"Aquí no estamos hablando de delitos políticos; estamos hablando de delitos comunes", aclaró Mendoza durante una rueda de prensa, al aludir a los hechos por los cuales la Fiscalía General decidió procesar a Hurtado, que el jueves solicitó ser acogida como asilada en Ciudad de Panamá.
Como otros funcionarios y ex funcionarios de la central colombiana de inteligencia, Hurtado afronta un proceso por concierto para delinquir, abuso de función pública, violación de comunicaciones y prevaricación.
Los cargos se derivaron de una campaña de escuchas y seguimientos ilegales por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que depende de la presidencia de la República y del que Hurtado fue directora de agosto de 2007 a octubre de 2008.
La jurista llegó a dicho cargo por designación del entonces presidente Álvaro Uribe, que afronta una investigación preliminar en la Cámara de Representantes por su posible responsabilidad en las escuchas y seguimientos del DAS, que se dieron durante gran parte de los dos mandatos sucesivos del ex gobernante (2002-2010).
El fiscal Mendoza rechazó que Hurtado sea víctima de una persecución política, argumento en el que basó su petición de asilo, que fue comunicada previamente en Bogotá por el embajador de Panamá en Colombia, Ricardo Anguizola.
"Es que la Rama Judicial no tiene ninguna posibilidad de hacer persecución política de ninguna manera", dijo el funcionario.
"Cómo puede atribuirse a la Rama Judicial, en general, tomar partido político contra alguien o por una ideología determinada, si nuestro marco es la ley", continuó Mendoza, y apuntó: "La verdad es que no entiendo ese razonamiento, si es eso lo que (Hurtado) ha expuesto".
El fiscal dijo que el proceso contra la directora del DAS no sufrirá tropiezos por el hecho de que ella esté fuera del país, e indicó que, en el caso de que se vea afectada por una detención, la autoridad judicial puede echar mano hasta de la figura de extradición.
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