Venezuela, Bolivia y Nicaragua, bajo la lupa de la Comisión de Derechos Humanos

El delegado de Venezuela para los Derechos Humanos, Germán Saltrón, arremetió contra la CIDH, a la que acusó de ser un instrumento de determinados sectores para desestabilizar y desacreditar al Gobierno y pidió la sustitución del secretario ejecutivo, Santiago Canton.

La relación de Venezuela con la CIDH se deterioró desde el golpe de Estado del 11 de abril de 2002 contra el presidente Hugo Chávez, ya que el país considera que el organismo, mediante su secretario ejecutivo, reconoció entonces al Gobierno de facto encabezado por el empresario Pedro Carmona.

Saltrón afirmó además que su país únicamente autorizará una visita de la CIDH si se cumplen tres condiciones: que la Comisión acepte públicamente su "error al reconocer el golpe de Estado", que se sustituya a Canton y se asigne un nuevo relator para Venezuela y que se reforme su reglamento para garantizar la transparencia, independencia y pluralidad de pensamiento.

A esta audiencia asistió un grupo de 14 estudiantes venezolanos, encabezado por Julio Rivas, que efectuó recientemente una huelga de hambre delante de la sede de la OEA en Caracas y que se reunió el viernes con Canton y el secretario general, José Miguel Insulza.

En declaraciones a los medios, Rivas acusó al Gobierno de Chávez de ser "un violador de los derechos humanos" y aseguró que se presentaron ante la CIDH para "quitar la máscara" de buena Administración al Ejecutivo de su país.

En otra audiencia sobre Venezuela, varias organizaciones denunciaron la represión del Estado venezolano contra los manifestantes y explicaron que 2.240 personas han sido sometidas a juicios penales por ejercer su derecho a la protesta.

Nicaragua tuvo que hacer frente a una denuncia similar del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH). En concreto, el CENIDH aseguró que en Nicaragua existen "fuerzas paraestatales" cuya función es reprimir las libertades de expresión y manifestación en virtud de los intereses del Gobierno.

Según Vilma Núñez, presidenta del organismo, esa actividad se lleva a cabo a través de "fuerzas de choque" que, con el consentimiento del Gobierno de Daniel Ortega, "corrompen" a la Policía Nacional para "eliminar todo rastro de disidencia en las calles".

Por su parte, el presidente del Senado boliviano, Óscar Ortiz, los senadores opositores Luis Vásquez y Roger Pinto, y el ex presidente del Tribunal Constitucional, Willman Durán, denunciaron el presunto "atropello" que se produce a los poderes legislativo y judicial en su país, así como violaciones a los derechos humanos.

En rueda de prensa, el viceministro boliviano de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, insinuó que la delegación quiere sacar provecho de la denuncia ante las próximas elecciones de diciembre, dado que tanto Ortiz como Pinto son candidatos.

En su opinión, se trata de un "intento de instrumentalización de la CIDH, de electoralización y de defender los intereses de latifundistas y separatistas".

De otro lado, el grupo Feministas en Resistencia de Honduras y el Observatorio de la Transgresión Feminista denunciaron que las mujeres hondureñas, sobre todo aquellas que se han manifestado en contra del golpe de Estado contra Manuel Zelaya han sido víctimas de actos de violencia, insultos, agresiones, despidos improcedentes, abusos sexuales y violaciones.

Desde el golpe ha habido más de 39 manifestaciones disueltas por la fuerza y a raíz de ellas ha habido entre 4.000 y 6.000 detenciones ilegales, de las que solo en los primeros días se han producido unos mil arrestos, explicó Soraya Long del Observatorio de la Transgresión Feminista.

Las organizaciones hondureñas no disponen del número de mujeres detenidas en las manifestaciones, pero sí indicaron que se han registrado más de 400 casos de violaciones a sus derechos, de los cuales solamente se han procesado 240 testimonios.

En las audiencias de hoy el periodista Horacio Verbitsky pidió que el proyecto del Gobierno argentino para suprimir el delito de injurias y calumnias comprenda los procesos civiles y no solo los penales con el objetivo de "evitar que se sigan perpetuando violaciones a la libertad de expresión".

Verbitsky señaló la necesidad de que el proyecto de ley incorpore el derecho a réplica o a rectificación de las expresiones calumniosas, algo que, afirmó, está comprendido en el derecho al honor y aún así "queda atenuado en el caso de las personas públicas".

Mientras, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile (AFDD) denunció que el poder judicial del país garantiza una "impunidad soterrada" a los responsables de los crímenes cometidos durante la dictadura militar.

Para la presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro, los familiares de las víctimas de los crímenes cometidos mientras gobernó la junta militar presidida por Augusto Pinochet (1973-1990) han visto avanzar a las autoridades del país "en temas simbólicos y de memoria", pero "no en los más importantes: el enjuiciamiento y la cárcel para los culpables".