Los seis partidos representados actualmente en el Parlamento (PSC, ERC, ICV, CiU, PP y Ciutadans) coinciden en la necesidad contra la inmigración ilegal y fomentar la legal, favoreciendo su integración social y laboral, y apoyando a los ayuntamientos para facilitar una mejor integración en los barrios, sobre todo en aquellos con mayor índice de inmigración.
El PSC del president Montilla pone el acento en la creación del servicio universal de acogida previsto en la ley del mismo nombre y, aunque promete luchar contra la discriminación laboral inmigrantes y su contratación irregular, facilitará el regreso de los extranjeros “que lo deseen” y “las migraciones circulares”.
ERC, el principal socio del PSC en el tripartito, desarrollará también la Ley de Acogida y “en particular” la Agencia de Migraciones de Catalunya. Los republicanos reafirman su apuesta por el catalán como lengua de acogida y anuncian cursos para 400.000 personas en los próximos 4 años y un millón a lo largo de una década. El derecho al voto de la nueva ciudadanía es otro de los aspectos que destaca, así como el acceso a la nacionalidad con 5 años de residencia.
ICV, la tercera pata del tripartito, promete impulsar “la firma de un decálogo contra el racismo y la xenofobia a suscribir por las fuerzas políticas con representación parlamentaria”. Los ecosocialistas insisten también en “el reconocimiento de la plena ciudadanía de todas las personas que viven y trabajan en Catalunya” y, en este sentido, defienden el derecho al voto con tres años de residencia, en vez de cinco.
CiU, el partido de Artur Mas, incide en “el despliegue de la Agencia Catalana de Migraciones”, “la participación de pleno derecho de la Generalitat en los ámbitos de decisión referidos a aspectos tan importantes como los procesos extraordinarios de regularización o la elaboración del contingente anual” y la “ejecución de la competencia en materia de autorización de trabajo a las personas extranjeras”. La formación nacionalista se compromete a consolidar en 10 años el proceso de integración y de cohesión nacional. Promete un “plan de acogida y arraigo” y la creación de un “movimiento de ‘Voluntarios para el arraigo’ de los inmigrantes”.
El PP, en el marco de un discurso restrictivo en material migratoria, afirma que establecerá “la residencia de larga duración para que los inmigrantes accedan a determinadas ayudas sociales, a excepción de los servicios básicos”. Los populares creaerán “una unidad policial especializada para resolver las carencias en el control de los efectos de la inmigración desordenada y darán “prioridad a las expulsiones de aquellos extranjeros que hayan cometido delitos o faltas”. Además, reformarán la ley de acogida “para incluir el castellano dentro los planes de acogida” para que los nuevos residentes tengan las “mismas oportunidades” de aprender el catalán y el castellano. También prohibirán “el uso del burka en las calles y espacios públicos”, “establecerán “un mayor control en la inscripción en el Padrón” e impulsarán una política de contratación en origen que atraiga trabajadores “altamente cualificados” y con una “proximidad cultural”.
Por último, Ciutadans aboga por “establecer un visado europeo de trabajo y residencia”; facilitará la integración de los inmigrantes mediante “el acceso a la educación y el conocimiento básico del castellano y del catalán, pero sin exigir ningún certificado de integración; y defenderá “el derecho de voto de los inmigrantes en las elecciones municipales”.
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