Lea el informe del Tribunal de Cuentas [PDF].
El coste de saneamiento del sector financiero llevado a cabo entre los años 2009 y 2015 tuvo un coste de 60.718 millones de euros para el erario público, segun el "Informe de fiscalización del proceso de reestructuración bancaria" publicado este martes por el Tribunal de Cuentas. Es decir, 1.305 euros a cada uno de los 46,5 millones de españoles que se contaban en las estadísticas oficiales a finales de 2015.
El objetivo del análisis emitido por el organismo es verificar si el proceso de reestructuración se adecuó a la normativa, así como cuantificar el importe de las ayudas públicas en unos procesos de saneamiento intensos en entidades como Catalunya Banc (12.676 millones), BFA/Bankia (12.347), la Caja de Ahorros del Mediterráneo (11.065) y Novacaixagalicia (9.159).
Los citados 60.718 millones —de los que 46.021 son aportaciones al capital y cuotas participativas— es el coste para el sector público pero no es, ni mucho menos, el total del dinero público comprometido para salvar a las entidades. El Tribunal eleva esa cifra total a 122.122 millones —aparte de avales otorgados por la Administración valorados en 85.965 millones— aunque no toda esa cantidad supone un coste para el sector público "bien porque son importes recuperados posteriormente, bien porque no llegan a materializarse en salidas de fondos públicos".
El coste para las arcas públicas se lo reparten tres entidades: los 41.847 millones que puso el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) —la entidad pública creada en 2009 para gestionar los procesos de resolución de las entidades—, los 18.932 millones del Fondos de Garantía de Depósitos y, signo contrario, los 61,8 millones que alivió del coste y aportó el Banco de España. Precisamente este organismo regulador bancario estimó en un informe, hace tres meses, que apenas se había recuperado por el 5% del coste del rescate.
Fuente: Tribunal de Cuentas
En todo caso, la cifra del coste del rescate "no es definitiva" y el Tribunal contempla que pueda "aumentar o disminuir" en función de las decisiones que se tomen sobre la venta de las entidades nacionalizadas Bankia o BMN, en las que el Estado sigue siendo el principal accionista con más del 60% de la propiedad en ambos bancos.
Críticas a la gestión del FROB
El informe no solo repasa las cuantías de las ayudas, sino también la gestión que se ha realizado del rescate. Y es bastante crítico con algunas de las decisiones adoptadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), especialmente algunas "insuficiencias o deficiencias" en la tramitación de los contratos.
El Tribunal, por ejemplo, reprocha al Frob no haber detallado todas las garantías formalizadas en ciertos contratos de venta, que no se haya aprobado un procedimiento con las reglas básicas y los criterios de apoyo financiero que se debían aplicar en las enajenaciones de las entidades de crédito. Medidas, ambas, que recomienda a la entidad pública para el futuro.
El órgano fiscalizador también afea al Fondo que contratase expertos independientes para valorar dos entidades, antes de que éstan solicitasen las ayudas. Los costes de estos informes (unos 1,4 millones de euros) fueron, según el organismo, "innecesarios". Según la normativa, este gasto debía haber sido repercutido a las entidades, "pero el Fondo no repercutió estos costes".
Y finalmente, recrimina a la Comisión Rectora del Frob que se gastaran 33 millones de euros en la contratación de una línea de crédito sindicada de dos años de plazo para cubrir necesidades urgentes de financiación. Un crédito que tenía un importe nominal de 3.000 millones de euros de disposición inmediata pero del que el Frob, según dice el Tribunal de Cuentas, "no llegó a realizar ninguna disposición".
"Los ciudadanos tienen derecho a saber quienes son los responsables de que se tengan que pagar 1.300 euros por cabeza", ha asegurado Alberto Garzón tras conocer el informe del Tribunal de Cuentas. El portavoz adjunto de Unidos Podemos anunció que su grupo pedirá esta semana en el Congreso crear una comisión de investigación sobre el rescate porque el ministro De Guindos defendía en el pasado que "el rescate no iba a suponer un coste".
Héctor M. Garrido
20minutos
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