El Ministerio de Asuntos Exteriores había señalado recientemente que Argentina actuará en defensa del ecosistema contra dos empresas que se beneficiarían del emprendimiento, una de ellas vinculada a un directivo del diario Clarín, que mantiene conflictos en varios frentes con el Gobierno, y la otra ligada al financista estadounidense George Soros.
"La decisión se fundamenta (...) en el daño ambiental irreversible, en el daño ecológico y la necesidad de garantizar el cumplimiento de los deberes autoimpuestos por la Argentina al firmar el acuerdo del río Uruguay", dijo Fernández en rueda de prensa en la Casa Rosada.
La obra se proyecta construir en la provincia de Corrientes (al noreste), con pleno respaldo del Gobierno regional, en una iniciativa sobre el arroyo Ayuí Grande, que desemboca en el río Miriñay, a su vez afluente del río Uruguay, frontera natural con Uruguay.
El Gobierno considera que si se construye la represa, estará sólo destinada a formar un lago artificial sobre unas 8.000 hectáreas, cuyo propósito es proveer de agua a las dos empresas privadas, que se dedicarán al cultivo de arroz.
El gobierno de la presidenta Kirchner está enfrentado con el grupo multimedios que lidera el diario Clarín, al que le quitó la licencia para operar en servicios de internet y los derechos de transmisión del fútbol por TV, entre otras controvertidas medidas.
Otra dura decisión la adoptó también contra el diario La Nación por ser socio del multimedios en la firma Papel Prensa, que abastece a la mayoría de los periódicos que se editan en el país, al reclamar a la Justicia y al Congreso que investiguen su presunta apropiación ilegal en la dictadura (1976-1983).
La reacción de ambos diarios y de la oposición fue denunciar los conflictos como ataques del Gobierno a la libertad de prensa y al derecho a la información, además de entender que se intenta limitar la propiedad privada.
"Hemos tomado esta decisión para paralizar cualquier obra que se haya comenzado, hasta poder contar con la información que nos permita evaluar los alcances del emprendimiento", dijo el jefe coordinador de ministros.
El ministro de Exteriores, Héctor Timerman, había anticipado que se tomarían medidas "a pocas semanas del inicio de las obras (en Ayuí Grande), lo que colocaría a Argentina como violadora del tratado (binacional) del río Uruguay" de 1975.
Ayuí Grande, sin fines de provisión eléctrica, es una iniciativa agrícola del Gobierno regional, controlado por una fuerza opositora al poder federal, pero de hecho involucra a las dos compañías.
El Gobierno uruguayo se mantuvo hasta ahora atento al desarrollo de esta iniciativa, pero no se ha pronunciado al respecto.
Ambos Gobiernos acaban de firmar un acuerdo que intenta poner fin a un conflicto hidrográfico bilateral, agravado por el corte de un puente fronterizo que mantuvieron durante tres años y medio ambientalistas de la región centro-este argentina.
Buenos Aires y Montevideo acordaron una vigilancia ecológica común del río Uruguay, pero los ambientalistas argentinos todavía resisten la instalación de una fábrica de pasta celulósica en la orilla uruguaya, ya en pleno funcionamiento, y amenazan con volver a los cortes en el paso fronterizo.
Entidades ecologistas señalaron que si se inundan campos con una represa para cultivar arroz, se dañarán bosques nativos.
_(290).jpg "El ministro de Asuntos Exteriores de Uruguay, Luis Almagro (i), conversa con su par argentino")
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