Teresa Romero pide cárcel para sus jefes y 150.000 euros al consejero de Sanidad de Madrid

“Mintió y ocultó información”
Así lo ha señalado Nicolás Marchal, uno de los abogados de la pareja, que ha explicado que consideran que el consejero vulneró el derecho al honor de la auxiliar de enfermería al acusarla de “mentir y ocultar información”. ”Fueron declaraciones que hizo públicas una persona con un alto grado de responsabilidad y que persistió en sus incriminaciones en distintos medios”, ha señalado.

En defensa de Excalibur
Antes de presentar esta demanda civil, los abogados de Teresa Romero y Javier Limón tratarán de resolver esta reclamación a través de un acto de conciliación. Además, la pareja ha emprendido otras dos acciones legales, una de ellas referente al perro del matrimonio, Excalibur, que fue sacrificado por orden de la Consejería de la Sanidad como medida preventiva. Por este asunto, Teresa Romero y su marido presentarán también esta semana una solicitud para iniciar un procedimiento de responsabilidad patrimonial que incluye una reclamación por vía administrativa de 150.000 euros para reparar el daño causado, ya que el matrimonio consideraba el perro como el hijo que nunca tuvieron.

“Falta de medios y recursos”
Por otro lado, la pareja ha decidido presentarse como acusación particular en la querella para denunciar un posible delito contra la seguridad de los trabajadores interpuesta en varios juzgados por asociaciones y colectivos sanitarios ante la “falta de medios y recursos” para enfrentarse a posibles casos de ébola.

Diligencias previas
El Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid ya ha abierto diligencias previas por la posible existencia de una infracción penal tras admitir a trámite una de estas denuncias, presentada por quince médicos del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital La Paz de Madrid. En este caso, Teresa Romero y Javier Limón han pedido a través de sus abogados una reclamación por responsabilidad civil a la Consejería de Sanidad de 300.000 euros.

Responsabilidad penal
Además, según ha señalado el letrado Nicolás Marchal, este posible delito contra la seguridad de los trabajadores puede llevar aparejado una responsabilidad penal si se demuestra dolo o imprudencia, con una pena de prisión entre seis meses y tres años contra la persona que se señale como responsable.

FUENTE: ELPLURAL.COM / EFE | 10/11/2014