "amplificar de forma innecesaria el objeto" de un proceso que se anuncia largo y complejo.
Estos seis están acusados de haber propuesto y sometido a votación en la cámara regional textos contrarios a la Constitución, como la ley a través de la que se convocó el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre.
En base a este referéndum ilegal impulsado por el gobierno regional, los partidos independentistas declararon el 27 de octubre la independencia de Cataluña, a lo que Madrid respondió suspendiendo la autonomía regional, disolviendo el Parlamento y destituyendo al ejecutivo catalán presidido por Carles Puigdemont.
Los otros doce acusados, en cambio, serán juzgados en el Tribunal Supremo, que a mediados de diciembre ya celebró la primera vista para abordar las cuestiones previas al juicio contra el núcleo duro del indepedendentismo.
Nueve de ellos llevan meses en prisión preventiva, entre ellos el exvicepresidente regional, Oriol Junqueras, para quien la fiscalía pide 25 años de cárcel por rebelión y malversación.
El juicio con la presencia de todos ellos debería empezar a principios de 2019 en Madrid. Como la justicia española no juzga en ausencia del acusado, el proceso excluirá a Puigdemont, instalado en Bélgica, y a otros miembros de su gobierno que marcharon con él al extranjero después de la fallida tentativa de secesión.
Si (
No(
