En la sentencia se considera probado que el día 30 de noviembre de 2011, en torno a las 6 de la tarde, Francisco D. B. se encontraba en el interior de una parcela de su propiedad cuando penetró en ella un galgo apodado como 'Quico Veinticinco' que era propiedad de su vecino José Manuel V. G.
Según el relato de los hechos, Francisco D. B. acorraló al animal en una esquina y comenzó a golpearlo repetidamente en la cabeza y en otras zonas especialmente vulnerables de su cuerpo utilizando un palo. La juez explica que hizo «uso de todas sus fuerzas contra el perro», aclarando que el agresor no tenía «motivo legal alguna para ello».
Como consecuencia de los palos recibidos, el animal quedó agonizante y tuvo que ser atendido de forma urgente por un veterinario que determinó «la incompatibilidad de las lesiones sufridas con la vida», no encontrando otra opción que la de administrarle una inyección letal que provocó la muerte del galgo.
Los hechos fueron investigados por la Guardia Civil y el caso acaba de ser sentenciado por el juzgado de lo penal número 2 de Badajoz, cuya titular considera que Francisco D.B. incurrió en un delito de maltrato animal previsto en el artículo 337 del Código Penal. Por este motivo le impone una pena de 3 meses de prisión y la inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales durante el plazo de un año.
De igual modo le obliga a pagar al propietario del galgo una indemnización de 750 euros, cantidad en la que fue valorado el animal muerto por un veterinario colegiado.
Aunque la condena conlleva tres meses de cárcel, Francisco D. B. no tendrá que ingresar en prisión porque carece de antecedentes penales.
La pena que se le impone a este vecino de Zahínos queda recogida en un artículo del Código Penal aprobado en el año 2010 donde se indica que «el que por cualquier medio o procedimiento maltrate injustificadamente a un animal doméstico o amansado, causándole la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud, será castigado con la pena de tres meses a un año de prisión e inhabilitación especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales».
En este caso, la sentencia ha sido dictada con la conformidad del acusado, quien reconoció los hechos ante la juez titular del penal número 2 de Badajoz.
Fuente: E. F. V. | BADAJOZ. - 05.01.14
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