El documento sobre refugiados y migrantes que aprobarán este lunes los líderes mundiales en una cumbre en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reitera el compromiso de la comunidad internacional con los derechos y la protección de estas personas, pero apenas incluye medidas concretas para mejorar su situación.
El texto, pactado por los 193 Estados miembros de Naciones Unidas el pasado agosto, ha sido criticado por numerosas ONG por su falta de ambición y de acciones, informó Efe.
La declaración, de 22 páginas, se abre con una introducción en la que los jefes de Estado y de Gobierno prometen que protegerán "totalmente" los derechos humanos "de todos los refugiados y migrantes, sin importar su estatus" y que respetarán las normas internacionales vigentes en ese ámbito.
Además, expresan su solidaridad con los millones de personas que se han visto obligadas a dejar sus hogares y reconocen los riesgos a los que se enfrentan.
"Estamos determinados a salvar vidas. El desafío es, por encima de todo, moral y humanitario", señala el texto, que promete "combatir con todos los medios" los "abusos y la explotación" que sufren muchos migrantes y refugiados en situación de vulnerabilidad.
Los 193 Estados miembros reconocen "una responsabilidad compartida" para "gestionar grandes movimientos de refugiados y migrantes de forma humana, sensible, compasiva y centrada en la gente" y se comprometen a abordar las "raíces" de estos desplazamientos masivos de población.
Además, condenan los actos y manifestaciones de racismo, discriminación racial y xenofobia contra refugiados y migrantes y los estereotipos que a menudo se les asignan.
En ese sentido, los líderes prometen tomar "una serie de pasos para contrarrestar esas actitudes y comportamientos, en particular crímenes y discursos de odio y violencia racial", aunque no los precisan.
La declaración incluye tres capítulos de compromisos, uno que afecta tanto a refugiados como a migrantes y otros dos que son específicos para cada uno de los grupos.
En el primero, los países se comprometen a intensificar su cooperación en la gestión de fronteras, a tomar medidas para identificar a los recién llegados y determinar las causas de su desplazamiento y a tratar de evitar las detenciones mientras se resuelve su estatus.
Los Gobiernos señalan también que, en el caso de los niños, la detención se utilizará "únicamente como medida de último recurso" y se trabajará para poner fin a esa práctica.
En el caso específico de los refugiados, la declaración reconoce la "carga" que imponen los grandes desplazamientos a algunos países y defiende la necesidad de que esta se reparta "más equitativamente".
Al mismo tiempo, reafirma todos los derechos con los que ya cuentan los refugiados y aboga porque su instalación en campamentos sea una "excepción".
Además, en un anexo, el texto recoge algunas de las bases a tener en cuenta en la negociación de un nuevo pacto sobre los refugiados, que debe incluir compromisos más explícitos y que se pretende adoptar en 2018.
Ese mismo año, la comunidad internacional quiere aprobar otro pacto sobre migrantes, sobre el que también se incluyen algunas sugerencias en la declaración.
Los líderes se comprometen en el texto a proteger a los migrantes, pero deja claro que "cada Estado tiene el derecho soberano de decidir a quién admite en su territorio, con sujeción a las obligaciones internacionales que le correspondan".
Los Estados miembros dicen que estudiarán la posibilidad de revisar sus políticas de migración "con miras a estudiar sus posibles consecuencias negativas imprevistas".
También se estudiará, señala el texto, la "posibilidad de elaborar principios rectores no vinculantes y directrices voluntarias" sobre el trato de los migrantes en situaciones de vulnerabilidad, especialmente niños no acompañados.