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Rajoy acusa a los independentistas catalanes de chantajear a España
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Rajoy acusa a los independentistas catalanes de chantajear a España

Según sondeo un 48,5% de los habitantes de Cataluña se opone a la secesión y un 44,3% la apoya

martes 23 de mayo de 2017, 02:06h

23MAY17 – MADRID.- Puigdemont, que promueve la consulta para septiembre, calificó de "error" llevar el proyecto de referéndum al Congreso de los Diputados, tal y como les instó el gobierno de Rajoy, sin acordarlo previamente con Madrid. Rajoy insiste en su rechazo categórico al referéndum de Cataluña mientras la justicia española lo considera anticonstitucional.

El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, acusó este lunes a los independentistas catalanes de chantajear al Estado amenazando con declarar la secesión de Cataluña si Madrid impide la celebración de un referéndum de autodeterminación.

Apoyándose en un artículo del periódico El País, Rajoy acusó al presidente regional de Cataluña, Carles Puigdemont, de preparar "una ruptura en toda regla de lo que hoy es España", destacó AFP.

Según el diario que cita un documento secreto, Puigdemont y los partidos independentistas que controlan el parlamento regional contemplan declarar unilateralmente la secesión si Madrid no les permite organizar un referendo.

"Es intolerable el chantaje y la amenaza que se ha puesto encima de la mesa", dijo Rajoy en una rueda de prensa.

El País publicó esta información el mismo día que los dirigentes independentistas catalanes, encabezados por Puigdemont, presionaron al gobierno español a negociar el referéndum en una conferencia en el ayuntamiento de Madrid.

Ante un auditorio abarrotado, Puigdemont ofreció pactar las condiciones de la consulta, pero advirtió que se celebrará aún sin permiso del Ejecutivo central.

"A imagen y semejanza del Reino Unido y Escocia. Estamos dispuestos a hablar de todo y con todos: la pregunta, la fecha, los requisitos de participación y su validación", afirmó Puigdemont.

"Esperaremos hasta el último minuto de la prórroga", pero "jamás renunciaremos a que los ciudadanos catalanes voten para decidir el futuro político de Cataluña si el Gobierno español sigue empeñado en el no a todo", subrayó.

Puigdemont, que promueve la consulta para septiembre, calificó de "error" llevar el proyecto de referéndum al Congreso de los Diputados, tal y como les instó el gobierno de Rajoy, sin acordarlo previamente con Madrid.

Sería una "coartada para difuminar (...) la ausencia de voluntad política del Gobierno del Estado", advirtió, recordando dos fracasos de propuestas soberanistas anteriores en el Parlamento: en 2014, para un referéndum en Cataluña, y en 2005, para un régimen de "libre asociación" a España del País Vasco.

Unos 200 manifestantes con símbolos falangistas insultaban a los independentistas en las puertas del ayuntamiento, y gritaban "Puigdemont a prisión" y "Cataluña es España".

Según un último sondeo de un organismo demoscópico dependiente del gobierno catalán divulgado en marzo, un 48,5% de los habitantes de la región se oponía a la secesión y un 44,3% la apoya.

Las informaciones de El País fueron negadas por la coalición independentista que dirige Cataluña, Junts pel Sí, que afirmó que el referendo pactado es "la prioridad total".

Pero el gobierno de Rajoy insiste en su rechazo categórico al referéndum, mientras la justicia española lo considera anticonstitucional.

Mecanismo de independencia

El diario El País tuvo acceso a un borrador de la llamada "ley de transitoriedad jurídica" que habilita al ejecutivo catalán para organizar este referéndum y regula con detalle la independencia de la región catalana.

El diario -que publica escasos extractos del texto- asegura que el gobierno catalán "tiene ya preparado el mecanismo para activar la secesión inmediata de Cataluña del resto de España si el Gobierno central impide que se celebre la consulta".

En este caso, "esta ley entrará en vigor de manera completa e inmediata", dice el extracto publicado por el diario.

Una fuente del gobierno catalán señaló no obstante que se trata de "un borrador muy preliminar de hace muchos meses y no tiene nada que ver con el texto actual", pero no detalló si esta cláusula se mantuvo o no en las versiones posteriores.

La ley de transitoriedad jurídica fue pactada en diciembre por los partidos independentistas, con mayoría absoluta parlamentaria, pero mantenida en secreto para evitar su impugnación judicial antes de su aprobación.

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