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Inversiones extranjeras en España

Por Laura Pastor Arranz

sábado 06 de octubre de 2018, 20:44h

06OCT18 – MADRID.- La inversión extranjera directa ha jugado un papel preponderante en la modernización de la economía española. Atraídas por el gran mercado interno, el grado de apertura, las posibilidades de exportación, el marco jurídico favorable, la liberalización de movimientos de capitales y el potencial de crecimiento, las empresas extranjeras han situado gran número de sus operaciones en territorio español.

Precisamente, el perfil altamente internacionalizado de la economía española le ha convertido en una plataforma clave para los negocios transnacionales. De hecho, España es el octavo país de la OCDE en recepción de inversión extranjera, la decimocuarta economía más grande del mundo y la cuarta de la zona euro, lo que pone de relieve el significativo papel que desempeña la inversión extranjera en su economía. Más de 12.500 empresas foráneas, representativas de los sectores industrial, tecnológico y de servicios, operan en España. Según FORBES, 70 de las 100 principales empresas mundiales tienen sucursales en España y 90 de las 100 primordiales compañías del área de la investigación y desarrollo, poseen una filial en España, tal y como indica Thomson Reuters (Marca España/Mineco).

Y es así que España ofrece oportunidades de negocio para las compañías en sectores y actividades de elevado valor añadido, lo que es sumamente atrayente para los inversionistas extranjeros, debido a su fuerte potencial de crecimiento. En los últimos cinco años, uno de cada tres proyectos recibidos se ha enmarcado en sectores de alto alcance tecnológico y con significativa aportación de investigación, desarrollo e innovación tecnológica, como entre otros, en el de las tecnologías de información y comunicación, la industria automovilística, farmacéutica, biotecnológica y de ciencias de la salud, ciudades inteligentes, medioambiente, las energías renovables, el sector de la automoción, de la aeronáutica y aeroespacial, el tratamiento de agua, el turismo y los servicios empresariales.

Se añade que España es signataria de la Convención sobre la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), y está integrada en la Unión Europea (UE).

Ser Estado miembro de la UE confiere, a los potenciales inversores, acceso al mercado más grande del mundo (con quinientos millones de personas) donde coexisten políticas abiertas y competitivas entre sus socios comunitarios. Además, pueden beneficiarse de la libre circulación de bienes y servicios, de capital y de personas, de un comercio sin aranceles intracomunitarios, de una moneda única (el euro) y de programas y fondos europeos.

Precisamente, gracias a su posición geoestratégica privilegiada, las sociedades con negocios en España pueden acceder, también con ventaja, a los mercados de la región EMEA (Europa, Oriente Medio y África del Norte) así como a América Latina. Regiones con las que imperan profusos nexos económicos, empresariales, institucionales y culturales, y con las que ha suscrito una extensa red de acuerdos internacionales de inversión que contribuye a crear un entorno jurídico estable y favorable para la misma.

En este libro, llevo a cabo un estudio de los tres principales determinantes de la inversión extranjera directa en España. En concreto, se trata el marco de política general de la inversión extranjera, esto es, la estabilidad económica, política y social; la seguridad, la transparencia y la previsibilidad del marco para la inversión; la libertad de movimiento de capitales; y la legislación reguladora de la inversión extranjera. También, los determinantes económicos como son las infraestructuras físicas y tecnológicas, la idiosincrasia de los sectores económicos punteros y el mercado laboral. Y, en tercer lugar, las medidas que facilitan la actividad empresarial (incluyendo un examen sectorial) como son los incentivos fiscales y beneficios de la Seguridad Social o las ayudas financieras, los préstamos y avales, tanto desde la perspectiva de las Comunidades Autónomas como la estatal.

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