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Carlas Puigdemont (d) presidente de la Generalitat de Cataluña
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Carlas Puigdemont (d) presidente de la Generalitat de Cataluña

Piden 10 años de inhabilitación para Artur Mas por consulta soberanista

martes 04 de octubre de 2016, 00:58h

04OCT16 – BARCELONA.- El 9 de noviembre de 2014 se celebró en Cataluña una consulta sobre una eventual independencia del resto de España, en abierto desafío al Ejecutivo de Madrid. El Ministerio público acusa al expresidente de Cataluña de los delitos de desobediencia grave y de prevaricación. Cataluña celebró en abierto desafío a la justicia española, que la declaró ilegal y ordenó su suspensión.

La Fiscalía española pide 10 años de inhabilitación para el expresidente del Gobierno catalán Artur Mas por celebrar la consulta sobre la independencia de Cataluña del 9 de noviembre de 2014, pese a haber sido suspendida por el Tribunal Constitucional.

En su escrito, presentado ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), los fiscales solicitan también nueve años para las exconsejeras del gobierno catalán Irene Rigau y Joana Ortega, informó Efe.

El Ministerio público acusa a los tres encausados de los delitos de desobediencia grave y de prevaricación, en el caso de Mas como autor y en el de las consejeras como cooperadoras necesarias.

Estas acusaciones no suponen penas de prisión, según la legislación española.

La fiscalía sostiene que los tres articularon "una estrategia de desafío completo y efectivo" a la suspensión de la consulta acordada por el Constitucional, siendo "plenamente conscientes de que con ello quebrantaban el obligado acatamiento" de las órdenes del alto tribunal, máximo intérprete de la Constitución.

En opinión del ministerio público, Mas, "amparado simplemente en su voluntad, que convirtió irrazonablemente en aparente fuente de normatividad", se puso de acuerdo con las otras dos acusadas para "disponer efectivamente, o dejar de truncar, la continuación de todas las actuaciones públicas de preparación" de la consulta, que ya estaban en marcha.

El 9 de noviembre de 2014 se celebró en Cataluña una consulta sobre una eventual independencia del resto de España, en abierto desafío al Ejecutivo de Madrid y a la justicia española, que la declaró ilegal y ordenó su suspensión.

Inicialmente, la consulta iba a ser convocada por el Gobierno de Cataluña, tal como habían prometido los nacionalistas en las elecciones regionales, pero ante la suspensión de la misma por parte del Tribunal Constitucional, se convirtió en "proceso participativo", organizado por varias asociaciones catalanas.

Sin embargo, la Fiscalía se querelló contra algunos miembros del Ejecutivo catalán por su presunta vinculación con la consulta, entre ellos su entonces presidente, Artur Mas.

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