Los países desarrollados del G-20 se comprometen a reducir sus déficits a la mitad en 2013

El borrador refleja el compromiso de los "países desarrollados" del G20 de reducir los déficit "al menos a la mitad" para el año 2013 y de "estabilizar o reducir la deuda gubernamental como porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) para el año 2016.

El tema de la austeridad fiscal ha provocado tensiones en el seno del G20 que hasta ahora había dado muestras de una gran cohesión y que actuó al unísono a la hora de implementar medidas de estímulo económico para salir de la crisis. EEUU y los emergentes abogan por mantener ciertas medidas para reactivar la economía y advierten que la repentina retirada de los paquetes de estímulo que se aprobaron durante la crisis podría frustrar la todavía frágil recuperación. Europa, por su parte, considera que el tiempo de los estímulos ha pasado y ha llegado ya el momento de la austeridad fiscal.

El borrador del comunicado refleja esa tensión, al indicar que "el ritmo del ajuste (fiscal) debe calibrarse cuidadosamente para sostener la recuperación de la demanda privada" y celebra, en ese sentido, "los esfuerzos realizados por China para impulsar su demanda interna".

El documento subraya que existe el riesgo de que "un ajuste fiscal sincronizado entre varias grandes economías pueda afectar de forma adversa la recuperación". Insiste también, aun así, en que "el fracaso a la hora de implementar la consolidación donde sea necesario minaría la confianza y dañaría el crecimiento".

Dado ese delicado equilibrio, el G20 se inclina por que la medida de reducción del déficit para la mitad al 2013 afecte a las economías más avanzadas del grupo. El comunicado reconoce las "circunstancias extraordinarias" de Japón y da la "bienvenida" al plan de consolidación fiscal anunciado recientemente por el país. Insiste además en que aquellos países con "serios desafíos fiscales" necesitan acelerar el ritmo de la consolidación.

"Los planes de consolidación fiscal serán creíbles, comunicados de forma clara, diferentes según las circunstancias nacionales y concentrados en medidas para impulsar el crecimiento económico", señala el documento. Los socios del G20 se comprometen también en el texto del borrador a "reforzar las redes de protección social" y a una "mayor flexibilidad cambiaria en los países emergentes".

Por otro lado, el documento conjunto considera que el sector bancario debe pagar por el coste en el que incurren los Gobiernos cuando acuden a su rescate, si bien da libertad a los países para establecer una tasa bancaria con ese fin. El G20 reconoce que existen "distintos planteamientos" para hacer que la banca "contribuya de manera justa y sustancial" a su propio rescate, y afirma que uno de ellos, aunque no el único, es el polémico impuesto bancario.

Esta tasa, que ya ha sido establecida por algunos países, se había convertido en uno de los puntos de mayor discrepancia del G20, por la dura oposición mostrada por los países emergentes y también por Canadá, anfitrión del encuentro.

En general, las naciones en desarrollo argumentaban que sus sistemas bancarios no habían sido el germen de la grave crisis internacional registrada en 2008 y 2009, y que por tanto no tendrían que pagar por un rescate que no ha ocurrido.

El comunicado final del G20, reunido desde ayer en Toronto, salva las diferencias dejando a cada país la posibilidad de abordar sus propias medidas, siempre y cuando queden "protegidos los contribuyentes", permita "reducir los riesgos del sistema financiero" y no provoque "restricciones en el crédito". No obstante, deja claro que el sector financiero "debe hacer una contribución justa y sustancial para pagar la carga asociada a las intervenciones de los gobiernos". "Estamos comprometidos -dice el borrador del comunicado- a diseñar y poner en marcha un sistema que nos dé las herramientas para resolver todos los tipos de crisis financieras, sin que los contribuyentes tengan que soportar, en último extremo, toda la carga".

El G20 apoya, por otro lado, las negociaciones que hay en marcha a nivel internacional en el Comité de Basilea para reforzar el capital de la banca, lo que se conoce como "Basilea III", y que obligará a la banca a contar con capital y recursos propios más saneados, y también a dotarse de una mayor liquidez.

Con las nuevas exigencias, dice, los bancos "serán capaces de soportar, sin el apoyo extraordinario de los Gobiernos, las presiones asociadas a las crisis financieras". En términos generales, el G20 anima a los gobiernos a continuar con las reformas de sus sistemas financieros, tal y como se acordó en las cumbres de Washington, Londres y Pittsburgh.

Pide que se imponga "a nivel internacional y de una manera consistente y no discriminatoria", una mayor regulación y transparencia a los mercados de derivados, a las agencias de calificación de riesgo, y a los fondos de alto riesgo, que estuvieron en el ojo del huracán durante la reciente crisis.

Anoche, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, defendió ante los líderes del G-20 reunidos en Toronto las reformas aprobadas para hacer frente a la crisis, en especial la del mercado laboral y la nueva ley de cajas que está negociando con el PP, y alabó la solvencia de la banca española, que se ha comprometido a hacer públicas en julio las pruebas de estrés.