Asambleístas de País denuncian supuestas presiones del fiscal Pesántez en caso Emme

El fiscal Patricio Sosa, quien en primera instancia avocó conocimiento de la muerte de Natalia Emme, el 14 de enero, habría sido “presionado” para que no se ejecute la detención de Aliz Borja, esposa del fiscal general del Estado, Washington Pesántez. Esta denuncia fue hecha esta mañana por ocho asambleístas de la bancada oficial de Alianza País.

María Paula Romo, legisladora de esa tienda, mostró una declaración notarizada, en la cual Sosa supuestamente dice que recibió “llamadas de varios funcionarios, entre ellos del propio Pesántez, y detalla su número de teléfono”, refirió Romo. “Esto demuestra que el Fiscal le mintió al país”.

Natalia Emme murió en un accidente de transito, tras ser atropellada por un vehículo Grand Vitara SZ de la Fiscalía, en el cual iba Aliz Borja. Seis testigos sostienen que la esposa del fiscal Pesántez conducía el auto. El policía Wilson Velasteguí, asignado a la seguridad del Fiscal General del Estado, asegura que él lo hacía. En un primer momento, Velasteguí y Borja fueron llevados al centro de detención provisional de choferes, en la calle Cordero, en el norte de Quito. Esa tarde, la esposa del Fiscal fue liberada. Velasteguí sigue preso.

De su lado, el asambleísta Virgilio Hernández, también de País, se refirió hoy a un comunicado de la Asociación de Funcionarios y Empleados del Ministerio Público (Afempe). Allí se convoca a los integrantes de la Directiva a una reunión para discutir una “ayuda económica de USD 5 para el policía Wilson Velasteguí”, por el accidente donde falleció Emme.

“Cuando yo presenté el documento, el señor Fiscal contestó que no tenia conocimiento. Pero autorizó el permiso para que los funcionarios asistan a la reunión”, dijo Hernández y mostró un oficio supuestamente humillado por Pesántez.

Paco Velasco aseguró que las investigaciones sobre otras posibles irregularidades en la Fiscalía seguirán y que la Asamblea reconocerá públicamente las investigaciones realizadas por la prensa, “revelaciones como la de diario EL COMERCIO que denunció el comodato firmado entre la Dirección Nacional de Tránsito y la Fiscalía para la entrega de vehículos que no se utilizaron para los fines específicos del contrato”.